Asambleísta por Pichincha. Distrito Centro Sur, miembro de la comisión especializada de Gobiernos autónomos descentralización, competencias y organización territorial.
En su trayectoria de activismo y servicio social se encuentran la dirigencia estudiantil Universitaria y Politécnica de Quito y el Ecuador, Deporte barrial de Quito, Ecuador y Bolivariano, movimiento cooperativo y de economía solidaria.
Es gestor y promotor de empresas asociativas de economía solidaria y ha trabajado en proyectos de desarrollo comunitario integral impulsando la utilización proporcional de competencias racionales, emocionales, creativas y operativas.
Realizó los estudios superiores en la Escuela Politecnica Nacional, cursos de formación y capacitación en la Universidad Andina Simón Bolivar, Politécnica Salesiana, UTPL, FLACSO, Academia internacional de Cibernética Social, Escuela de la Secretaría Latinoamericana de Hábitat y Vivienda, INDER, IND Venezuela, Corporación Cooperativa Mondragón entre otras instituciones del país y del exterior.
Su compromiso es con la coherencia entre el pensar, sentir y hacer en el servicio a la comunidad en el objetivo de derrotar la pobreza.
Es un hecho, por todos reconocido, que el presupuesto es un instrumento técnico-político, que demuestra la visión, misión, objetivos, principios y valores de toda organización empresarial, social o del gobierno.
La formulación del Presupuesto General del Estado es, por tanto, un acto de coherencia entre lo que piensa, dice y hace el Gobierno; en la forma como se generan los ingresos y las prioridades que se dan a los egresos.
Hablar de un Estado de “bienestar, de erradicar la pobreza, de velar por los derechos de todos” y en el presupuesto asignar para inversión social lo mínimo posible, reducir el “gasto” público en salud, educación, seguridad -como se hacía antes del gobierno de la Revolución Ciudadana- es pura palabrería y engaño.
Respecto al primer debate del COA (Código Orgánico Ambiental) me permito exponer algunos criterios, conceptos y planteamientos sobre la materia surgidos desde varias organizaciones populares de Quito y particularmente del sur de la ciudad a partir de la experiencia en la recuperación de las quebradas Ortega y el Carmen en Quitumbe en 1997
