POLÍTICA TRIBUTARIA, DESARROLLO Y SALUD – CRITERIO DE LA ASAMBLEÍSTA BETTY CARRILLO

Lunes, 11 de abril del 2016 - 17:31 Imprimir

POLÍTICA TRIBUTARIA, DESARROLLO  Y  SALUD

CRITERIOS SOBRE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANZAS

Cuando enfrentamos en una época difícil en la economía,  es necesario realizar una reforma impositiva  que lógicamente  forma de parte de la potestad  de todo gobierno  en tanto los tributos que pagan los ciudadanos sustentan las necesidades colectivas, constituyen la manifestación tangible de  un empeño conjunto para solventar al Estado, a las instituciones públicas, a los planes proyectos y programas que se encuentran a servicio de la ciudadanía.

En nuestro país dentro de los cambios estructurales que se  tuvieron  que realizar para ir cumpliendo la aspiración de una patria nueva estuvo  la implementación de una cultura tributaria basada en la eficacia y la trasparencia  que antes no teníamos,  porque la realidad que teníamos (y quizá aún tenemos) son  empresas que no cumplían ni con sus obligaciones laborales menos aun las de contribución al fisco, donde existían empresarios que se proclamaban “generadores de empleo” pero eran en realidad los conservadores y los impulsores de un empleo precario, no de un trabajo digno de realización para el ser humano, donde teníamos  ( y aún tenemos) un sector empresarial “generador de riqueza”, pero que en realidad eran acaparadores de la misma y   olvidaban muy a menudo  que la riqueza no la genera el que acumula el capital, sino que la genera quien trabaja y lo hace para otro que solo vive de ella, porque aun somos un país que concentra la renta en pocas manos.

Según una investigación efectuada en el año 2014 por el Servicio de Rentas Internas (SRI), actualmente en el país operan 118 Grupos Económicos –entendiéndose por éstos al conjunto de empresas de propiedad de un mismo “clan” burgués- pero son 16 los que concentran los negocios y el mercado. De esta investigación se desprende además que entre 2010 y 2014, estos grupos económicos en su totalidad pagaron por 4.387 millones de dólares Impuesto a la Renta (IR), que apenas representa el 2,16% en relación a sus ingresos totales, y el 1% en relación al PIB, mal se podría decir que la reformas tributarias representan una afectación grave a los ingresos de este grupo, en tanto que no realizar las reformas  conlleva una pérdida de liquidez para la economía nacional en su conjunto y no sólo para el gobierno como se ha pretendido hacer creer.

Y son esas manos que creen que el poder económico equivale a convicción ideológica las que se escandalizan cuando el país demanda de ellos una contribución y   reclaman que existan posibilidades de inversión  aun cuando ellos mismo saben  que han invertido muy poco en el país   y que no se diga que es porque el Estado no ha generado condiciones para la inversión porque si lo ha hecho y porque a pesar de ello de generar condiciones de vialidad, de apoyo a la matriz productiva nacional, de salvaguardias para la industria nacional, de control del poder de mercado,  de fomento al conocimiento, el sector privado mantuvo bajos índices de inversión de capital en el Ecuador y no conformes con ello se encargaron de azuzar los cuestionamientos a la inversión estatal  en educación, salud, inclusión social, en la construcción de puentes, carreteras, hospitales y escuelas.

Y no se trata de una medida aislada  dentro de los esfuerzos gubernamentales para proteger el sistema económico actual, tampoco lo es en materia de generación de hábitos de consumo mas saludable, es mas se trata de una ley que ratifica las claves de la línea política de la revolución ciudadana             que son (1) Que los impuestos recaigan sobre quienes concentran más recursos  (2) que esos ingresos generen igualdad de oportunidades; (3) que los mercados sean gobernados en función de objetivos sociales, en los que el ser humano está sobre el capital; y (4) que haya una adecuada acumulación del acervo social público y privado.

Son estas líneas de acción las que han orientado nuestra política y debemos estar orgullosos de ello, en estos momentos la claridad ideológica nos da legitimidad en nuestras acciones, por ello resulta increíble que aun cuando afrontamos un período difícil en la economía, en el que es necesario una reforma tributaria, se reproche que el costo de la misma recaiga en bienes cuyo consumo resulta perjudicial al bienestar de los Ecuatorianos e implica importantes erogaciones para el sistema de salud pública.

ANALICEMOS LOS HECHOS:

A nivel regional Ecuador, Colombia y Argentina lideran el consumo de tabaco entre los adolescentes, nuestro país en primer lugar  un 31,2% de varones y un 26,1% de mujeres que fuman, seguido de Colombia, donde encienden un cigarrillo el 27% de los chicos y un 27,8% de las chicas. 

Además, el estudio regional “Niños en la mira de la industria tabacalera”, publicado por la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, denuncia las agresivas estrategias de la industria tabacalera en 14 países de América Latina para atraer a niños y adolescentes al consumo de tabaco, a través de la publicidad y exhibición de sus productos en los puntos de venta.

En Ecuador según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), los hogares ecuatorianos gastan en promedio mensual USD 10.44 en tabacos. El 14,5% de los adolescentes en el país ha fumado alguna vez, estos jóvenes empiezan a fumar a los ocho o nueve años en un 4,6% los chicos y 1,7% las chicas, indica el estudio. 

En 2013, la última encuesta mundial del tabaco en adolescentes señaló que el consumo inicia entre los 11 y 12 años con tendencia a que los fumadores sean cada vez más jóvenes. 

¿Acaso la política tributaria no debe estar integrada también con la política pública en salud? Con un esfuerzo consistente de reducir el consumo del tabaco y de las bebidas alcohólicas, sobre todo considerando el impacto que puede tener socialmente entre nuestros niños y adolescentes?

Hay que tomar también en cuenta que los diferentes tipos de impuestos recaudados por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, permite cubrir los costos sociales que representan todos los gastos realizados por los consumidores o compradores compulsivos de tabaco, muchas veces esas recaudaciones en vez de contribuir a obras e inversiones en el país, representan costos-gastos en salud pública para los mismos consumidores de este producto.

A partir de la experiencia previa de la  Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, podemos concluir que: los  impuestos incorporados al tabaco y sus derivados salvan vidas. Los jóvenes y las personas con ingresos bajos son mucho más sensibles al precio de los bienes que las personas con ingresos altos. El incremento de los impuestos al tabaco puede ayudar a motivar a los grupos con bajos ingresos a reducir o dejar de consumir por completo el tabaco y reasignar su dinero en prioridades básicas para la alimentación y salud. Los mayores impuestos al tabaco aumentan los ingresos públicos. Al mismo tiempo estos ingresos servirán para invertir en la salud pública y estos son aspectos que no podemos dejar de lado.

Para quienes tengan ese concepto empobrecido de la libertad, según el cual la misma se afecta si existe un costo adicional a ciertos productos, que se interfiere con la autonomía de la voluntad de los consumidores deciden libremente si comprar o no un producto luego de sopesar los costos y beneficios que éste les trae, debemos recordarles que el tabaco en particular es un  producto de consumo diferente pues:

1.     Es altamente adictivo

2.     La mayor parte de consumidores no esta consciente que corren peligro su salud y vida.

3.     Generalmente el consumo inicia desde la niñez y la adolescencia, cuando no se puede entender plenamente los riesgos por adicción y los costos del consumo.

4.     Algunos costos del tabaquismo los asumen los no consumidores o los sistemas de salud pública – no el propio consumidor; por lo tanto, éste no se siente presionado a dejar el consumo.

Ahora que estamos proponiendo un impuesto que ciertamente no será suficiente para desestimular el consumo en la medida que se requiere, es preciso analizar también que la industria tabacalera tiene  costos que aun sin la reforma termina pagando la sociedad en su conjunto los costos del tabaco los paga  el consumidor que compra el producto: IVA, ICE, pero también su familia, especialmente los niños: costos médicos, limpieza, discapacidad, entre otros.

Los costos del tabaco los pagan también los fumadores pasivos (costos médicos, incapacidades, otros) y el Estado: Pérdida de capital humano, servicios médicos, limpieza, control de incendios, seguridad social, y el propio sector empresarial cuando debe enfrentar el ausentismo, discapacidad y fallecimiento precoz que obliga a la sustitución.

De igual forma, en relación al consumo de las bebidas azucaradas, son los jóvenes entre quince y 19 años quienes son el mayor grupo de consumidores de estas bebidas, El 84% de los jóvenes entre estas edades reconoce que consume bebidas azucaradas (gaseosas o bebidas energizantes, o jugos procesados), según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut-Ecu  2011 – 2013).

Varios estudios demuestran que el consumo de bebidas azucaradas tiene efectos negativos para la salud entre las que se incluyen, obesidad, hipertensión arterial diabetes y aumento del riesgo cardiovascular, por lo que es necesaria la implementación de políticas que ayuden a disminuir su consumo y reducir la carga de enfermedad.

Aun con plena conciencia de que el consumo de bebidas gaseosas puede resultar perjudicial para la salud obedece a razones publicitarias creando la necesidad de consumir el producto en grandes cantidades, pese a la resistencia que inicialmente genera consumir bebidas más saludables,  encuestas realizadas a consumidores revelan que la primera y segunda opción para sustituir a la Coca Cola son el agua y el jugo, que por su procedencia natural son mucho más saludables  para el consumo humano y resulta menos costoso que las gaseosas.

Son normas que desde la política tributaria tienen impacto también en las política públicas de salud, y son un ejemplo además de la forma como la oposición en un proyecto de ley no analiza su contenido sino su proponente y en consecuencia muestra su rechazo a priori, sin considerar el indiscutible beneficio que una medida de este tipo puede representar para la salud, el bienestar la vida de la población. 

Betty Carrillo
Asambleísta por Tungurahua Alianza PAIS

Betty Carrillo, Mujer de izquierda, enamorada de la libertad y la justicia social. Decidida a ser participe del cambio positivo en la historia del Ecuador, Actual Asambleísta por la Provincia de Tungurahua, na..

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