REDACCIÓN EXPRESO - 6.09.17
Poco futuro. El juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh no parece que vaya a pasar de las curules de la oposición.
El oficialismo blindará la interpelación al titular del organismo de Justicia. Así lo indicaron a EXPRESO, los legisladores de la bancada de Alianza PAIS (AP).
Ayer, el bloque de CREO y el Bloque de Integración Nacional anunciaron en una rueda de prensa que pedirán el inicio de interpelación a Jalkh, por incumplimiento de funciones.
Esteban Bernal, de CREO, explicó que el presidente de la Judicatura es responsable de no vigilar ni transparentar la independencia de justicia. “La injerencia y la presión en los fallos judiciales fueron un secreto a voces, hoy las pruebas son flagrantes”, agregó.
Manifestó que presentarán los expedientes de los procesos de destitución de jueces que denunciaron presiones políticas en sus resoluciones. “96 jueces fueron despedidos de sus cargos en 2013 bajo la figura de error inexcusable”, recalcó Bernal.
Además, esgrimen otra prueba: los emails entre el expresidente de la República Rafael Correa y los miembros del Consejo de la Judicatura para influir en sus decisiones y colocar supuestamente a jueces afines al régimen.
Raúl Tello, independiente e integrante del bloque de Integración Nacional, dijo a este Diario que es necesario revisar el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia.
Él subrayó que existen irregularidades en ese concurso. Por ejemplo, a Raúl Ilaquiche, abogado, concursante y esposo de la exasambleísta Lourdes Tibán, no le calificaron los puntos de experiencia.
También mencionó a Lucy Blacio, exjueza de la Corte Nacional de Justicia y actual viceministra de Justicia. Ella procesó a Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio por haber denunciado casos de corrupción en el Gobierno de Correa. “Nos han llegado muchas denuncias de las provincias donde Justicia no ha actuado con probidad”, advirtió.
Ambos presentarán la solicitud de juicio la próxima semana y conseguirán más de las 35 firmas necesarias para ello. Incluso, algunas podrían ser del propio PAIS, dijo Bernal.
Para César Rohon, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, las denuncias son muy graves y los emails evidencian la “metida de mano en la Justicia”.
Pero el mayor escollo será el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que tiene una mayoría de PAIS.
CMP - REDACCIÓN EXPRESO
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