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Fiscalización dará seguimiento a caso de trabajadores de la hacienda La Clementina

Jueves, 12 de mayo del 2016 - 10:05 Imprimir

Todo el respaldo es lo que ofreció la Comisión de Fiscalización de la Asamblea a los ex trabajadores y hoy propietarios de la hacienda la Clementina, cuyos representantes acudieron a esa mesa para exponer sus preocupaciones en el ámbito laboral y de producción. Asistieron también el ministro de la Producción, Vinicio Alvarado y el delegado del ministro de Trabajo, José Gálvez, para responder sobre las acciones que han emprendido estas dos carteras en estos temas.

Como se recuerda, el Servicio de Rentas Internas (SRI) incautó la Clementina, ubicada en la provincia de Los Ríos, al ex propietario Álvaro Noboa, por una deuda que se habría generado  por falta de pago de Impuesto a la Renta del 2005. Una vez ejecutada la operación pasó a propiedad de más de 1.800 trabajadores, quienes realizaron un crédito a la Corporación Financiera Nacional (CFN) por 78 millones de dólares para adquirirla. “Este préstamo fue del 100% del predio”, confirmó el administrador de la propiedad, Rafael Altamirano, quien también asistió a la comisión.

Ante la falta de pago, por parte de su antiguo propietario, de algunas liquidaciones laborales pendientes como desahucio, vacaciones y jubilaciones patronales, José Muñoz, representante de la Cooperativa de Producción y Comercialización La Clementina Trabajadores-Propietarios (COOPROCLEM), comentó que están reclamando no solo los derechos de los trabajadores, sino la estabilidad de más de 15 mil habitantes. “Pedimos que las autoridades se junten para trabajar en conjunto y definir los canales que se deben seguir, para garantizar esos pagos. Si trabajamos de la mano le ganamos la carrera a este señor (Álvaro Noboa ex dueño de la Clementina)”, enfatizó.

Efectivamente, el representante del Ministro del Trabajo comentó que las liquidaciones, que suman más de 4 millones de dólares, no se han podido ejecutar porque el ex propietario de la Clementina ha interpuesto algunas acciones de protección, dos de las cuales las ha ganado esta cartera de Estado y otra está en proceso. Explicó que, después de realizar algunas operaciones, la exigibilidad de pago se realizó en noviembre del 2015 y al no hacerlos se embargaron algunas cuentas bancarias por 650 mil dólares y se ordenó la enajenación de 64 bienes inmuebles que con su venta se asegura el pago de los haberes adeudados.

No obstante, por orden del juez que conoce la causa el acceso a estas cuentas y bienes está suspendido, por lo que el ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta, envió un escrito al Consejo Nacional de la Judicatura donde solicita informar las razones por las que el juez tomó esta decisión y se presentó una queja por errores inexcusables, aclaró Gálvez.

El ministro de la Producción, Vinicio Alvarado, acotó que esta cartera de Estado es representante directa del fideicomiso, que se creó para precautelar los bienes y garantizar los flujos. Estamos para defender el pago para que el Estado pueda resarcirse de este bien que ha sido entregado a los trabajadores. Contó que se han realizado algunas medidas entre ellas,redimensionar la deuda, tratar que los bienes que no están relacionados directamente al quehacer productivo puedan ser devueltos al Estado, añadió.

Así mismo, dijo que se está trabajando para arreglar los problemas en relación con el IESS y para que Ministerio de Trabajo tenga una firme posición para defender los intereses de los trabadores. “Ratificamos el firme afán de estar todos los días atentos para unir todos nuestros esfuerzos para sacar adelante el proyecto”, señaló.

Rafael Altamirano, administrador de la Clementina, manifestó que la principal limitante que tienen para hacer créditos y aumentar su producción es que el 100% de las 11 mil hectáreas de la hacienda están como garantía para el crédito con la CFN. “En este año hemos invertido recursos de nuestro flujo operativo porque necesitamos mejorar la producción”, sostuvo, tras indicar que en el 2013 la hacienda producía 1.900 cajas de banano por hectárea y en el 2016 se espera alcanzar las 2.400.

Los legisladores pedirán a las autoridades pertinentes un informe detallado del costo de producción, utilidades, obligaciones laborales, obligaciones crediticias y el avance legal, para continuar la investigación y convocar a las entidades correspondientes.

LM/pv

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