Oficina:
Sígueme en
Contáctame 
Integrantes de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado continuaron con el tratamiento del Proyecto de Reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Escucharon al Colectivo de Taitas Extranjeros por la Coparentalidad, así como al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, y otros grupos, quienes coincidieron en la necesidad de garantizar, en todo momento, los derechos de los menores de edad.
El representante de los abogados, tras objetar la exigencia de rendición de cuentas y presentación de facturas a las madres sobre las pensiones alimenticias, expuso que una ley rige para lo general, debe contemplar aspectos de mayoría y no se puede diseñar en base de excepciones y de segmentos minoritarios. Si se detecta un caso irregular, el juez tendría que intervenir y tomar correctivos, pero ese punto no debe ser parte de una propuesta legal.
Con datos del Consejo de la Judicatura, señaló que en el país existen más de 600 mil alimentantes, de los cuales 470 mil 294 están en mora de dos o más pensiones y a 800 personas se les dictó apremio personal. Entonces, aquí urge establecer el mecanismo idóneo para que los padres cumplan esa obligación para el bienestar del niño.
Estudios internacionales
Sobre la base de estudios a nivel mundial, Aníbal Riofrío, de la Sociedad de Psiquiatría del Ecuador, indicó que la coparentalidad, en igual proporción, es una variable a considerar en la buena salud del menor de edad y si existe un tipo de tenencia compartida el menor resultará con una salud mental favorable: “debe ser prioritario comprometer a los padres hombres en la coparentalidad para el adecuado desarrollo de los niños”, enfatizó.
Para Jéssica Jaramillo, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, en la ley debe constar la prohibición del régimen de custodia compartida en casos de violencia machista, de género y psicológica, más aún cuando, en lo que va del 2017, hay 86 femicidios producto de celos, de la condición de poder de la pareja y de odio a las mujeres.
Citó que en el Ecuador cada año se registran 200 embarazos por violación, que es un delito, por lo que no se podría otorgar tenencia compartida a un perpetrador de ese tipo de actos. Es más, “niñas de 11, 12, 13 y 14 años están embarazadas, en su mayoría, como resultado de una violación, siendo penoso ver a niñas de 14 años plantear juicios de alimentos a su agresor, situación que es fundamental tomar en cuenta en la normativa”, añadió.
Federico Lúber y Luis Soler, del Colectivo Taitas Extranjeros por la Coparentalidad, hablaron de la necesidad de que el juez escuche los fundamentos de los padres y que la tenencia sea consensuada, al sugerir que se revise el tema de arraigo, sobre todo cuando el progenitor cumple con el pago de las pensiones y otras exigencias legales. Exhortaron a promover la igualdad y eliminar las estigmatizaciones de género, la igualdad de responsabilidad y de obligaciones de la pareja.
