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Comisión de J
usticia conoció dos proyectos de ley de anticorrupción se trata del proyecto de Ley Orgánica “Gobiernos de Honestos” y de una reforma para prevenir y combatir la corrupción en el sector público, presentados por los asambleístas Wilma Andrade y Juan Lloret, respectivamente. Las propuestas están encaminadas a contribuir al mejoramiento de la administración de fondos públicos y frenar el abuso de poder desde las diferentes esferas de las instituciones estatales.
Wilma Andrade propone reformar la Ley de la Contraloría General del Estado, a fin de lograr que la justicia en todos sus campos sea oportuna, rápida y eficaz, así como prevenir y condenar los actos de corrupción perpetrados por funcionarios públicos, a través de reformas al Código Integral Penal (COIP). Esto permitirá sancionar con la pérdida de los derechos de participación de por vida a los sentenciados por delitos contra la administración pública.
También sienta un precedente de sanción social para aquellas personas que han sido sentenciadas por delitos de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y testaferrismo. Para ello, propone crear el Registro Único de Inhabilitados Permanentes para el Ejercicio de Cargos Públicos, lo que imposibilita el ejercicio de cargos públicos, el pertenecer o representar a organizaciones políticas, ser elegidos, contratar con el Estado y quienes consten en este registro sean privados de sus derechos de participación.
Mientras, Juan Cristóbal Lloret plantea reformar la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública para que se incluya dentro de las personas que no podrán celebrar contratos con las Entidades Contratantes a los dignatarios y funcionarios destituidos mediante enjuciamiento político por la Asamblea Nacional, así como a sus cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente reconocida, incluyendo a las personas jurídicas con las que estos mantengan vínculos societarios directos o indirectos.
De igual forma, a los dignatarios y funcionarios removidos por los consejos de los distintos niveles de gobiernos autónomos seccionales descentralizados, y las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado.
Su proyecto también reforma el Código de Organización Territorial (Cootad) y el Código Integral Penal, este último, para establecer la disolución de la persona jurídica y liquidación de su patrimonio por delitos de peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias.
