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Los asambleístas Wilma Andrade Muñoz (ID) y Juan Cristóbal Lloret (PAIS) acudieron a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con el propósito de exponer sus propuestas de reforma legal con miras a prevenir y sancionar la corrupción.
Wilma Andrade Muñoz explicó que su proyecto denominado Ley Orgánica de Gobiernos Honestos será una herramienta adecuada para devolverle la ética, la honestidad y la decencia a la política. Se trata de reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de la Contraloría General del Estado, a la Ley de Servicio Público, a la Ley de Contratación Pública y al Código de la Democracia, entre otros, para establecer normas claras que prohíban de por vida ejercer cargos públicos y contratar con el Estado a quienes hayan incurrido en actos de corrupción y hayan sido sentenciados por delitos como peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias o testaferrismo.
Recordó que, por ejemplo, alguien podría recibir una sentencia por alguna de las figuras delictivas antes señaladas y, luego de algún tiempo, aparecer de nuevo como candidato a una dignidad de elección popular o como aportante a un partido político. Para evitar estas prácticas propone que se elabore un listado de personas inhabilitadas para el ejercicio público, en el cual constarán todos quienes hayan recibido sentencias ejecutoriadas por delitos contra la Administración Pública.
Hay que limitar ciertos derechos políticos
Juan Cristóbal Lloret, al presentar su proyecto de Ley para Prevenir y Combatir la Corrupción en el Sector Público, subrayó que para cumplir este objetivo es necesario limitar el ejercicio de ciertos derechos, como en el ámbito político para las personas que han sido sentenciadas por actos de corrupción. En este caso, sería la inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos.
Su proyecto reforma el Código Integral Penal, el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), la Ley de Contratación Pública, entre otras normativas. Se fortalece la atribución de la Asamblea Nacional para fiscalizar, al igual en el caso de los concejos cantonales y consejos provinciales, de manera que una vez dispuesta la destitución de un funcionario mediante juicio político -en caso del Legislativo- se sancione con la inhabilitación para el ejercicio de otra función pública.
Recordó que su propuesta fue anterior al planteamiento de consulta y referendo por parte del Ejecutivo. Sin embargo, más allá de lo que resuelva el soberano en las urnas, es necesario que la Asamblea Nacional avance en el análisis de estas iniciativas encaminadas a combatir eficazmente la corrupción.
De su lado, el presidente encargado de la Comisión, Franklin Samaniego, anticipó que este organismo hará un estudio exhaustivo de las propuestas que se han presentado en materia de lucha contra la corrupción.
