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De conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en la sesión 117, en modalidad virtual, con nueve votos afirmativos, eligió como su nuevo presidente al asambleísta nacional José Serrano Salgado, en reemplazo de Ximena Peña Pacheco, acogiendo la moción de la parlamentaria Rosa Orellana.
Además, la mesa principalizó a Carlos Ortega Álvarez, representante de los migrantes ecuatorianos de la circunscripción por Estados Unidos de Norte América y Canadá.
Mejorar la calidad de vida de la gente
José Serrano, tras agradecer a los comisionados, anunció que el trabajo, en lo que queda del período, se orientará a procesar todos los temas de legislación y fiscalización, con el propósito de contribuir a mejorar la condiciones de vida de los ciudadanos.
Llamó a unificar esfuerzos para superar el estado de crisis en materia de salud, social, económica y polltica que afecta al país, al igual que la corrupción. Incluso, se refirió a la persecución política que se registra en varias instancias.
Gestión productiva
Entre tanto, Carlos Ortega, reconoció que la Comisión de Justicia es una de las más productivas de la Asamblea, por lo que se comprometió a consolidar la tarea, a través del tratamiento de proyectos en beneficio del pueblo, a fin de responder a los mandantes.
La mesa está integrada por José Serrano, presidente; Kharla Chávez, vicepresidenta; Henry Cucalón, Esteban Torres, Lourdes Cuesta, Elio Peña, Rodrigo Collaguazo, Rosa Orellana, Héctor Muñoz, Franklin Samaniego, Karla Cadena y Carlos Ortega.
MG/cz
Previo a la definición del informe para segundo debate de las reformas al Código de la Función Judicial, la Comisión de Justicia prosiguió con la revisión del borrador del articulado, tomando en cuenta las observaciones formuladas por legisladores, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, entre otros. La implementación de unidades especiales para sancionar delitos de corrupción fue el tema de intensa discusión.
Justamente, los asambleístas Lourdes Cuesta, Kharla Chávez, Héctor Muñoz y Karla Cadena señalaron la necesidad de profundizar la discusión de crear juzgados anticorrupción, tomando en cuenta el impacto económico que eso generaría, más aún cuando el país atraviesa una severa crisis. Se pronunciaron, más bien, porque los jueces penales actuales entren en un proceso de especialización en delitos específicos, garantizando transparencia en las actuaciones.
No se puede legislar sobre temas coyunturales, precisaron. En esa línea, Elio Peña opinó que cambiar de membrete a una sala no es la solución, pues necesitamos jueces y fiscales con una actitud de verdadera decisión de combate a la corrupción, enfatizó.
Propuesta de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura, a través de Santiago Peñaherrera, expuso que la carga procesal que tendrían unas unidades especializadas en corrupción sería mínima, por lo que no se justificaría dicha creación para un solo ámbito. Sugirió que la unidad aborde la corrupción y crimen organizado, dado que son temas correlacionados y que van de la mano, además que la competencia en razón del territorio debe ser distrital y que se pueda activar un solo distrito con competencia nacional.
Al respecto, la asambleísta Rosa Orellana manifestó que la idea es innovadora, interesante y oportuna, de acuerdo a las circunstancias. Estas salas tratarían de forma especializada, adecuada y expedita este tipo de delitos, siempre que existan posibilidades de financiamiento, dijo.
El planteamiento de la Judicatura no tuvo eco en los comisionados.
Estadísticas
Ximena Peña, presidenta de la mesa, recordó que en primer debate se estableció, en base de la iniciativa del Ejecutivo, la creación de jueces especializados en delitos anticorrupción, tras solicitar al Consejo de la Judicatura remita la documentación de estadísticas sobre las cargas procesales en delitos de corrupción y violencia organizada, a fin de, con mayores elementos, tomar la decisión pertinente, en función del interés nacional.
Integración de la Corte de Justicia
El texto respecto a la Corte Nacional de Justicia no tuvo observaciones, el cual dispone que el organismo estará integrado por veintiún jueces, quienes se organizarán en salas especializadas. Serán designados previo concurso de oposición y méritos, con impugnación y control social dirigido por la Judicatura para un periodo de nueve años, garantizando paridad entre mujeres y hombres. No podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años.
Defensoría Pública
De igual manera, pasó lo relativo a que la Defensoría Pública es responsable del servicio de asistencia legal gratuita y patrocinio para las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos, recogiendo el espíritu de la Constitución.
El servicio lo prestará a través de defensores públicos asignados a una determinada circunscripción territorial, garantizando a las personas el pleno e igual acceso a la justicia y la promoción de la cultura de paz. Los Consultorios Jurídicos Gratuitos forman parte de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública.
Renuncia
Desde la Judicatura se planteó que en el término de 15 días se pueda resolver una renuncia irrevocable de un servidor judicial, homologando con el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público.
Alternativa
En cuanto a los de tribunales fijos o móviles, la mesa, en coordinación con la Judicatura, trabajará en una alternativa, que permitiría que los jueces sean fijos pero no permanentes.
La revisión de texto de reformas al Código de la Función Judicial continuará este viernes 31 de julio.
MG/cz
El Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, compuesto por la unificación de los Proyectos presentados por los Asambleístas Hector Muñoz y Juan Lloret, continua su tratamiento en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
Luego de concluir la primera etapa de socialización, la Comisión de Justicia se encuentra procesando las observaciones presentadas previo a la eleboración del Informe para Primer debate.
Conoce la información completa del Proyecto en esta publicación.
Conoce los aportes y obseraciones para su tratamiento, presentadas en las sesiones de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
Por unanimidad, 12 votos afirmativos, la Comisión de Justicia aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que contiene 43 artículos, una disposición general única, tres disposiciones reformatorias, cuatro disposiciones transitorias y una disposición final.
El documento aborda temas respecto a reglas para los concursos de oposición y méritos, medidas de acción afirmativa, Escuela de la Función Judicial, procesos de evaluación y categorización, desarrollo de los programas de formación, capacitación continua y especialización, evaluación de desempeño y de productividad, evaluación de las jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, regulación sobre de la vacancia judicial, infracciones leves y graves, renovación parcial, causales de cesación, duración del cargo de notarios.
Evaluación
Con el objeto de la mejora continua del trabajo de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura dirigirá el proceso de evaluación del trabajo realizado por los jueces y conjueces cada tres años, el cual se regirá bajo criterios de transparencia, legitimidad de ejercicio, con indicadores cuantitativos, cualitativos y contará con veeduría ciudadana y participación de la academia.
Integración y renovación
La Corte estará integrada por veintiún jueces, quienes se organizarán en salas especializadas. Serán designados previo concurso de oposición y méritos, con impugnación y control social dirigido por la Judicatura para un periodo de nueve años, garantizando la paridad entre mujeres y hombres.
No podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años; los jueces que hayan cumplido nueve años cesarán en su cargo de forma inmediata.
En caso de cesación de una jueza o juez, por las causales previstas en la Ley, antes de cumplir nueve años en funciones, será reemplazado por la conjueza o el conjuez especializado mejor puntuado en la última evaluación dirigida por la Judicatura, quien cumplirá sus funciones hasta terminar el periodo correspondiente al del cesado.
Las servidores de la Función Judicial, cada tres años, estarán sometidos a una evaluación objetiva, individual y periódica de su rendimiento, con presencia, apoyo y control social. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán evaluados nuevamente en un lapso de tres meses. En caso de mantenerse una calificación deficiente, serán removidos.
Notarios
Los notarios permanecerán en el ejercicio de sus funciones por un período de seis años. Podrá reelegirse por una sola vez para la misma notaría quien ha cumplido con la evaluación de los estándares de rendimiento, conforme lo establezca el reglamento que para el efecto expida la Judicatura.
Una vez concluidos los dos períodos, podrá participar para un periodo más de seis años en otra notaría, previo concurso de méritos y oposición.
Fuente: Asamblea Nacional MG/cz
Informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, consta de seis ejes.
Acogiendo disposiciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Comisión de Justicia, presidida por la asambleísta Ximena Peña, en la sesión virtual 070, avocó conocimiento de propuestas para combatir el contrabando, así como reformas en materia penal orientadas a sancionar el delito de amenaza a la salud pública, infracciones que se cometen contra ciclistas y de sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario a favor de mujeres que tienen a su cargo hijos de hasta 12 años de edad. Para tal efecto, la mesa recibió a los proponentes de las iniciativas.
En primer término, Héctor Muñoz expuso los alcances de su proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías. Sostuvo que el contrabando constituye un problema de seguridad, cuyas consecuencias afectan a la sociedad en el campo económico y laboral, principalmente.
Citó que la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, estableció en el 2019, que este aspecto mueve cerca del 2 % del PIB de América Latina, lo que se traduce en 150 mil millones de dólares al año. Además, según información estadística de la SENAE, en el 2018 Ecuador perdió alrededor de 400 millones de recaudación por contrabando técnico, que se agudiza por el largo trámite burocrático en la desaduanización de la mercadería.
Dijo que la propuesta fomenta la prevención y concienciación, define mecanismos de control para la lucha contra la evasión de impuestos e incumplimiento de la ley, mediante la cooperación entre instituciones de gobierno, privadas e internacionales. Lo más importante es la integración de un comité permanente interinstitucional para la erradicación del contrabando y defraudación aduanera, agregó.
Sobre la misma temática, Juan Cristóbal Lloret argumentó la reforma a diversos cuerpos legales para combatir los Delitos contra la Administración Aduanera y fortalecer la Industria Nacional. Con este tipo de acciones, el mayor beneficiario será el Estado al mejorar sus recaudaciones, los importadores formales, los intermediarios comerciales, los productores nacionales y la sociedad. Llamó a impulsar una política nacionalista para valorar la producción ante la grave situación económica y el impacto del Covid-19.
Reformas penales
Fabricio Villamar planteó la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario a mujeres que tienen a su cargo hijos o hijas de hasta 12 años de edad y personas con discapacidad, recogiendo disposiciones de la Constitución y normas internacionales que disponen la atención del interés superior del niño.
A su vez, Marcelo Simbaña habló de fijar en el Código Penal una sanción con pena privativa de libertad de tres a cinco años a la persona que incumpla las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de un agente infeccioso, virus, bacteria o parásito; y, la misma pena a la persona que conociendo de su diagnóstico positivo sobre un agente infeccioso, deliberadamente viole los cercos epidemiológicos y demás medidas instauradas para evitar una epidemia, pandemia o similares.
Mientras, Sebastián Palacios comentó que hasta enero se registró 11 siniestros, 11 lesionados y dos fallecidos por accidentes de tránsito con bicicletas involucradas. En tal sentido, propuso que quien comete un accidente y deje en la vía a una o más personas sea sancionada con el máximo de la pena aumentada en un tercio, al recordar el caso del ciclista Felipe Endara, quien fue abandonado en la carretera y hoy sufre de perdida de la memoria, ceguera y daños neuronales permanentes.
También se pronunció por incluir como una contravención de quinta clase el hecho de que un conductor no respete la distancia lateral mínima de 1.5 metros entre ciclista y vehículo, lo que puede hacer la diferencia entre la caída, golpe y hasta la muerte.
La Comisión de Justicia decidió que se unifiquen los proyectos atinentes al contrabando y que alguno de los cambios al Código Penal, luego del estudio respectivo, podrían incorporarse al informe sobre las reformas penales en el tema tránsito.
Peticiones de amnistías e indulto
La mesa conoció, adicionalmente, 22 peticiones de amnistía y un indulto. Resolvió que el equipo técnico analice caso por caso, tomando en cuenta el informe que oportunamente presentó la anterior administración.
Fuente: Asamblea Nacional MG/c
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en Sesión Ordinaria No 060 desarrollada este miércoles 5 de febrero de 2020, aprobó por unanimidad el Plan General de Trabajo para el primer semestre del año 2020, en en cumplimiento del artículo 8 numeral 4 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional.
Sobre la base de criterios como el cumplimiento de plazos parlamentarios, la necesidad institucional, el impacto social e interés de los legisladores, la Comisión priorizó trabajar en:
Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, procesando las observaciones de los legisladores y de las distintas bancadas y sectores políticos de la Asamblea Nacional para que estas sean incorporadas al informe existente para segundo debate.
Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Reformatorio al Código Orgánico de la Función Judicial que también incorporará varios proyectos de reformas de la misma materia y que será integrado al Segundo Debate que ya cuenta con informe previo para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial.
Informe para primer y segundo debate de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública.
Proyecto de Ley de Hipoteca Revertida.
Informe para Primer Debate de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Administrativo.
Informe para Primer Debate de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Además, la agenda de la Comisión de Justicia para los siguientes seis meses busca establecer un proceso de fiscalización incorporando pedidos formales de información y convocatorias a autoridades estatales priorizando:
Fiscalización al Proceso de Selección de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional y al Sistema de Rehabilitación Social.
Seguimiento a la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la implementación de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.
El proyecto de reformas al Código de la Democracia irá directamente al Registro Oficial para su publicación, una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador, en la sesión 652, resolvió el correspondiente veto parcial.
Sobre la base del informe no vinculante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el Parlamento, de un total de 18 objeciones, se ratificó en 10 observaciones y allanó en ocho. Lo más importante es que se desechó toda posibilidad de eliminar las circunscripciones electorales, considerando que esta herramienta ha servido para que los sectores rural y urbano tengan activa representación en la Asamblea Nacional, y los gobiernos autónomos descentralizados municipales, provinciales y parroquiales.
Los ejes centrales de la propuesta se refieren a temas como organizaciones políticas, financiamiento y control del gasto electoral, candidaturas, escrutinios, procesos en el exterior, justicia electoral, fondo partidario y promoción electoral, paridad, sistema y registro electoral, debates obligatorios.
La vigencia y aplicación de la norma constituye una oportunidad histórica para que las mujeres, jóvenes, así como los pueblos y nacionalidades indígenas se involucren en la vida política del país y, como tal, intervengan en los espacios de toma de decisiones y contribuyan en la transformación de la sociedad ecuatoriana. Para tal efecto, los partidos y movimientos políticos tienen que abrir espacios a la democratización de cuadros, inclusión y criterios de interculturalidad.
Debate
La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, explicó que las reformas al Código se construyeron con la sociedad civil, organizaciones políticas y autoridades. De las más de 180 disposiciones, se observaron solo 18, lo cual demuestra que el trabajo fue responsable, añadió.
Los parlamentarios consideraron que la reforma presenta cambios en contra de la impunidad y vela por la pureza del sufragio y la libertad electoral. Así también, concordaron que las modificaciones fortalecen la democracia y se establecen reglas claras para los nuevos comicios electorales.
Estuvieron de acuerdo en que la reforma podría verse empañada por la pretensión del Ejecutivo de vetar el artículo 150 referente a las circunscripciones electorales. Explicaron que según la Constitución no es posible objetar una norma que no fue aprobada por la Asamblea Nacional o no contemplada en el proyecto.
Paridad de género
La normativa establece que en el 2021 el porcentaje de mujeres que encabezarán las listas será del 15 %. Para 2025 se espera alcanzar el 50 %.
Método
Se reemplaza el método D’Hont por Webster para la asignación de escaños, lo que posibilitará una equitativa y proporcional representación de las minorías en sufragios.
Control
Se fortalecen los sistemas de control del gasto electoral y financiamiento de las campañas, a fin de garantizar procesos democráticos transparentes y libres de corrupción.
Para el control del gasto se propone un sistema informático que permita una coordinación con Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Licencia
Las autoridades de elección popular tienen la obligación de pedir licencia sin sueldo para optar por una reelección, desde el inicio de la campaña.
Debates
También, la normativa determina la obligatoriedad de la realización de debates, a través de los medios de comunicación, bajo la organización del Consejo Nacional Electoral, de los candidatos presidenciales, vicepresidenciales, alcaldes y prefectos, como instrumento para que la ciudadanía conozca de sus planes y programas de gestión, con lo que podrá asumir un voto más responsable.
MG/SV/cz
Con la presencia de la máxima autoridad de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre y los titulares de las salas especializadas del organismo, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado profundizó el debate de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.
En esta ocasión, se pasó revista a temas como las figuras del error judicial, la doble instancia, manifiesta negligencia, vacancia judicial, sin dejar de lado el proceso de evaluación de jueces.
Paulina Aguirre pidió clarificar, dentro del principio de doble instancia, si el derecho a recurrir es para el caso de sentencia o de autos interlocutorios que resuelven sobre derechos de las partes, ya que al referirse a providencias judiciales podría entenderse que toda actuación judicial es recurrible, lo que se contrapone con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Orgánico General de Procesos (Cogep).
Fernando Cohn, presidente de la Sala Contencioso Tributaria, argumentó si se mantiene el criterio de que el doble conforme es necesario en todas las materias, incluyendo la administrativa y tributaria, se debe verificar que esto no sacrifique los conceptos de celeridad y eficiencia en la administración de justicia.
Preocupaciones
Los comisionados destacaron lo apremiante que es regresar a la aplicación de la vacancia judicial, al respaldar que la negligencia manifiesta sea resuelta por un juez, que tenga carácter judicial y no responda a una discreción administrativa.
El asambleísta Henry Cucalón dijo que la evaluación de jueces se ha convertido en una especie de choque de trenes con la Judicatura, lo que ha llegado incluso a conocimiento de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Preocupa la institucionalidad y la afectación de la prestación del servicio, agregó.
La parlamentaria Lourdes Cuesta reveló el caso de Carmen Pardo, quien desde hace 30 años busca justicia; ganó una demanda de responsabilidad al Estado y la misma no se ejecuta, quedando entrampado en el sistema judicial, por lo que no se ve la celeridad en las causas, aseguró
Períodos de notarios
Posteriormente, la mesa escuchó la opinión de Jorge Machado, presidente del Colegio de Notarios de Pichincha. Expresó que hay un vacío legal para viabilizar la reelección de notarios, en cuanto a requisitos formales sin concursos, debido que no se dicta la nueva Ley Notarial.
MG/cz
