La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió a un grupo de educadoras comunitarias de Tungurahua, quienes solicitaron que se les reconozca y se haga efectivo su legítimo derecho a la Seguridad Social, al que no han tenido acceso durante décadas a tal punto que no cuentan con una jubilación.
La comisión pedirá información al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Ministerio de Educación y la sentencia dictada por la Corte Constitucional que obliga a afiliar a las educadoras comunitarias al seguro social y oportunamente invitarán a las autoridades competentes por presunta inobservancia, informó la presidenta del organismo legislativo, Marllely Vásconez.
Las educadoras comunitarias brindaban servicio de capacitación ocupacional y/o alfabetización a la comunidad, a las personas adultas y a las que no terminaron la primaria, en centros de educación artesanal, academias y colegios a distancia. En 1996, se oficializa su propia ley y con base a ello iniciaron el reclamo, porque no formaban parte de la carrera docente, ni del escalafón del magisterio.
La asambleísta Betty Carrillo, quien sustentó este pedido, recordó que la Corte Constitucional emitió su pronunciamiento en el sentido de que los educadores y educadoras comunitarias deben ser afiliados al IESS, que jurídicamente no son ni trabajadores, ni funcionarios públicos, pese a que tenían dependencia del Ministerio de Educación.
Indicó que este grupo personas ya de la tercera edad trabajaron por 15, 20 y 30 años sirviendo a la educación al país, por lo que es necesario que se cumpla la resolución de la Corte Constitucional, que determina que a través del Ministerio de Educación se les afilie a la seguridad social. “Ellos necesitan y requieren ser afiliados a la seguridad social para tener una jubilación digna”, dijo la legisladora al aseverar que estas personas ganaban menos del salario básico. “Este es un tema absolutamente humano, legal y sobre todo legítimo”, recalcó
Martha Caicedo, de la tercera edad, quien trabajó desde el año 1982, con 34 años de servicio, pide justicia, que se les jubile y se les asegure para tener con qué subsistir.
La presidenta de la Asociación de Educadoras Comunitarias de la provincia de Tungurahua, Esther Zurita, quien representa a las 250 educadoras de esa localidad, pidió la intervención de la comisión para que se haga efectiva la sentencia favorable de la Corte Constitucional.
La asambleísta Cristina Reyes manifestó que hay una cadena de responsabilidades de muchos gobiernos. Cómo es posible que a estas educadoras que se rigen bajo el sistema del órgano rector que es el Ministerio de Educación, no se les haya otorgado el derecho de tener estabilidad laboral y acceder a la seguridad social, cuestionó.
FUENTE: ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR/RSA/pv
