Ginebra, 23 de junio de 2016
INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS
AVANCES Y BUENAS PRÁCTICAS EN DERECHOS HUMANOS
LA EXPERIENCIA DEL PARLAMENTO ECUATORIANO
Señor Presidente, Señores Delegados:
Es un honor dirigirme a ustedes en nombre de Ecuador. Este panel representa una importante oportunidad para visibilizar buenas prácticas y desafíos en el tema que nos convoca, más aún al celebrarse el 10mo. Aniversario de este órgano.
Ciertamente son varios los desafíos que persisten tanto a nivel nacional como regional y universal en la promoción y protección de los derechos humanos, en los que están involucrados una amplia cantidad de actores y sectores, incluyendo aquellos que forman parte del poder legislativo.
En este sentido, y de manera general, cabe preguntarnos ¿cuál es el rol de los parlamentos en el cumplimento de los compromisos e instrumentos en materia de derechos humanos?
Al respecto, puedo destacar que desde 2013, España, Ecuador, Italia, Marruecos, Maldivas, Rumania, y recientemente Filipinas, ponen a consideración de este Consejo resoluciones anuales sobre éste tema, bajo las siguientes consideraciones que veo oportuno destacar:
a) Los parlamentos cumplen un rol fundamental en la implementación de recomendaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, entre ellas la adopción de leyes, la adecuación de legislación, la ratificación de tratados y normativa internacional.
b) A su vez, hay que rescatar el rol que los parlamentos cumplen en la aprobación del presupuesto y en el control del gasto público, pues la implementación de las recomendaciones en derechos humanos, que en su gran mayoría están encaminadas a mejorar la situación en el terreno, requieren de la provisión efectiva y suficiente de fondos.
Es así, que vemos con satisfacción que iniciativas como ésta que nos congrega el día de hoy, y que podrían replicarse fuera de Ginebra, promueven la transversalización y efectiva protección de los derechos humanos. Este elemento resulta aún más importante considerando el rol de los parlamentos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, para los que se deben posicionar a los derechos humanos como punto de partida y fin de todo esfuerzo conducente a su implementación.
Sin duda, son varios los temas que se han abordado desde la existencia de este Consejo, entre paneles, diálogos interactivos, informes, resoluciones, sobre temas específicos que las delegaciones estatales aquí presentes transmiten a sus respectivas capitales. Producto de ello, al momento de preparar informes, tras el ejercicio en gran parte teórico de este órgano, los resultados se ven reflejados en la ejecución por parte de los ministerios y otras instituciones nacionales involucradas, y por ende en el bienestar de la población. Posteriormente, se envía información al respecto, transmitida por medio de la Cancillería ecuatoriana.
De igual manera, la Representación ecuatoriana en Ginebra, considera los avances o desafíos legislativos para reflejarlos en la posición nacional. De esta manera, se complementa el intercambio de información entre el trabajo de este Consejo y su EPU, y el de la Asamblea ecuatoriana.
Como Asamblea, consientes de nuestro mandato legislativo, estamos pendientes de la información que se genere producto de los compromisos asumidos por Ecuador a nivel nacional e internacional, en materia de derechos humanos.
En este contexto, es un placer compartir con ustedes parte de las acciones de la Asamblea Nacional de Ecuador, vinculadas al trabajo de este Consejo, y a los esfuerzos desplegados por mi país desde hace varios años para la efectiva promoción y protección de los derechos humanos.
Ecuador tiene una Constitución joven, aprobada por el pueblo en las urnas hace apenas ocho años, y es donde se cimienta una nueva patria que prioriza la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos a través de las leyes y la política pública.
En su artículo primero la Carta Magna reconoce la interculturalidad y la plurinacionalidad del Ecuador, lo cual constituye el pleno reconocimiento de los derechos de todos los pueblos y nacionalidades que habitan el territorio, poniendo fin a décadas de vulneración de la cual eran víctimas.
El artículo tres de la Constitución, en su primer numeral, indica que uno de los deberes primordiales del Estado es “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”, mientras que el numeral 5 contempla por primera vez en la historia republicana del Ecuador el concepto de “Buen Vivir”, y la forma de alcanzarlo a través de la planificación del desarrollo nacional, la erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo sustentable, y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza.
De entre 34 países miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, solo 7 han suscrito todos los instrumentos interamericanos en esta materia, y el Ecuador es uno de ellos. Ese compromiso está plasmado en nuestra constitución. Como Estado somos coherentes con los tratados suscritos y los compromisos adquiridos a nivel internacional.
En cumplimiento de cada uno de estos aspectos, la Asamblea Nacional del Ecuador ha enfatizado la protección de los grupos más vulnerables, como son las mujeres, los niños y niñas, las personas con discapacidad, y los pueblos y nacionalidades.
En el último año, un logro social sin precedentes y con respaldo legislativo es la cobertura de jubilación del seguro social para las amas de casa, gracias a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que marca un hito en un país donde nunca antes se reconoció la labor de la trabajadora no remunerada del hogar como lo que es: un trabajo productivo que aporta a la economía familiar, a pesar de que ese aporte no cuente en roles de pago ni en libros contables. Antes de esta ley, las mujeres que dedicaban su vida y su esfuerzo al hogar se resignaban a que en su vejez debían sobrevivir de lo que voluntariamente les dieran sus familiares, sin posibilidad de acceder a una prestación estatal que les permita organizar su vida y mantener su independencia, como es la pensión jubilar. Desde el 2015 hasta este día, aproximadamente 400 mil mujeres se afiliaron, con un aporte mínimo de 2 dólares mensuales, hasta 46 dólares según el nivel de ingresos del núcleo familiar, la mujer ecuatoriana tiene una garantía para una vejez digna.
En la misma línea de protección de derechos de las minorías, en diciembre del 2015 se aprobó la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Esta garantiza el derecho a la identidad y permite por una sola vez cambiar el campo de sexo por el de género en la cédula de identidad, y con ello un nombre acorde a la identidad de la persona. Por ejemplo, durante los procesos electorales, a las mujeres transexuales se les obligaba a sufragar junto con los hombres, porque mantenían el nombre masculino en el documento de identidad, y eso pasa a ser historia con esta ley, que ha sido catalogada como un logro por varios grupos y activistas de la comunidad LGBTI, pues les permite desarrollarse socialmente sin estar expuestos a la discriminación. Este paso da respuesta a la recomendación hecha por el EPU de fortalecer el desarrollo constitucional de garantías en favor de las personas con orientación sexual diversa.
Quisiera destacar también la Ley Reformatoria al Código Civil, que reconoce la plena igualdad entre hombres y mujeres y protege los derechos de todos y cada uno de los miembros de la familia. Las normas civiles en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, familia y filiación se ajustan a la Constitución y a los Tratados y Convenios Internacionales.
El acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, se garantiza en el Código Orgánico General de Procesos, a través del cual el Estado garantiza a las personas en ningún caso quedará en indefensión, y se asegura el derecho al debido proceso que incluirá garantías básicas.
Estas leyes están en concordancia con el cumplimiento del compromiso asumido en el Examen Periódico Universal del 2012 de revisar las condiciones de las personas privadas de la libertad.
Existe otro grupo de leyes orientadas a la redistribución de los recursos y la riqueza, que priorizan a los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, y montuvios, como sujetos de derechos. Una de ellas es la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Esta norma, reconoce la adjudicación a título gratuito de los territorios que se encuentran en posesión ancestral; y el derecho a la protección y seguridad jurídica de tierras y territorios de su propiedad. Tiene por objeto normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma que deberá cumplir la función social y la función ambiental. Ese cumplimiento implica que la tierra sea productiva, ya sea para la alimentación, para el turismo, para la recreación, pero no para la especulación. Garantizar la soberanía alimentaria es uno de los objetivos de esta ley, que junto con de Recursos Hídricos que garantiza el acceso al agua y prohíbe su privatización, son consideradas como el punto de partida para lograr una verdadera revolución agraria.
Cabe destacar que la Constitución del Ecuador garantiza la participación de los pueblos y nacionalidades en la construcción de la legislación a través del mecanismo de consulta prelegislativa, contemplado en el artículo 57 del Capítulo cuarto, que hace referencia a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. De este participan las organizaciones titulares de derechos colectivos que puedan verse afectados por uno o más artículos de un cuerpo legal. Este derecho fue materia de observación por parte de Amnistía Internacional en el EPU, y actualmente cuenta con un procedimiento establecido que garantiza su cumplimiento.
Las leyes de recursos hídricos, tierras rurales y territorios ancestrales, el Código Ambiental, y el Código Ingenios, han pasado por este proceso, incorporando los aportes de miles de ciudadanos y ciudadanas de todos los sectores directamente interesados en dichas normativas.
Otro logro trascendental en nuestra legislación es la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, que da cuenta del rol que tiene el Estado en fortalecer la unidad nacional en la diversidad y la construcción del Estado plurinacional e intercultural. Esta ley concreta el marco constitucional en una norma que precisa el rol de coordinación que tienen los Consejos de Igualdad para promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto al derecho de igualdad y no discriminación de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades.
No solo los grupos vulnerables, sino todos y cada uno de los habitantes, gozan de la garantía y protección de sus derechos. Como bien sabemos, el mundo atraviesa un momento de crisis económica que tiene entre sus consecuencias la pérdida de cientos de plazas de empleo. Para garantizar que estas personas puedan seguir gozando de una vida digna aún en situación de desempleo, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, considerando que el trabajo es un derecho y un deber social. Esta ley toma en cuenta la necesidad de los jóvenes a acceder a un empleo digno y adecuado y promueve su contratación a través de la normativa.
En materia de derechos humanos, es de suma importancia destacar que por primera vez el Ecuador reconoce que el estado cometió delitos de lesa humanidad, y se expide la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurridos en el Ecuador entre el 4 de Octubre de 1983 y el 31 de Diciembre de 2008. El país marcó un antes y un después en la justicia, proponiendo por primera vez la formulación de cargos por crímenes de lesa humanidad, y llevando a juicio a diez altos mandos militares y de la Policía, por la tortura, violencia sexual y desaparición forzada que sufrieron los miembros del grupo Alfaro Vive Carajo. Este es el primer gobierno dispuesto a investigar y buscar la verdad.
Apenas la semana pasada, mi país recibió el Reconocimiento del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, que resalta los esfuerzos del estado ecuatoriano por ayudar a los refugiados. En el país existen 54.800 personas con ese estatus, el 98% de ellos son colombianos. Según el informe, en sudamérica existe una disminución de solicitudes de refugio debido a los esfuerzos de países como Ecuador que crearon políticas para lograr la integración de los refugiados colombianos, quienes cuentan con los mismos derechos que los ciudadanos ecuatorianos.
A propósito de ello, debo mencionar que está en proceso de construcción la Ley de movilidad humana, un cuerpo legal que garantizará los derechos de las personas ecuatorianas al igual que los derechos de los residentes extranjeros, por lo que se plantea que ningún ser humano puede ser considerado ilegal. El Estado también velará por los derechos de los ecuatorianos en el exterior, y procurará la prevención de la migración riesgosa, la simplificación de los servicios migratorios, un visado simplificado, el mejoramiento de normativas de documentos de viaje, entre otras reformas. Con esta Ley seríamos el primer país del mundo en tener un código de movilidad humana que garantiza derechos para todos.
En concordancia con la legislación, los convenios internacionales suscritos, y los compromisos adquiridos en el Examen Periódico Universal, el presidente de la república firmó el decreto para el cumplimiento de los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. En ese marco, el estado ha comprometido su apoyo al proyecto de etno-educación afroecuatoriana, que tiene como objetivo erradicar el racismo estructural desde las aulas escolares, incluyendo de manera positiva la historia y la cultura del pueblo afroecuatoriano en el pensum de estudios. Durante el último EPU, la mesa de trabajo expresó su preocupación por la discriminación y el racismo, especialmente contra los niños. El estado ecuatoriano es consciente de la necesidad de reforzar las políticas que favorezcan la inclusión, y desde el parlamento contribuimos con normativas orientadas a ese objetivo.
Para las legisladoras y legisladores ecuatorianos, nuestro deber no se limita a la elaboración y aprobación de las leyes. Estamos comprometidos con el seguimiento a la aplicación correcta y oportuna de las leyes y el apoyo a los grupos referidos en las mismas. Así, la Asamblea Nacional acompaña los procesos concernientes a las minorías a través de la acción de 9 Grupos Parlamentarios, enfocados en la igualdad de derechos para personas con discapacidad, mujeres, pueblos y nacionalidades, y otras minorías.
Todas estas acciones dan cuenta del compromiso del estado ecuatoriano con los derechos humanos, su garantía, protección, y cumplimiento.
Cabe resaltar que Ecuador en el marco del Segundo Examen Periódico Universal en mayo de 2012, en cumplimiento de su tradicional y férreo compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos asumió como compromiso voluntario la preparación e implementación de un sistema de información sobre los derechos humanos, llamado SIDERECHOS.
Esta herramienta que es muy útil para el trabajo de los asambleítas, se desarrolló con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras agencias a finales de 2014, tiene dos objetivos principales:
1. Compartir con el sector público y privado, sociedad civil en general, los estándares nacionales e internacionales de Derecho Humanos que se garantizan por la Constitución nacional, y las recomendaciones y compromisos voluntarios de Ecuador con la promoción y protección de los derechos humanos, incluyendo lo referente al EPU.
2. Contar con mecanismos de monitoreo de desarrollo para el seguimiento en la implementación de las recomendaciones recibidas de la comunidad internacional durante su EPU.
Todas estas acciones, entre otras, dan cuenta del compromiso de Ecuador con la transversalización de información sobre derechos humanos, en miras a su garantía.
Muchas gracias.
Quiteña de nacimiento, se licenció en la Politécnica Salesiana en Ciencias de la Educación. Posteriormente estudió Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Militan..
