Una vez más empiezan a sonar las voces que se oponen a todo lo que propone el gobierno sin saber siquiera su contenido. Ahora se trata de la Ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, también conocida como “Ley de Plusvalía”.
A puertas de una campaña electoral que desde ya se perfila sucia y sin escrúpulos, desde algunos sectores se quiere imponer la idea de que el gobierno quiere quitarle a la gente cualquier utilidad que pueda generar la venta de un bien inmueble o un terreno. Nada más alejado de la realidad.
Para empezar definamos qué es la plusvalía. Este término se refiere al aumento del valor de un bien inmueble o terreno por mejoras realizadas o por circunstancias independientes de ellas. Esas circunstancias independientes de las mejoras que puede hacer el propietario de un bien, son las inversiones privadas o públicas como, por ejemplo, la construcción de un centro comercial o la dotación de servicios básicos.
Ahora definamos qué es la especulación. En economía este término se utiliza para referirse a la compra de un bien con el único objetivo de lucrar de la reventa de ese bien.
Un claro ejemplo es el negociado registrado cuando expropiaron tierras para el desarrollo de zonas específicas como la Perimetral de Guayaquil en 1987. En las inmediaciones se desarrollaron complejos lujosos que se beneficiaron directamente del incremento del precio de la tierra y de la obra. Algo similar sucedió en los alrededores del aeropuerto de Tababela antes de su construcción. Son prácticas comunes de quienes tienen acceso a información privilegiada por su cercanía al poder político o económico, que compran tierras a bajos precios antes de que se ejecute alguna obra estatal, y luego venden los terrenos o bienes multiplicando los precios a pretexto de que “subió la plusvalía”. Lo justo es que si el valor del bien aumentó gracias a la inversión del estado, parte de los recursos regresen al estado, y a eso se refiere el proyecto de ley cuando se habla de ganancias extraordinarias, no se refiere a la ganancia legítima generada por la inversión particular del propietario.
Actualmente, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización, COOTAD, establece un impuesto del 10% sobre el valor de mejoras y plusvalía que se paga cuando uno vende un bien. El nuevo proyecto de ley no representa un impuesto sobre otro impuesto, como algunos dicen, sino que propone el cobro de 75% sobre la ganancia extraordinaria, no sobre la totalidad de la plusvalía, y a partir de la segunda venta.
Otra mentira que se pretende posicionar en la opinión pública, es que el proyecto es para generarle ingresos al gobierno central. Falso. Este dice claramente que los administradores de los ingresos serán los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que estarán obligados a invertirlos en obras de agua potable y alcantarillado.
Así mismo, si usted quiere donar ese predio o inmueble, o en caso de sucesión por muerte, se considera al bien como objeto no imponible, o sea que no pagaría el impuesto. Así que le mienten cuando le dicen que no podrá vender su casa o terreno para adquirir otro mejor o que no podrá dejarle un patrimonio a su familia.
Otra mentira es que este proyecto busca quebrar al sector inmobiliario y de la construcción, y eliminar cientos de empleos. La verdad es que la ley eximiría a estas actividades comerciales de pagar el tributo.
El espíritu de esta ley no es otro que el de frenar la especulación de las tierras para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos mayores posibilidades de acceder en condiciones justas a la compra de una propiedad, garantizar el derecho a la vivienda, y que las ganancias generadas con el dinero de todos sean redistribuidas en servicios básicos en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados.
No se dejen engañar por quienes solo buscan defender su riqueza!
Quiteña de nacimiento, se licenció en la Politécnica Salesiana en Ciencias de la Educación. Posteriormente estudió Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Militan..
