Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
Para este miércoles 5 de abril, a las 09:30, está convocada la sesión 277 de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La mesa legislativa conocerá la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre los proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) presentados por los asambleístas Henry Llanes Suárez, Soledad Vela Cheroni y Verónica Rodríguez Delgado.
También analizará el proyecto de Ley Orgánica de Promoción y Protección de Derechos, de autoría de la legisladora Marisol Peñafiel.
Además, continuará el debate del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, presentado por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado.
Objetivos de las reformas
Henry Llanes habla de la necesidad que la Contraloría recupere su potestad de proceder de oficio a la investigación preprocesal y procesal legal, con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, especialmente en aquellos casos de interés público para delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, al amparo del artículo 195 de la Constitución.
Soledad Vela es partidaria que las formas de reparación integral, individual o colectiva a las víctimas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar serán siempre de rehabilitación, indemnización evaluable económicamente y medidas de satisfacción.
Verónica Rodríguez habla de establecer sanción con pena privativa de libertad de diez a trece años para la persona que reclute, utilice, financie o entrene mercenarios para combatir en un conflicto armado.
MG/pv
Tras anunciar que insistirá para que la Comisión de Justicia siga con el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionadas con la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, la asambleísta Marisol Peñafiel, aseguró que permanece en la búsqueda de cambios y desafíos para enfrentar al poder del capital, patriarcal y machista.
“Continuamos el camino de la transformación, que se proyecta en las luchas del presente con la denuncia y activismo constante”, dijo la representante de Imbabura. Con el proyecto, busca que se incluyan otros elementos que tienen que ver con la violencia contra la mujer y su familia y se los sancione, según la gravedad. "Cada tipo de violencia tiene sus propias características. La determinación de sus factores de riesgo permite una decisión más técnica y de prevención", aseguró.
La legisladora plantea reformar el artículo 159 del COIP para que la persona que hiera, lesione o golpee a una mujer o miembro del núcleo familiar, causándole incapacidad, que no pase de tres días, sea sancionada con pena privativa de libertad de siete a 30 días. Si la persona golpea con objetos, puntapiés u otro modo que implique el uso de la fuerza física, causando temor e inseguridad, reciba una sanción de tres a cinco días. Además, el juez ordenará en la sentencia el tratamiento psicológico del agresor.
Marisol Peñafiel propone que se agreguen artículos innumerados relacionados con la violencia patrimonial, con pena privativa de libertad de siete a 30 días y otros sobre la violencia psicológica a partir de apodos, defectos físicos y morales, con sanciones de 100 horas de trabajo comunitario, así como la orden de tratamiento psicológico para el agresor y la víctima.
La legisladora explicó que la Comisión de Justicia, a la que pertenece, en el primer año de vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), recibió como observación que el mandato de la Constitución sobre un procedimiento expedito en materia de violencia contra la mujer se cumplió parcialmente. Indicó que solo se aplicaba en el caso de contravención de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar y no en el caso de los delitos.
Además, considera que se deben analizar las estadísticas de denuncias que tiene la Fiscalía y los procesos del Consejo de la Judicatura, que demuestran incremento de este tipo de acusaciones, pero no se concreta en sentencias condenatorias, pese a que según dijo, los casos son evidentemente graves, ante lo cual se requiere un cambio en este tema.
Otro de los artículos que pretende cambiar es el 157. En su texto plantea que la persona que manifiestamente amenace, manipule, chatajee, humille, aísle, vigile, hostigue o controle las creencias, decisiones o acciones de la mujer o miembros del núcleo familiar, será sancionada con pena de seis meses a un año, si la persona no convive con la víctima. En cambio, si convive o depende económicamente de ella, la pena privativa de libertad será de uno a tres años.
También sugiere cambios en las reglas generales de las medidas cautelares y de protección. En cuanto a la prisión preventiva, el COIP determina que no se podrá ordenar la misma cuando, entre otros asuntos, se trate de contravenciones, pero la Parlamentaria propone que en este último tema se incluya en el texto: "a excepción de las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar”.
LILA/pv
Tras anunciar que insistirá para que la Comisión de Justicia siga con el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionadas con la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, la asambleísta Marisol Peñafiel, aseguró que permanece en la búsqueda de cambios y desafíos para enfrentar al poder del capital, patriarcal y machista.
“Continuamos el camino de la transformación, que se proyecta en las luchas del presente con la denuncia y activismo constante”, dijo la representante de Imbabura. Con el proyecto, busca que se incluyan otros elementos que tienen que ver con la violencia contra la mujer y su familia y se los sancione, según la gravedad. "Cada tipo de violencia tiene sus propias características. La determinación de sus factores de riesgo permite una decisión más técnica y de prevención", aseguró.
La legisladora plantea reformar el artículo 159 del COIP para que la persona que hiera, lesione o golpee a una mujer o miembro del núcleo familiar, causándole incapacidad, que no pase de tres días, sea sancionada con pena privativa de libertad de siete a 30 días. Si la persona golpea con objetos, puntapiés u otro modo que implique el uso de la fuerza física, causando temor e inseguridad, reciba una sanción de tres a cinco días. Además, el juez ordenará en la sentencia el tratamiento psicológico del agresor.
Marisol Peñafiel propone que se agreguen artículos innumerados relacionados con la violencia patrimonial, con pena privativa de libertad de siete a 30 días y otros sobre la violencia psicológica a partir de apodos, defectos físicos y morales, con sanciones de 100 horas de trabajo comunitario, así como la orden de tratamiento psicológico para el agresor y la víctima.
La legisladora explicó que la Comisión de Justicia, a la que pertenece, en el primer año de vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), recibió como observación que el mandato de la Constitución sobre un procedimiento expedito en materia de violencia contra la mujer se cumplió parcialmente. Indicó que solo se aplicaba en el caso de contravención de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar y no en el caso de los delitos.
Además, considera que se deben analizar las estadísticas de denuncias que tiene la Fiscalía y los procesos del Consejo de la Judicatura, que demuestran incremento de este tipo de acusaciones, pero no se concreta en sentencias condenatorias, pese a que según dijo, los casos son evidentemente graves, ante lo cual se requiere un cambio en este tema.
Otro de los artículos que pretende cambiar es el 157. En su texto plantea que la persona que manifiestamente amenace, manipule, chatajee, humille, aísle, vigile, hostigue o controle las creencias, decisiones o acciones de la mujer o miembros del núcleo familiar, será sancionada con pena de seis meses a un año, si la persona no convive con la víctima. En cambio, si convive o depende económicamente de ella, la pena privativa de libertad será de uno a tres años.
También sugiere cambios en las reglas generales de las medidas cautelares y de protección. En cuanto a la prisión preventiva, el COIP determina que no se podrá ordenar la misma cuando, entre otros asuntos, se trate de contravenciones, pero la Parlamentaria propone que en este último tema se incluya en el texto: "a excepción de las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar”.
LILA/pv
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia, Leonardo Orlando, director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), presentó un amplio informe sobre la situación de los servidores públicos inmersos en el tema de paraísos fiscales.
Mencionó que hay 20 mil 288 servidores públicos con transacciones de entrada o salida de divisas con países o jurisdicciones considerados paraísos fiscales, de ellos 3 mil 266 tendrían depósitos o transferencias desde cuentas que también son titulares, es decir, el 16.1% del total del universo hizo movimientos o transferencias a cuentas propias o lo reciben desde cuentas identificadas como propias, según datos del sistema financiero.
Aseveró que preocupa el significativo número de funcionarios que tienen cuentas en paraísos fiscales. "El Gobierno demostró y denunció la red de corrupción en Petroecuador, cuyo modus operandi fue la creación de empresas y mantenimiento de cuentas domiciliadas en paraísos fiscales", precisó.
Planteó elevar a nivel de ley el criterio para catalogar a un paraíso fiscal; incluir en la normativa a los empleados de las sociedades cuyo capital accionario pertenece en más del 50% al Estado, así como a trabajadores de las empresas públicas, notarios, registradores. Además, incorporar figuras “antielusión” para impedir que se oculte a los verdaderos propietarios o beneficiarios directos de fideicomisos, de las instituciones sin fines de lucro, etc.
Dijo que el Pacto Ético es radical en función de combatir a los paraísos fiscales y que sería fundamental una solución global, a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante el intercambio de información respecto de esta temática.
Mauro Andino aseveró que en el programa Hora 25, el candidato Lasso reconoció que es propietario de un banco en Panamá y al no declararlo cometería una clara violación del Código Monetario.
A su vez, Marisol Peñafiel cuestionó la utilización de fideicomisos, empresas fantasmas, salida de divisas, transferencias y holdings. En tanto, Mariangel Muñoz, sostuvo que si alguien quiere representar al país debe cumplir la ley y aseguró que la venta ficticia de un banco es un fraude al país.
Luis Fernando Torres rechazó que se pretenda establecer prohibición a los candidatos que para inscribirse no tengan ningún interés en paraísos fiscales, lo que no fue motivo de la consulta y violentaría la Constitución.
MG/pv
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia, Leonardo Orlando, director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), presentó un amplio informe sobre la situación de los servidores públicos inmersos en el tema de paraísos fiscales.
Mencionó que hay 20 mil 288 servidores públicos con transacciones de entrada o salida de divisas con países o jurisdicciones considerados paraísos fiscales, de ellos 3 mil 266 tendrían depósitos o transferencias desde cuentas que también son titulares, es decir, el 16.1% del total del universo hizo movimientos o transferencias a cuentas propias o lo reciben desde cuentas identificadas como propias, según datos del sistema financiero.
Aseveró que preocupa el significativo número de funcionarios que tienen cuentas en paraísos fiscales. "El Gobierno demostró y denunció la red de corrupción en Petroecuador, cuyo modus operandi fue la creación de empresas y mantenimiento de cuentas domiciliadas en paraísos fiscales", precisó.
Planteó elevar a nivel de ley el criterio para catalogar a un paraíso fiscal; incluir en la normativa a los empleados de las sociedades cuyo capital accionario pertenece en más del 50% al Estado, así como a trabajadores de las empresas públicas, notarios, registradores. Además, incorporar figuras “antielusión” para impedir que se oculte a los verdaderos propietarios o beneficiarios directos de fideicomisos, de las instituciones sin fines de lucro, etc.
Dijo que el Pacto Ético es radical en función de combatir a los paraísos fiscales y que sería fundamental una solución global, a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante el intercambio de información respecto de esta temática.
Mauro Andino aseveró que en el programa Hora 25, el candidato Lasso reconoció que es propietario de un banco en Panamá y al no declararlo cometería una clara violación del Código Monetario.
A su vez, Marisol Peñafiel cuestionó la utilización de fideicomisos, empresas fantasmas, salida de divisas, transferencias y holdings. En tanto, Mariangel Muñoz, sostuvo que si alguien quiere representar al país debe cumplir la ley y aseguró que la venta ficticia de un banco es un fraude al país.
Luis Fernando Torres rechazó que se pretenda establecer prohibición a los candidatos que para inscribirse no tengan ningún interés en paraísos fiscales, lo que no fue motivo de la consulta y violentaría la Constitución.
MG/pv
“El implementar normativa que nos permita combatir el negocio jurídico simulado es la gran tarea que el pueblo mandó en la consulta popular”, resaltó la asambleísta Marisol Peñafiel. Afirmó que se deben llenar los vacíos legales para evitar la evasión y elusión fiscal, que perjudica al Estado ecuatoriano. La propuesta de la Superintendencia es que se pueda levantar ese sigilo, que se entregue una autorización para que los organismos de control puedan hacer investigaciones fuera del territorio y los puedan ingresar al país, acotó
Con la presencia de representantes de la Contraloría General del Estado, Consejo Nacional Electoral (CNE) y Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión de Justicia inició el tratamiento y debate del proyecto de Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero, referida a los paraísos fiscales.
Wilson Vallejo, coordinador Jurídico de la Contraloría, recordó que el artículo 2 del proyecto determina que los funcionarios que tuvieren bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, deberán transferirlos en máximo un año, luego de lo cual deberán realizar una nueva declaración patrimonial de bienes, que recogerá la transferencia de los mismos, capitales o inversiones.
También mencionó que el artículo 3 habla que la Contraloría General será la encargada de solicitar a la autoridad nominadora, la destitución del funcionario inmerso en la prohibición, esto es, poseer bienes o inversiones en territorios considerados como paraísos fiscales.
Por tanto, continuó, en los términos en los que está redactado el proyecto, se entiende que la Contraloría tendrá que efectuar una comparación entre las declaraciones existentes de los funcionarios públicos y aquellas presentadas luego de que finalice el plazo previsto en la ley, a fin de verificar si se produjo la trasferencia o si los bienes de paraísos siguen constando en esta.
Argumentó que el problema, en la práctica, surge porque el organismo no tiene facultades ni competencias para corroborar o determinar la existencia de bienes en el exterior, ya sea en paraísos fiscales o en cualquier otro territorio fuera del Ecuador, que no sea considerado un paraíso fiscal; las actuaciones estarían limitadas a bienes situados en nuestro país, tema que la mesa de Justicia tiene que abordar con detenimiento, para dotarnos de las herramientas que nos permitan cumplir con el encargo que fija la ley.
Reformas al Código de la Democracia
Mientras que Ricardo Andrade, coordinador de Asesoría Jurídica del CNE, dijo que es fundamental reformar el Código de la Democracia, dándole mayor seguridad a la Función Electoral al momento que se presenten a inscribir las candidaturas, además de fijar la obligatoriedad de la declaración juramentada y normar el caso de la Asamblea Nacional y parlamentarios andinos.
Reformas a Ley de Participación
A su vez, Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, explicó que la entidad, de acuerdo con la Ley, tiene a su cargo los concursos de oposición y méritos para designar Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General, Contralor, miembros del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral. Ahora, sería indispensable una reforma a la Ley de Participación para incorporar el cumplimiento del mandato popular del 19 de febrero, en cuanto a no poseer patrimonio en paraísos fiscales y que estos parámetros regulen las designaciones.
MG/pv
Para el próximo lunes, 27 de marzo, a partir de las 15:00, serán convocadas a la Comisión de Justicia, las autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI), Unidad de Lavado de Activos (de análisis financiero) y Ministerio del Trabajo, a fin que presenten sus puntos de vista sobre el proyecto que viabiliza la consulta popular del 19 de febrero, en torno a los paraísos fiscales.
El asambleísta Mauro Andino, titular de la mesa legislativa, dijo que con el SRI se tratará de definir qué es un paraíso fiscal, procedimiento, mecanismo y parámetros técnicos para puntualizar a qué país se le considera como paraíso fiscal, más aún cuando la iniciativa legal no habla de aquello.
En tanto, de la Unidad de Lavado de Activos, se requiere fijar su contribución para que en el momento que la Contraloría General del Estado determine posibles indicios que esos recursos o dineros, creados a través de paraísos, puedan ser debidamente analizados, ya que, a lo mejor, resulten ser producto de lavado de activos, crimen organizado o de otra conducta penal, sostuvo.
Precisó que con el Ministerio de Trabajo se tendrían que desarrollar los procedimientos, ver si está estipulada la figura del visto bueno, en caso que se trate de un servidor sujeto al Código del Trabajo, para dar por terminada esa relación laboral –contrato-, en circunstancias que no haya cumplido con la prohibición de tener bienes, patrimonio e inversiones en paraísos mal habidos, que generan problemas al país de origen.
Expresó que el proyecto se ampliará, modificará y enriquecerá con los aportes de personeros estatales y la ciudadanía, tras subrayar que habrá que reformar los códigos de la Democracia, Trabajo y otras normativas, en función que guarden armonía con la Constitución y el contenido de la consulta popular.
Aclaró que la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) especifica un plazo de 15 días para la socialización del documento, luego de lo cual se puede preparar el informe para primer debate en el Pleno y si no hay objeciones de fondo, se alista el informe de segunda instancia. De esta forma, la ley entraría en vigencia en abril o mayo, dijo.
MG
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado escuchó a Ronny Monge, diputado de Costa Rica y miembro de Parlamentarios para la Acción Global; a Michelle Reyes, Coordinadora Regional para las Américas de la Coalición para la Corte Penal Internacional; a David Donat Cattin, Secretario General de Parlamentarios para la Acción Global; y, a Juan Hernández, Coordinador del Comité Internacional de la Cruz Roja, quienes señalaron que Ecuador avanza y es ejemplo en América Latina con la implementación de tipos penales que constan en el Estatuto de Roma en las infracciones sobre graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.
Los comparecientes resaltaron el contenido del proyecto presentado por la legisladora Marisol Peñafiel que establece el procedimiento al modelo acusatorio que tiene Ecuador en su sistema procesal penal para la cooperación y coordinación con los órganos de la Corte Penal Internacional, en lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos.
En este marco, el parlamentario costarricense precisó que el Estatuto de Roma crea un sistema de prevención y represión de las atrocidades que han marcado el Siglo XX y que siguen ocurriendo hoy como son: el crimen de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión que afecta a la comunidad internacional en su conjunto, por ello los Estados Parte estamos decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes.
Al referirse a los artículos 86 y 88 del Estatuto de Roma mencionó que se establece la obligación de los Estados Partes de cooperar con la Corte Penal Internacional y de establecer mecanismos nacionales para lograr este fin.
Indicó que existen desafíos de cooperación y la ausencia de ella afecta la integridad de los procedimientos (retrasos y costos); pérdida de la oportunidad de justicia para las víctimas de crímenes internacionales; riesgos de politización de procesamiento de las solicitudes que puede ser evitado cuando existe un marco legal completo y fuerte.
Mientras que Michelle Reyes, Coordinadora Regional para las Américas de la Coalición para la Corte Penal Internacional, a través de video conferencia desde Perú, manifestó que proyecto presentado por la legisladora Peñafiel está acorde con las normas establecidas en el Estatuto de Roma y constituye un avance sustancial para la protección de los derechos humanos. De inmediato se refirió a los crímenes de lesa humanidad.
Dijo que en el Código Integral Penal se debe incluir el asesinato como lesa humanidad, la esclavitud sexual o cualquier otra forma de violencia sexual, así como el crimen de apartheid.
Entre tanto, David Donat Cattin, Secretario General de Parlamentarios para la Acción Global, desde Nueva York, mediante video conferencia, indicó que tiene profunda alegría de constatar que Ecuador presenta avances extraordinarios en materia penal, ya que considera definiciones inclusivas de derechos humanos, como lo precisa el proyecto presentado por Marisol Peñafiel. Otros países no tienen estos avances de tipo penal como categoría protegida, subrayó.
En la propuesta de la parlamentaria se establece un listado de los derechos de las víctimas de todos los tipos penales, no solo de los crímenes de derecho internacional, por lo que el cuerpo legal es innovador y completo. Esto demuestra que en la Asamblea Nacional y en el país hay gran sensibilidad de protección a la víctima, del acusado y del sospechoso.
Agregó que en materia de cooperación nacional entre Estados hay un modelo horizontal. La propuesta cubre todos los tipos de cooperación que el Estatuto de Roma incluye, sobre todo en lo que tiene que ver con las medidas de protección de las víctimas, testigos y otras personas protegidas.
Finalmente, Juan Hernández Coordinador del Comité Internacional de la Cruz Roja, felicitó a Ecuador por tipificar delitos contra los derechos humanos respetando el derecho internacional humanitario.
JLVN/pv
La Comisión de Justicia avocó conocimiento del proyecto de ley sobre paraísos fiscales, de iniciativa del Presidente de la República. Los parlamentarios se comprometieron a darle celeridad a la propuesta, en razón que es un mandato popular su aplicación.
Mauro Andino Reinoso, presidente de la mesa, ratificó que para el miércoles está prevista la comparecencia del Contralor y de las principales autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Participación Ciudadana También dijo que invitará al Ministro de Trabajo y al Director del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Mariangel Muñoz, vicepresidenta, comentó que la Asamblea, a través de la Mesa de Justicia, debe dar respuesta favorable e inmediata al proyecto, más aún cuando responde a un pronunciamiento popular, que obtuvo el apoyo del 55% de la ciudadanía. Habrá que exigir, igualmente, coherencia a los servidores públicos respecto a sus bienes y capitales en paraísos fiscales, añadió
Enfatizó que esto conllevará reformar el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
Luis Fernando Torres sostuvo que la consulta es vinculante para la Asamblea, pero el problema está en que la pregunta que se hizo es ambigua, mientras el proyecto tiene deficiencias conceptuales y, al parecer, no contribuirá a erradicar el problema de paraísos. La acción pública terminará en un linchamiento en medio de la tormenta política, subrayó.
El tema hay que abordarlo con responsabilidad y objetividad para que no sea utilizado en esta campaña como elemento o insumo contra uno de los candidatos, agregó.
Marisol Peñafiel compartió que la ley es el resultado de la expresión del soberano, en las urnas, por tanto, la comisión tiene que adecuar formalmente esa decisión. Los paraísos fiscales son formas de evasión, de no invertir en nuestro territorio, lo que causa que las economías se vean afectadas, afirmó.
No se trata de un linchamiento mediático y la normativa no tiene dedicatoria a nadie, enfatizó, al pedir la presencia de la Unidad de Lavado de Activos y del SRI para analizar la doble tributación y triangulación que se esconden en las empresas offshore que se establecen en paraísos fiscales.
Gilberto Guamangate consideró que es un deber del Parlamento moral cumplir el mandato del pueblo y sacar la propuesta en el menor tiempo posible.
MG/pv
