Marisol Peñafiel
Asambleísta por Imbabura Alianza PAIS

Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..

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mar 07
2017
Comisión de Justicia evaluará Plan de Erradicación de Violencia de Género

Marisol Peñafiel y Gina Godoy, hablaron de la necesidad de proteger a los grupos de atención prioritaria, en sujeción a la norma constitucional, tras mencionar que el combate tiene que ser fuerte contra los narcotraficantes y aquellos que están en el microtráfico. Pidieron analizar con profundidad si el problema de consumo de drogas se soluciona con más sanciones penales.

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mar 02
2017
Marisol Peñafiel busca acabar con la violencia contra mujeres y sus consecuencias

“El tiempo apremia”. Con esta frase la asambleísta por Imbabura Marisol Peñafiel pidió al presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, que convoque lo antes posible a la mesa, a fin de que inicie el estudio del proyecto de Ley de Acceso Integral a una Vida Libre de Violencia de Género. Comentó que esta propuesta, que es de su autoría, recoge la demanda de muchas organizaciones de mujeres.

La asambleísta explicó que el proyecto busca desarrollar el mandato constitucional sobre los procedimientos especiales en materia de violencia contra la mujer. Dijo que ha presentado una norma de carácter penal específica y social sobre violencia de género, como una alternativa al enfoque clasista de los códigos penales.

La violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas LGBTI requiere de una especialidad para precisar las formas y modalidades en que se expresa este problema, señaló la legisladora. Enfatizó en la necesidad de crear normas que visibilicen a un sistema de justicia anclado a las políticas de prevención de violencia, protección a las mismas y de restitución.

“La violencia contra la mujer tiene efectos sobre la comunidad y, por tanto, requiere de la intervención del Estado sobre las políticas de prevención y también de sanción”, resaltó. Este ejercicio implica reconocer otros tipos de violencia considerando sus contextos geográficos, étnico culturales, edad, identidad sexual, estado de salud, movilidad humana, entre otros, por lo que las normas de la Ley 103 requieren recoger las nuevas modalidades de violencia, que se dan incluso en los contextos tecnológicos, agregó.

Según la primera encuesta oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), del 2011, sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres seis de cada diez habían sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia: física, sexual o psicológica, de las cuales esta última es la más recurrente; mientras que la sexual la han vivido al menos cuatro de cada diez mujeres, “lo que expresa la gravedad del tema”, acotó.

En cambio, el informe “Estado de Derechos de Niñez y Adolescencia Ecuatoriana (EDNA)”, de 2012, indica que el 78% de las niñas sufrió algún tipo de violencia en el hogar y el 41% en las escuelas, mientras que el 69% de niñas entre 10 y 15 años ha sido víctima de violencia de género, especialmente abuso sexual. Además, cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes sufren un maltrato extremo violento.

Ecuador ha ratificado instrumentos internacionales referentes a la erradicación de la violencia, discriminación y violencia basada en género y a nivel interno ha tomado algunas políticas como el Plan Nacional de Erradicación de Violencia de género de 2007. En tanto, en legislación, el Código Orgánico Integral Penal sanciona tipos penales como el femicidio, así como otros delitos, como la violencia física, aseguró Peñafiel.

“Pese a que existen algunos instrumentos para erradicar este problema, aún son insuficientes”, expresó la parlamentaria. Contó que en el ejercicio de fiscalización, en la legislatura se analizaron informes de jueces y juezas, en cuanto a la aplicación de la ley vigente.

Informó que ahí se evidenció como duda la aplicación de la flagrancia en caso de delitos de violencia con la mujer y miembros del núcleo familiar, así como la consecuencia de la falta de cumplimiento de la sentencia sobre la reparación integral y del delito de violencia psicológica.

LILA/pv

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feb 16
2017
Marisol Peñafiel destacó leyes aprobadas y sus resultados con políticas públicas

A pocos meses de que concluya sus funciones, la asambleísta por Imbabura Marisol Peñafiel destacó que desde la Constituyente, de la que también formó parte, se han aprobado unas 200 leyes, de las cuales el 50% tienen que ver con la recuperación del Estado y la modernización democrática; el 13% con producción y desarrollo; y, el 37% con equidad, justicia social y justicias. En tanto, dijo que en el actual período legislativo se ha superado el 80% de la agenda programada y hasta mayo se llegará al 100%.

La parlamantaria afirmó que, aunque se ha avanzado mucho en la legislación, falta por lograr y profundizar en más derechos. Acotó que es necesario continuar con el seguimiento a la aplicación de las leyes. A ella, como coordinadora del Grupo Parlamentarios por los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, le preocupa que se retroceda en derechos. En la Asamblea, informó que se hizo seguimiento al Presupuesto General del Estado para que se designe a los grupos prioritarios los porcentajes que la Constitución manda, sobre todo, en educación y salud.

Señaló que el incremento de estudiantes entre el 2007-2008 y 2015-2016 en el sistema de educación público fue cinco veces mayor que el sistema de educación privada: pasó de 2,3 millones a 3,8 millones. Agregó que en esos mismos años la matrícula se incrementó en 6 puntos porcentuales para grupos étnicos, mientras que en bachillerato el aumento en el sector indígena fue del 28% al 59%, en el mestizo del 54% al 74% y el afroecuatoriano del 34% al 56%. En cuanto al acceso en educación superior sostuvo que en 2016, 7 de cada 10 estudiantes son la primera generación de su familia en ingresar a este nivel de estudios.

Precisó que en el periodo actual se dio paso a leyes sobre desarrollo rural, recursos hídricos, seguridad social, consejos nacionales para la igualdad, de tierras, entre otras, que ha permitido disminuir los niveles de desigualdad. “Ecuador es uno de los países que más redujo esta condición en América Latina”, explicó la legisladora. Puntualizó que el nivel de pobreza por ingresos se disminuyó del 37,6% en el 2006 a el 22,9% en el 2016, por lo que más de un millón y medio de personas superaron esta condición.

Recordó que una de las normas que favorecen a los niños, mujeres y jóvenes es la Ley Orgánica Para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada del Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo. Dijo que desde la vigencia de la misma ingresaron por primera vez al empleo adecuado mil 500 jóvenes entre 18 y 26 años; y, en 6 meses más de veinte y tres mil afiliados se han beneficiado con el seguro de desempleo. Acotó que, con esta norma, las madres pueden ampliar el período de lactancia. También expresó que con la Ley Orgánica para la Justicia Laboral más de 170 mil trabajadoras no remuneradas del hogar se han sido afiliadas al seguro social universal.

Peñafiel mencionó que la legislación en seguridad ciudadana e integral penal fue otro de los temas de mucha importancia, cuyas leyes ya están en vigencia. Destacó la transformación del sistema de justicia y dijo que la tasa de defensores por cada 100 mil habitantes pasó de 1,2 puntos en 2011 a 4,4 en 2016; en el caso de fiscales de 3,9 a 5,1 puntos; y, en jueces de 7,6 a 12,1 puntos. Además, aseguró que se disminuyó porcentajes en la tasa de congestión y se incrementó la de resolución.

En el tema económico, señaló que se aprobaron normas para fomentar la producción, el empleo y la competitividad, como la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, con la cual ya se han concretado tres asociaciones para el Proyecto de Aguas Profundas de Posorja; diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la ruta Río 7- Huaquillas; el diseño, financiamiento, equipamiento, operación y mantenimiento del Puerto Bolívar; y, estima que más de 550 kilómetros de carreteras se construirán en los próximos años bajo esta modalidad.

Otra de las normas que destacó en este ámbito fueron las leyes Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas; para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario; de Incentivos para el Sector Productivo; de Incentivos Tributarios para Varios Sectores; entre otras, que han permitido que el país se encuentre entre las tasas de desempleo más bajas de Sudamérica, con 5,2% y se supere el crecimiento promedio de la región, que es de 2,4%, mientras que Ecuador llegó a 3,4%..

En este ámbito resaltó, además, que entre el 2013 y 2016 se firmaron 6,6 millones de dólares en contratos de inversión privada, que generó nueve mil 247 empleos directos. Dijo que se mejoró la balanza comercial con el control de las importaciones y el crecimiento de las exportaciones. Manifestó que se dinamizó el turismo, con el cual se triplicó la entrada de divisas y se duplicó las visitas de turistas, que produjo 434 mil empleos.

En lo económico manifestó también que se aumentó la recaudación tributaria tres veces más de lo que ingresó en 2006. Afirmó que en 2016 se cobró 13,3 millones de dólares y que se mejoró la progresividad de los tributos.

En cuanto a seguridad social, que fue otro de los ámbitos que hizo referencia sobre legislación, la parlamentaria recordó que el número de afiliados al sistema de seguridad social pasó de 1,4 millones en 2006 a 3,1 en 2016.

Comunicación despacho/Dra. Marisol Peñafiel Montesdeoca

Asambleísta por la Provincia de Imbabura

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feb 15
2017
Asamblea analizará proyecto que da un respiro a deudores de buena fe

La Asamblea Nacional se apresta a estudiar el proyecto de Ley para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, calificado como urgente en materia económica.

La propuesta nace, porque existe un número importante de deudores que no pudieron acogerse a sus beneficios, o porque habiéndolo hecho, las circunstancias económicas no resultaron favorables ni previsibles para honrar sus pagos con la aplicación de la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999.

El Presidente de la República, Rafael Correa, ante la realidad de los deudores con real intención de pago, considera necesario viabilizar el camino para que puedan honrar sus obligaciones y cerrar definitivamente este capítulo calificado como nefasto para ellos.

A través del cuerpo legal, se propone generar incentivos especiales para el desarrollo de actividades productivas, de tal manera que el pequeño o mediano productor, pueda continuar su actividad, sin que exista de por medio la carga de obligaciones crediticias originadas en la crisis de 1999.

El Mandatario también precisa, que es de vital importancia dar un respiro a la difícil situación por la que atraviesan los pequeños y medianos productores dedicados a las actividades agro productivas y de pesca artesanal, deudores del Banco Nacional de Fomento, en liquidación, para lo cual se establece una remisión de los costos, gastos, recargos e intereses de mora de sus operaciones de crédito y la posibilidad de que dichas deudas las reestructure o refinancie el liquidador de la entidad.

Se establece un marco legal que se adapte a la realidad que viven estos grupos de la población, perjudicados por la crisis bancaria y a través de la ampliación del plazo de los beneficios de la Ley de Banca Cerrada y flexibilización de sus condiciones, por tanto, se viabiliza la posibilidad de la cancelación de tales obligaciones, facilitando a los deudores reinsertarse en el quehacer productivo nacional y que permita a los pequeños y medianos productores dedicados a las actividades agro productivas y de pesca artesanal, que son deudores del Banco Nacional de Fomento, en liquidación, honrar sus obligaciones en condiciones más favorables en cuanto al monto y plazo para su pago.

Propone reformar el marco legal pertinente, para que se pueda subastar más rápidamente la mercadería en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y para mejorar los procesos de levantamiento del velo societario, en casos de ejecución coactiva, a efectos de evitar el cometimiento de injusticias.

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feb 15
2017
Ejecutivo envió proyecto que fija límites en la “Manga del Cura”

El presidente de la República, Rafael Correa, envió el proyecto que Fija el Límite Territorial entre las provincias del Guayas y Manabí, en la zona denominada “Manga del Cura”. Después de la consulta popular del 27 de septiembre de 2015, en la cual los habitantes del sector decidieron que quieren pertenecer a Manabí, el Ejecutivo argumenta que es necesario expedir una ley en este sentido.

En el documento, asegura que la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites (Conali) emitió en mayo de 2016 un informe técnico, en el que concluye que la consulta popular se ejecutó apegada a la normativa constitucional y legal.

El Presidente indica que según el artículo 18 de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales, se identificó un conflicto interno entre Guayas y Manabí, denominado la Manga del Cura, cuyos inicios se enmarcan en 1961, año en el que el Concejo Cantonal de Balzar, expidió la ordenanza mediante la cual se creó la parroquia Velasco Ibarra y se anexó el territorio a Guayas.

Especifica que ese conflicto se enmarca en la falta de precisión en los linderos, superposición de áreas en el momento de fijar linderos jurídicamente y generación de controversias.

El proyecto contiene tres artículos y una disposición final. En uno de ellos se definen los límites de la Manga del Cura.

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feb 15
2017
Cinco temas se abordan en reformas al Código Integral Penal

El proyecto de reformas al Código Integral Penal (COIP) enviado a la Asamblea Nacional tiene cinco ejes.  Establece como delito culposo la fuga en los accidentes de tránsito; que la acción penal contra los perpetradores de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes no prescriba en corto plazo; reduce hasta el 10% el mínimo de la pena en caso de que el procesado colabore para identificar a los responsables o prevenir la consumación de otros delitos graves.

Además, garantiza la gratuidad de la justicia, en el caso de las autopsias en ciencias forenses. Precisa que todo gasto que demande el cumplimiento de diligencias debe asumirlo el Consejo de la Judicatura y no el ciudadano.

En materia de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, sugiere que la tenencia o posesión de estupefacientes para uso o consumo personal, en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, para uso o consumo personal, se aplique únicamente cuando el consumidor la mantenga o la use en su domicilio, de manera que no sea punible.

En el cuerpo legal, el Mandatario considera que se necesita armonizar esfuerzos, para disminuir los índices de mortalidad en las vías. Según la Agencia Nacional de Tránsito, la conducción descuidada es la principal causa de accidentes y la fuga de los conductores del lugar de la colisión alcanza el 90%, según la Policía Nacional.

Propone que la persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones previstas en el COIP, sea sancionada de la siguiente manera: si hay fallecidos, pena privativa de libertad de un año, suspensión de la licencia de conducir por un año, luego de cumplida la pena, y la pérdida de 30 puntos en su licencia de conducir. Si hay lesiones, pena mínima de 40 días, pérdida de 30 puntos. Si hay daños materiales y si excede los seis salarios básicos unificados del trabajador en general, sea sancionado con multa de dos salarios básicos unificados y educción de tres puntos en su licencia.

A fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes, plantea que si se trata de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cometidos contra menores de 18 años, la acción penal prescriba en 40 años.

En lo relacionado con el acceso a la justicia gratuita, se señala que las autopsias se realizarán únicamente en los Centros Forenses del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses del país.

En la lucha contra el narcotráfico, menciona que la tenencia o posesión en las cantidades mínimas debe limitarse a la residencia del consumidor. No se podrá alegar la no punibilidad de la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal, en zonas donde se encuentren centros educativos, lugares de trabajo, parques, centros religiosos o sitios públicos similares. En tal caso, se recurrirá a la sanción aplicable a la mínima escala.

Por último, el proyecto prevé que la persona que falsifique, forje, mutile o altere certificados médicos, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal

JLVN/pv

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feb 13
2017
Marisol Peñafiel, sobre empresas offshore: “hay 16 sindicados más”

Una de las acciones que llevaron adelante las comisiones de Justicia y de Fiscalización en 2016 tiene que ver sobre la investigación de empresas offshore en paraísos fiscales. Marisol Peñafiel es integrante de las dos mesas legislativas y dijo que Justicia encontró mecanismos por los cuales se evaden impuestos, mientras que Fiscalización realiza el seguimiento. Afirmó que, según los últimos datos, se solicitaron 16 asistencias internacionales penales, existen 96 sindicados y 16 privados de libertad.

“No dejamos en la impunidad. Pedimos a la Contraloría que comparezca a la Comisión de Fiscalización, para que nos dé lectura de los contratos que existen sobre otra supuesta empresa, que estaría vinculada en coimas, pero además que esos dineros estarían en paraísos fiscales. Tenemos cuatro asistencias penales internacionales de Suiza, España y Brasil y hacemos seguimiento a los casos, sea quien sea el responsable”, manifestó.

La asambleísta, enfatizó que con estas prácticas los países se perjudican en sus políticas de recaudación fiscal y redistribución de recursos, para garantizar derechos, así como brindar bienes y servicios públicos. “Los paraísos fiscales facilitan la concentración de la riqueza y ahondan la desigualdad. Se calcula que por lo menos 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si no se evadieran impuestos”, agregó.

En el caso de Ecuador, explicó que de los 87 territorios, países y jurisdicciones considerados por el SRI como paraísos fiscales, 37 son los preferidos por las sociedades ecuatorianas y que se calcula la constitución de alrededor de mil 850 empresas offshore, 125 intermediarios y 900 presuntos clientes. Manifestó que un reporte de Tax Justice Network, indica que las personas más ricas del Ecuador multiplicaron sus beneficios en los paraísos fiscales.

Precisó que nuestro país, desde el 2007,  “se ha esforzado con normativas administrativas y legislación especializada, para dificultar la posesión de compañías o realizar inversiones en un paraíso fiscal, sin pagar impuestos”. Además, expresó que Ecuador firmó tres tratados fiscales bilaterales, con Corea, China y Uruguay, a fin evitar el pago de impuestos dobles o permitir la elusión o evasión tributaria.

Afirmó, que con las reformas legales en los últimos nueve años, se crearon unidades de investigación de lavado de activos; transparencia para que las declaraciones patrimoniales juramentadas sean públicas; establecieron penas fuertes en delitos que afectan la administración del Estado y sus recursos; legislación financiera para generar mayor confianza en el sistema financiero público y privado; legislación para el incentivo productivo en el sector empresarial y en el sector popular y solidario, entre otras normas.

LILA/pv

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feb 07
2017
Asamblea Nacional expresa su pesar por partida de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar

Luego de confirmarse el fallecimiento de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar el martes 7 de febrero, las autoridades de la Asamblea Nacional expresaron su sentimiento de pesar a través de sus cuentas de twitter. La presidenta, Gabriela Rivadeneira, escribió: ¡Profunda tristeza! Ha fallecido Monseñor Luna Tobar, referente de una Iglesia comprometida con los pobres.

Entre tanto, Rosana Alvarado, primera vicepresidenta del Legislativo publicó: "Siempre estuve del lado de los buenos". Hasta siempre Monseñor Luna, el cura rojo, defensor eterno de una iglesia liberadora. Mientras, Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta expresó: “Que descanse en paz Monseñor Luna Tobar, ejemplo de valentía y referente de lucha incansable por la justicia social. El Ecuador está de luto”.

Luis Alberto Luna Tobar fue un sacerdote identificado con la Teología de Liberación, corriente eclesial que propone la construcción de una Iglesia para los pobres del mundo. En agosto de 1939 fue el primer ecuatoriano en tomar los hábitos de la Orden de los Carmelitas Descalzos. 

En 2011 la Asamblea Nacional otorgó la Condecoración Vicente Rocafuerte al mérito social a Monseñor Alberto Luna Tobar, en reconocimiento a su lucha por la dignidad del ser humano como individuo y actor social. Fue un defensor de los derechos de las personas, cumpliendo una larga trayectoria de servicio a los más pobres del Ecuador.

RSA/eg

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feb 01
2017
Asamblea aprobó más de 50 leyes con enfoque en niñez, adolescencia y juventud

Estas leyes transversalizan los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Según Marisol Peñafiel, coordinadora del Grupo Parlamentario, que vela por los derechos de estos grupos sociales, hay resultados concretos. Se refirió a las reformas al Código Civil, Código Integral Penal y Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Habló también de otros resultados.

La Legisladora explicó que el Grupo Parlamentario se originó en el proceso constituyente, en donde se ubicaron en la Constitución algunos principios, luego, en la Asamblea se fortalecieron y aprobaron 56 leyes que favorecen los derechos de estos ciudadanos. Contó que algunas iniciativas, tuvieron apoyo unánime de los parlamentarios, mientras otras atravesaron largas luchas, como las reformas al Código Civil, para que las niñas no contraigan matrimonio a los 12 años.

“Con la aplicación del Código Civil realizamos una consultoría junto a Unicef, para mirar qué paso con esas niñas, que ahora no contraen matrimonio”, informó Peñafiel. Dijo que tienen datos preliminares: de la sierra centro, de las niñas consultadas, 394 están ahora en el sistema educativo. Pero, afirmó que, hay mayor preocupación en la costa y en la amazonía, en donde se normalizaron prácticas como el incesto.

“Hacemos un seguimiento que nos permita garantizar el derecho para lo cual se crea una norma”, agregó, al tiempo de referirse a la Ley de los Consejos Nacionales de la Igualdad, que crea un Consejo de Igualdad Intergeneracional, bajo los principios de participación democrática, interculturalidad, pluralismo, entre otros.

Recordó que en el Código de Organización Territorial se incluyó que el 10% del presupuesto se asigne a los grupos de atención prioritaria, así como la Ley para la Promoción del Trabajo Juvenil; la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, que busca la protección a la salud de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en consumo de bebidas azucaradas; Ley que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a las de Seguros que Oferten Cobertura de Seguros de Asistencia Médica, que exige que no haya exclusión social, por lo que beneficia a niñas y niños.

Otro de los temas que, según Peñafiel causó gran debate, es el planteamiento en el Código Integral Penal, que los adolescentes infractores, si bien deben pagar por los delitos cometidos, necesitan tratamiento distinto al de un adulto, porque “el Estado debe entregar a la sociedad personas reinsertadas y para eso necesitamos de una consideración especial”, argumentó. Afirmó que en este cuerpo legal se abordó la tipificación de la trata y tráfico de personas, entre otras sanciones.

“Todavía vemos como se utiliza a los niños para el cometimiento de delitos, el Código duplica las penas para el adulto que utiliza al niño, pero también establece sanción para el menor reincidente y habla de una política de reinserción”, acotó.

Con el enfoque de niñez, adolescencia y juventud, la asambleísta manifestó, que el Parlamento también aprobó la Ley de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización; la Ley de Gestión de Identidad, con la cual se previene la trata y tráfico de personas y se protege la identidad de los datos; el Código General de Procesos, con el que se aplican medidas cautelares bajo el principio de interés superior, adopciones, trabajo adolescente, principios de derecho procesal con enfoque generacional, entre otras normas.

Se refirió además al seguimiento de la aplicación de la proforma presupuestaria, para que se destinen los recursos necesarios para estos sectores y garantizar sus derechos; la declaración del Día Nacional de la Niña; eventos de capacitación y procesos de fiscalización.

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ene 26
2017
Tras 27 años, se hace justicia con los trabajadores cementeros: Ángel Rivero

El vicepresidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Ángel Rivero, destacó en el Pleno, que luego de 27 años de injusticia, se viabiliza la aplicación de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, en vigencia desde el 21 de marzo de 1989.

Con la presencia  de trabajadores y extrabajadores de la industria del cemento, explicó que, con este proyecto se interpreta el artículo 4 de la referida ley, que faculta a las empresas cementeras a cobrar dos centavos por cada kilo de cemento para financiar la jubilación especial.

Para ello, explicó, se interpreta la norma en el sentido que los dos centavos deben entenderse en la moneda de curso legal, es decir, como dos centavos de sucre hasta el 10 de enero del 2000 y a partir del 11 de enero del 2000, como dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, por cada kilo de cemento exfábrica.

Explicó que el artículo 4 de la normativa establece el incremento en dos centavos el precio exfábrica de cada kilo de cemento para financiar el beneficio de jubilación especial de los trabajadores de esta industria.

Sostuvo que estas personas se dedicaron a producir cemento para edificar las grandes construcciones del país, poniendo en riesgo sus vidas por la exposición a químicos. “Queremos que se haga justicia en una ley que hasta hoy no se ha hecho efectiva para beneficio de los trabajadores cementeros”, enfatizó.

Recordó que la Ley 19, es el resultado de estudios y evaluaciones médicas realizadas por el IESS en las empresas cementeras, que determinaron que existen índices alarmantes de afectaciones a la salud de los trabajadores, producto del contacto con materia prima nociva, como el silicio, que ocasiona problemas vinculados a la fibrosisis.

Explicó que, según la norma, tienen derecho a recibir una pensión mensual equivalente al 100% del último sueldo o salario percibido, luego de acreditar al menos 300 imposiciones mensuales o 25 años en la industria del cemento, sin importar la edad.

indicó que, la aplicación de la ley está a cargo del IESS y las empresas cementeras se constituyen en agentes de retención, debiendo remitir en forma mensual al Seguro Social la totalidad de los valores recaudados para cumplir esta disposición. Dijo que hay una deuda antes de la dolarización y otra después.

Recordó que la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, aprobada en 1998, en su Artículo 3, establece que todas las operaciones financieras realizadas por o a través de las instituciones del sistema financiero, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. A esta norma  se suma la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, desde el 13 de marzo de 2000, que ratifica la dolarización. Sin embargo, las empresas cementeras no transfirieron esos fondos al IESS y éste no exigió el pago de los recursos recaudados.

Aseveró, que los representantes de las empresas cementeras hicieron su propia interpretación, sin tener atribución para ello y establecen que en la conversión de sucre a dólar ellos pagarían ocho diez millonésimas de centavos de dólar (0,0000008).

Añadió que al 16 de febrero de 2012, el Subdirector de Afiliación y Cobertura del IESS (e), certifica que las empresas cementeras Lafarge, Chimborazo y Holcim, para cumplir la Ley Especial de Jubilación, depositaron 42 mil 013 dólares con 40 centavos, a excepción de Cementos Guapán, que no depositó ningún valor.

Indicó que el informe actuarial del IESS, de l17 de septiembre de 2010, suscrito por Francisco Peña Jarrín, director actuarial, en las conclusiones, indica que para financiar la jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento se requiere contar, a la fecha de corte del estudio (30 de junio 2010), con 42 millones de dólares.

Por último, expresó que si bien existía una sentencia de diciembre de 2010, emitida por la Corte Constitucional, no estaba ejecutoriada por un pedido de aclaración y ampliación de la empresa Holcim.

RSA/pv

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