Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
La lucha para que se respeten sus derechos ha sido larga, así contó Betty Carrillo, quien, al igual que Marisol Peñafiel, Fernando Bustamente y Mauro Andino, pidió disculpas por no haber resuelto este tema antes. Sin embargo, resaltaron que se hizo justicia. “Les robaron a los trabajadores, violaron sus derechos, debemos vigilar para que no se repita”, aseveró Peñafiel.
La asambleísta por Imbabura, propuso que no se debata solo esta coyuntura, sino que se haga un seguimiento de lo que sucede con otras normas, que tienen como fin vigilar las condiciones en las que laboran los trabajadores. En tanto, Betty Carrillo, pidió que se conforme una comisión de veedores para que haga seguimiento de lo que apruebe la Asamblea, para que esta norma interpretativa se cumpla, así como el dictamen de la Corte Constitucional.
La Corte resolvió admitir el recurso de amparo constitucional, propuesto por la Asociación de Jubilados y Veteranos de la Cemento Nacional, por lo que ordenó a la empresa Holcim S.A que deposite, en 20 días, más de 89 millones de dólares en la cuenta creada para este beneficio en el IESS y luego se individualice a los jubilados.
Mauro Andino y Marisol Peñafiel, coincidieron además, en que este proyecto se enmarca en los principios de la Constitución, como la garantía del derecho a la seguridad social, su universalización y obligatoriedad.
Carrillo relató que, durante la lucha de estos extrabajadores, 263 murieron, el 70% con enfermedades relacionadas a esta actividad. “Nuestro respeto a ellos”, dijo. En el Pleno se rindió un minuto de silencio por estas personas.
“Espero que con esta lucha pueda ayudar a mis nietos, que viven conmigo”, afirmó el riobambeño, Pedro Hugo Briones, de 85 años, quien trabajó en una cementera durante 18 años. “Vi morir a muchos compañeros, porque el polvo que emanan las molineras es lo más mortal”, dijo.
LILA/pv
La asambleísta por Imbabura, Marisol Peñafiel, volvió a cuestionar la constitución de empresas offshore en paraísos fiscales. Recordó que según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), desde los años 70, alrededor de 30.000 millones de dólares se encuentran en paraísos fiscales y que entre el 2014 y 2015 se evadieron más de 3.000 millones de dólares en impuestos, con lo que se pudo construir una escuela del milenio por día.
A nivel mundial, señaló que de acuerdo con el investigador francés Gabriel Zucman, en los paraísos fiscales se oculta, como mínimo, 6,7 billones de dólares, que suponen un robo a los estados de todo el mundo de unos 145.760 millones de dólares en impuestos. Asimismo, aseveró que según el Fondo Monetario Internacional los territorios calificados como paraísos fiscales acumulan un cuarto de la riqueza privada de todo el mundo.
Aseguró que con estas prácticas los países se perjudican en sus políticas de recaudación fiscal y de redistribución de recursos para garantizar derechos, así como brindar bienes y servicios públicos. “Los paraísos fiscales facilitan la concentración de la riqueza y ahondan la desigualdad. Se calcula que por lo menos 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si no se evadieran impuestos”, enfatizó.
En el caso de Ecuador explicó que de los 87 territorios, países y jurisdicciones considerados por el SRI como paraísos fiscales, 37 son los preferidos por las sociedades ecuatorianas y que se calcula la constitución de alrededor de 1.850 empresas offshore, 125 intermediarios y 900 presuntos clientes. Manifestó que un reporte de Tax Justice Network (TJN) indica que las personas más ricas del Ecuador multiplicaron sus beneficios en los paraísos fiscales, en un 205% por encima de lo que había fugado de sus países.
Refirió que en el estudio de TJN se determinó que el flujo de dinero no registrado, que va hasta los paraísos fiscales, es por intermediación de grandes bancos internacionales. Indicó que de acuerdo con el documento si se hubiera gravado con un 30% la renta, de aproximadamente 3% anual, de 21 billones de dólares no declarados entre 2000 y 2008, los estados del mundo hubiesen recaudado impuestos entre 190.000 y 280.000 millones de dólares. En el caso de Latinoamérica podría haber recolectado por lo menos 9.000 millones de dólares, explicó la asambleísta.
A la parlamentaria, integrante de las comisiones de Fiscalización y de Justicia, le preocupa que al no existir suficiente transparencia del origen y uso de ese dinero se pueden esconder el financiamiento y aprovechamiento de actividades delictivas como el terrorismo, el narcotráfico, la trata y tráfico de personas, por lo que los Estados deben legislar para que empresas y personas naturales transparenten sus relaciones económicas, ingresos e inversiones.
Al mismo tiempo, precisó que nuestro país desde el 2007 “se ha esforzado con normativas administrativas y legislación especializada para dificultar la posesión de compañías o realizar inversiones en un paraíso fiscal, sin pagar impuestos”. Además, dijo que Ecuador ha firmado tres tratados fiscales bilaterales, con Corea, China y Uruguay, a fin evitar el pago de impuestos dobles o permitir la elusión o evasión tributaria.
Afirmó que las reformas legales en los últimos nueve años han creado unidades de investigación de lavado de activos; de transparencia para que las declaraciones patrimoniales juramentadas sean públicas; se establecieron penas fuertes en delitos que afecta la administración del Estado y que afecten sus recursos; legislación financiera para generar mayor confianza en el sistema financiero público y privado; legislación para el incentivo productivo en el sector empresarial y en el sector popular y solidario, entre otras normas.
Resaltó que en su función de asambleísta y como ciudadana luchará contra la corrupción y que las empresas offshore en paraísos fiscales son una de las principales formas de corrupción.
LILA/pv
En el programa, conducido por Ricardo Bravo de TV Legislativa, se señaló que según datos de la Unidad Técnica de Fiscalización y Control Político, ingresaron 5 mil 303 solicitudes de información, tramitadas a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional, 4 mil 684 tuvieron respuesta.
La legisladora Marisol Peñafiel señaló que la Asamblea Nacional cumple la disposición del artículo 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre el rol de fiscalización, que es parte del ejercicio de los legisladores, tomando en cuenta el debido proceso. "Anteriormente, la fiscalización solo permitía destituir autoridades, lesionando sus derechos e incumpliendo los principios elementales del debido proceso en los viejos congresos y parlamentos," añadió.
Haber dado respuesta a 4 mil 684 solicitudes significa, por un lado, un tema preventivo y, por otro, se determinó si había necesidad de llamar a comparecer a los funcionarios o si ameritaba o no el juicio político, enfatizó.
Para el legislador Wilson Chicaiza, ha sido parcial el cumplimiento y atribución que tienen los legisladores en fiscalización. "El pedido de información es solo un primer paso para iniciar el proceso fiscalizador", añadió. No comparte el criterio de que la solicitud sea intermediada por la Presidencia de la Asamblea, ya que según dijo, eso conlleva a que los pedidos se demoren y lleguen incompletos. En períodos anteriores, la autoridad del legislador era superior a la de un funcionario público, un Ministro, Subsecretario, Superintendente, y otros, por tanto, cuando un congresista solicitaba directamente la información, los funcionarios atendían de manera inmediata el requerimiento en máximo 15 días.
La legisladora Marisol Peñafiel, reiteró que si bien se cumplió el rol de fiscalización por parte de los parlamentarios de forma eficiente, es necesario ampliarlo, no solo a quienes tienen el rango de ministros de Estado, sino para aquellos que tienen cargos de directores, como por ejemplo el del Seguro Social, a quien no se lo pudo traer, porque no está permitido en la ley.
En el programa “Tercer Debate” hubo la participación de la ciudadanía a través de las redes sociales, mediante la formulación de preguntas a los parlamentarios sobre las atribuciones de la Asamblea Nacional. Según Chicaiza, el artículo 120 de la Constitución establece las atribuciones de la Legislatura: legislar y fiscalizar. Sobre este último tema, dijo que el proceso inicia con el pedido de información, pero no termina en juicio político. Marisol Peñafiel aclaró que no todo proceso puede terminar en juicio político, porque solo puede darse si el funcionario ha incumplido las funciones determinadas en la Carta Magna.
Chicaiza dijo que en materia de fiscalización tiene preocupaciones, porque actualmente se es una especie de proselitismo partidista. Si bien comparecen ministros, ha sido solo para dar la información que a ellos les parece. Peñafiel refutó estas expresiones, puesto que aseguró que la fiscalización no es un evento partidista. "Los asambleístas no utilizan la Asamblea Nacional para este fin, porque es un espacio democrático donde se vela por los derechos ciudadanos", indicó.
JLVN/pv
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/47844-medios-legislativos-estrenaron-programa-tercer-debate
A pocos meses de concluir su función como asambleísta, Marisol Peñafiel destacó el trabajo de fiscalización que ha desarrollado la Asamblea Nacional. Informó que desde el inicio de la gestión se han tramitado cerca de 5.300 pedidos de información y alrededor 4.700 documentos han recibido contestación. En tanto, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 10 de marzo de 2016 se han tramitado 2.117 solicitudes de información, que es el primer paso dentro de la fiscalización, de las cuales se han obtenido 1.664 respuestas.
De las 15 agrupaciones políticas que hay en el Parlamento, el Movimiento Patria Altiva y Soberana es el que más información ha requerido en este período, con 3.480 solicitudes, que representa el 65.75% del total; le siguen Creo con 621, es decir, el 11.73%; Avanza, con 310, que es el 5.86%; y, Pachakutik con 302, que equivale al 5.71%, las demás agrupaciones están por debajo del 4%, señaló.
Peñafiel informó que el Ministerio de Transporte; la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre; la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; y, la Secretaría Nacional del Agua son las instancias más requeridas. Dijo que también se ha solicitado información a las agencias de Control y Regulación de Electricidad, de Telecomunicación, Hidrocarburífero, Minero, así como a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Aviación Civil, Banco Nacional de Fomento, entre otras instituciones.
Destacó que a través de la solicitud de información se fija un carácter preventivo o correctivo, cuyas acciones son fundamentales antes de que se produzcan daños irreparables. El conocimiento de los informes de labores de los máximos representantes de instituciones y la comparecencia a comisiones para esclarecer hechos o permitir aportes es otra de las alternativas que tienen los legisladores, mientras que el juicio político constituye una fase correctiva.
Recordó que en la Comisión de Fiscalización, a la que pertenece, se tramitó el pedido de juicio político al ex ministro de Educación, Augusto Espinosa. Comentó que se quiso aprovechar de un momento de duelo nacional por las consecuencias del terremoto y decir que el Ministro debió preverlo, asegurando cada institución educativa, como si los recursos del estado fueran ilimitados y las necesidades limitadas cuando es al revés. Destacó la transformación radical del sistema educativo.
Sostuvo que esta tarea tiene una interesante historia en el Ecuador, que nace en la Constitución de 1979 donde la Cámara Nacional de Representantes podía “sancionar” a ministros de Estado. “El enjuiciamiento político se dirigía al Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros Secretarios de Estado, Ministros de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Fiscal, del Tribunal Supremo Electoral y de los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, por infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones oficiales y resolver su destitución en el caso de declaración de culpabilidad”, afirmó.
Los máximos jueces del Estado podían ser enjuiciados y destituidos por la Función Legislativa, lo que contradecía totalmente la defensa de la plena autonomía de las decisiones judiciales. Ninguna persona ni función está por encima de la Justicia. Esta Asamblea acaba de analizar dos casos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el abuso de la figura del juicio político y la destitución. Son los casos Camba Campos y otros, el Caso Quintana Coello y otros, así como la destitución de jueces de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Podemos ver las terribles lecciones que dejaron los congresos pasados, agregó.
Aseveró que por estos tristes hechos de la política ecuatoriana, lo que hizo la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente la Asamblea Nacional del Ecuador fue determinar, en el artículo 131 de la Carta Magna, el número mínimo para iniciar un juicio político con una cuarta parte de los miembros de la Asamblea, la causa es el incumplimiento de funciones y no el juzgamiento por fuera de la Administración de Justicia de infracciones, mientras que la censura y destitución se realiza con la mayoría absoluta.
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/47839-marisol-penafiel-informo-que-se-tramitaron-5300
El presidente saliente de la Función de Transparencia y Control Social, Hugo Jácome, acudió a la Asamblea Nacional a rendir cuentas de su gestión, en 2016. Dijo que las instituciones que conforman esta Función ejecutaron 15 mil 978 acciones de control para prevenir la corrupción y que 383 casos, por presuntos delitos, se remitieron a la Fiscalía. Además, contó que el 97% de las instituciones del Estado presentaron informes de acceso a la información pública.
Según Jácome, estos resultados se enmarcan en de uno de los objetivos del Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que busca incrementar la eficiencia en la aplicación de los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción. En este objetivo, manifestó que además se emitieron 23 mil 071 sanciones administrativas y civiles e implementaron más de 670 normas.
Otro de los objetivos al que hizo referencia el funcionario, tiene que ver con la garantía de derechos. En este caso, explicó que se atendieron el 97.40% de solicitudes de acceso a la información, en un promedio de siete días, mientras que se gestionaron 143 mil trámites ciudadanos.
En los resultados de gestión, mencionó que se impulsaron 8 mil 100 mecanismos de participación ciudadana y que más de 148 mil ciudadanos se involucraron en sistemas de control social. Esto como parte del tercer objetivo para incrementar espacios de participación. En este punto, destacó que en el año pasado se llegó al 82% de rendiciones de cuentas, que deben presentar las diferentes instituciones del Estado, autoridades de elección popular, gobiernos autónomos, entre otros.
Afirmó que la Función de Transparencia implementó una herramienta de tratamiento y traslado de denuncias; impartió capacitación a casi 4 mil 800 ciudadanos, en temas como valores y responsabilidad ciudadana, así como mecanismos de participación ciudadana y, ejecutó la campaña “Actúa con Valores”, que se refirió a solidaridad, transparencia, responsabilidad, honradez, verdad y justicia, con gran impacto.
Habló también de la participación de las instituciones que conforman la Función de Transparencia en eventos internacionales, así como los realizados en el país. En el primer caso está la invitación a la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales; y, el encuentro de Fiscales y Procuradores sobre Delincuencia Organizada Transnacional; entre otros. En Ecuador se realizó el evento por el Día Internacional Contra la Corrupción. Publicó un producto sobre temas de transparencia y control social y presentó propuestas legales.
“Como Función de Transparencia y Control Social tenemos el desafío de establecer más coordinaciones e iniciativas para fomentar la ética ciudadana, desde la educación, información y buenas prácticas institucionales; de reforzar nuestros sistemas de supervisión y control; de abrir más espacios de participación. Es indispensable como sociedad, en conjunto, fortalecer la cultura de la ética y sus formas de reproducción”, concluyó.
LILA/pv
La estabilidad y fortalecimiento de la economía popular y solidaria, fueron los temas que destacó Hugo Jácome, superintendente de este sector, durante la rendición de cuentas que realizó en la Asamblea. Dijo que este avance se logró con adecuados y modernos mecanismos de supervisión y control. Resaltó, además, la lucha contra la corrupción, protección de los derechos de los socios del sistema e inclusión económica y social.
Según dijo, los activos de las cooperativas de ahorro y crédito crecieron un 12.8%, con lo que se llegó a 9 mil 960 millones de dólares, mientras que su cartera de crédito llegó a 6 mil 420 millones de dólares. Señaló que en estas entidades los pasivos tuvieron un crecimiento anual del 13.5%: a diciembre subieron a 8 mil 322 millones de dólares, mientras que el patrimonio refleja un saldo de mil 635 millones, que implica un crecimiento del 9%. En el sector no financiero, el funcionario resaltó un acuerdo de intercambio de información con el Servicio de Rentas Internas.
Protección de derechos
En cuanto a las acciones de transparencia y lucha contra la corrupción, afirmó que envió a la Fiscalía 156 noticias de delitos, mientras que desde el 2013 suman 273. Dijo que existen 83 procesados y 51 personas recibieron condenas.
Para fortalecer la protección de derechos, Jácome comentó que realizaron 28 procesos de fusión por absorción, la mitad se hicieron en 2016. Acotó que esta acción permitió precautelar los intereses de 28 mil 740 socios. Mediante el pago de seguro de depósitos cubrieron las obligaciones de más de 34 mil depositantes.
El funcionario resaltó que en el tema de la inclusión económica y social se cuenta con cerca de 10 mil organizaciones legalmente constituidas, mientras que en el fortalecimiento del sector, en 2016, se crearon 22 normas de regulación y control.
Acotó que se realizó un amplio programa de capacitación, en el que participaron mil 553 organizaciones, tanto del sector financiero como del no financiero.
LILA/pv
Ernesto Pazmiño Granizo, defensor público del Ecuador, habló sobre el trabajo de esta dependencia durante 2016. Dijo que uno de los objetivos de esta entidad fue descentralizar su gestión, para lograrlo instalaron más puntos de atención en diferentes cantones y parroquias y ahora suman 205. Acotó que la descentralización de su labor responde a la misión de la Defensoría, que se emprendió con el mismo presupuesto del 2015.
La Defensoría Pública forma parte de la Función Judicial y su fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.
Durante su intervención, en el Pleno de la Asamblea Nacional, invitó a la reflexión y debate en torno a tres temas sustanciales de carácter social: la legalización del cannabis para usos terapéuticos, despenalización del aborto en casos de violación y regulación de la medida cautelar de prisión preventiva, desde una visión más humana y justa.
El funcionario acotó que los actos de violencia física, mental y social responden a la sociedad patriarcal y una cultura de violencia, que no conoce la equidad. Dijo que la construcción de una sociedad más justa y humanitaria constituye una responsabilidad ciudadana, pues aseguró que una cultura de violencia no se resuelve de forma integral solo con la aplicación de una normativa como el Código Orgánico Integral Penal (COIP), sino con un cambio de actitud. “No es posible que una mujer pobre que aborta sea encerrada en la cárcel. No podemos seguir castigando y victimizando a la mujer”, agregó.
En cifras
En el país, cada año se registran alrededor de 2 mil casos de niñas menores de 14 años con embarazos. El porcentaje de partos de niñas de entre 10 y 14 años, se incrementó entre 2002 y 2010 en aproximadamente un 78,1%. A escala regional, Ecuador ocupa el segundo lugar, tras Venezuela, en la lista de países donde la tasa específica de fecundidad adolescente no disminuyó en los últimos años, según datos de la investigación ´Vidas Robadas, entre la omisión y la premeditación; la situación de la maternidad forzada en niñas del Ecuador´, presentada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
“Es necesario reformar el COIP desde una perspectiva más humanitaria”, dijo. En este contexto, el 6 de julio de 2016 propuso el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, a fin de eliminar la desproporcionalidad sobre las penas. “Un hurto tiene una pena de 9 años 4 meses que supera, por ejemplo, a delitos como el enriquecimiento ilícito”, explicó Ernesto Pazmiño. Esta propuesta también contempla la despenalización del aborto en casos de violación.
Ernesto Pazmiño dijo que es fundamental establecer mecanismos para evitar los casos de corrupción en el país.
PAU/pv
Patricio Baca Mancheno, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, en su rendición de cuentas de 2016, en el Pleno de la Asamblea Nacional, dijo que se hará cumplir la ley y la voluntad del pueblo en las elecciones de febrero de 2017. Señaló que existe poco conocimiento de la ley en materia Electoral y que esto conduce a cometer errores ante las sentencias que dicta este organismo, que no son del agrado de los denunciados.
Enfatizó que en el primer semestre de 2017 el Tribunal garantizará los resultados que se obtengan en las elecciones por parte de los sujetos políticos y hará respetar la voluntad popular. “Tengan la plena seguridad que el equipo humano de jueces y juezas que existen en el Tribunal Contencioso Electoral, haremos que se garantice de forma eficiente, efectiva y eficaz los resultados que se den en las urnas. Haremos cumplir la ley y se respetará la voluntad popular”, agregó.
El funcionario, mencionó que el TCE atendió de manera oportuna el 100% de las causas ingresadas en los tiempos establecidos y se cumplió con las disposiciones del Código de la Democracia. Señaló que la institución en período electoral trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, para que cualquier ciudadano u organización política comparezca y presente sus reclamos o quejas.
“Jamás permitiremos que la voluntad popular se manipule, burle o falsee”, dijo y afirmó que Ecuador cuenta con un órgano especializado e idóneo para tutelar los derechos de participación y siendo las sentencias el reflejo de la libre voluntad del electorado, por tanto se constituye en una herramienta que contribuye a la paz política y certeza social.
El funcionario indicó que el Tribunal tiene la obligación de construir una cultura política, democrática, sólida y duradera, que garantice un debate libre de apasionamientos y racional entre los actores políticos y el mandante original, con la certeza de que este órgano jurisdiccional, en sus actuaciones, refleje y garantice la voluntad del elector.
Precisó que al 2016 se incrementó el reconocimiento a esta institución, por tanto, la efectividad y agilidad de la prestación de los servicios de justicia electoral, así como los niveles de socialización de las acciones e investigaciones del Tribunal Contencioso Electoral, eficiencia operacional, desarrollo del talento humano; y, el uso eficiente del presupuesto, también aumentaron.
En materia presupuestaria señaló que en 2016 se ejecutó el 98.45%. En otro orden, informó que el tribunal capacitó a 30 mil jóvenes con la finalidad de que se empoderen de sus derechos en los procesos electorales y puedan elegir con mayor conocimiento.
JLVN/pv
Son 12 millones 817 mil 698 los ecuatorianos que constan en el registro electoral para las elecciones del 19 de febrero de este año: el 52,2% son mujeres. Para estos comicios se inscribieron 3 mil 725 candidatos para asambleístas nacionales, por el exterior, provinciales, parlamentarios andinos, así como presidente y vicepresidente de la República. El 74% de los certificados de votación tendrán fotografía.
Estos fueron los datos que reveló Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), en su rendición de cuentas 2016. El funcionario destacó que se consolidó la gestión institucional y preparación técnica-operativa hacia las elecciones de este año. Afirmó que los ejes estratégicos se enfocaron en procesos democráticos, soberanía electoral, fortalecimiento institucional, de las organizaciones políticas, capacitación y el Consejo en el contexto internacional.
En los procesos democráticos, enfatizó en la preparación efectiva para las elecciones de este año, para lo cual lograron importantes hitos, como la renovación generacional. Dijo que de las 279 mil personas que colaborarán en las juntas receptoras del voto, más de 200 mil son jóvenes universitarios. Informó que hasta el 31 de diciembre se notificó al 92.41% y capacitó al 34%. En tanto, 833 personas cubrirán 37 ciudades para el voto en casa, que será el 17 de febrero próximo.
En cuanto al Fondo de Promoción Electoral para la elección de las diferentes dignidades, expresó que se destinaron 24 millones 058 mil 693 dólares. El Fondo de Promoción para Presidente de la República y asambleísta nacional será de 576 mil 751 dólares y el límite de gasto de 1 millón 922 mil 504; mientras que para Parlamentario Andino se destinarán 192 mil 250 dólares y puede llegar hasta máximo 640 mil 834; para asambleísta provincial el fondo es de 573 mil 344, pero puede subir a 1 millón 911 mil 135 dólares; y, para asambleísta del exterior se distribuyeron USD 102 mil 138, pero puede llegar hasta 113 mil 487 dólares, según Pozo. Dijo que del total del fondo el 80% ya ha sido pautado.
El próximo 19 de febrero, el CNE también consultará sobre los paraísos fiscales. De acuerdo con el funcionario, para esta campaña se inscribieron 10 organizaciones políticas: cuatro alentarán el Sí y seis el No. También participarán 11 organizaciones sociales, ocho están por el Sí. Aseveró además que se aprovechará la infraestructura de las elecciones, por lo que para este caso se destinará un presupuesto de 2,8 millones de dólares.
En los parámetros democráticos destacó también la consulta popular sobre la pertenencia de “Las Golondrinas”, la colaboración en los concursos públicos de dos instituciones y la asistencia en 453 procesos.
En el tema de la soberanía electoral hizo referencia al desarrollo tecnológico que llegó a tener la institución, así como la infraestructura tecnológica electoral, que cuenta con 2 mil 299 enlaces de datos a nivel nacional y conectividad en los recintos de transmisión y publicación de actas será del 65.72%.
Pozo precisó que además se fortaleció a las organizaciones políticas. Dijo que 168 forman parte del registro nacional, 70 están habilitadas para participar en las elecciones de 2017 y más de un millón de firmas verificadas y validadas. Destacó las asistencias, capacitaciones y procesos internos desarrollados.
En cuanto al marco jurídico, comentó que se elaboró y actualizaron 41 normativas y reglamentos; mientras que en el fortalecimiento institucional obtuvieron una certificación electoral ISO, con el aval de la OEA; y, en la ejecución financiera se llegó al 94.14% y una gestión por resultados de 98.03%.
Por otra parte, en 2016 se entregaron cerca de 500 mil certificados de votación, sin costo. Habló de capacitaciones cívicas y democráticas, en especial para las minorías, así como de una importante participación en el contexto internacional, presidiendo procesos.
LILA/pv
“El fiscal general, Galo Chiriboga, pidió al juez nacional Miguel Jurado que llamase a juicio a los 13 procesados en el caso ‘Amada Suárez’. Ella era madre adoptiva de Juan Fernando Hermosa, conocido como el ‘Niño del terror’. La mujer murió el 16 de enero de 1992, mientras dormía en su domicilio. Las investigaciones dijeron que recibió entre 19 y 20 disparos, mientras los policías del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) realizaban un operativo para detener a Hermosa”, esa fue la nota publicada por diario El Comercio, una vez que este caso volvió a salir a la luz, 23 años después de sucedido.
Justamente a este y otros casos se refirió el Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, durante su informe de gestión 2016, que lo hizo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Con respecto a los hechos suscitados en torno a la ejecución extrajudicial de la madre de Juan Fernando Hermosa, siete policías fueron llamados a juicio, en lo que según Chiriboga, es un precedente del trabajo realizado en materia de derechos humanos y citó también el caso Lema, que fue el primero de graves violaciones a los derechos humanos investigado en el país. Cuatro policías fueron sentenciados por torturar a cinco jóvenes en 1998.
1.868 informes con indicios de responsabilidad penal
Para el Fiscal, en 2016 se marcó la diferencia entre un pasado permisivo con la impunidad y un presente en donde se toman decisiones apegadas a derecho, que permiten una lucha ágil y eficaz contra el delito. Dentro de las cifras que maneja Chiriboga están 82 audiencias públicas de fuero de corte, “esta es una experiencia que el país nunca tuvo antes”, aseguró.
Además dijo que la Fiscalía ha procesado a ministros de Estado, asambleístas, jueces y demás funcionarios y que se fortaleció la investigación de los tipos penales como el cohecho, tráfico de influencias y peculado. Insistió que hoy es posible controlar en tiempo real las actuaciones de los fiscales. “Procesamos 1.868 informes con indicios de responsabilidad penal entre 2011 y 2016, gracias a la cooperación entre la Fiscalía y Contraloría. De esos informes, 634 están en investigación previa, 1.907 con diferentes salidas procesales, 245 son sentencia, lo que indica que hay un resultado eficaz en la lucha contra la corrupción”, explicó.
Galo Chiriboga hizo un repaso también por los casos Petroecuador, Odebrecht, Papeles de Panamá, Cofiec, Ecuafútbol, Escatell, Terrabienes e hizo énfasis en los avances en cuanto a la tipificación más precisa del lavado de activos, con lo que existen ya 32 sentencias condenatorias.
Caso Odebrecht
Se hicieron dos allanamientos, existe información recabada acerca de todos los contratos hechos con la empresa brasileña en Ecuador, se hicieron cuatro asistencias penales, un juez pidió que se prohíba celebrar más contratos con Odebrecht mientras duren las investigaciones. Además se cumplirá con una agenda oficial con las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos y se interrogó a todos los funcionarios de esa empresa en el país. “Este caso lo solucionaremos antes que EE.UU nos dé una respuesta sobre ello”, dijo.
Caso Petroecuador
Chiriboga aseguró que existen 24 procesos por diferentes delitos, 39 procesados, 109 investigados, ocho procesos en instrucción fiscal, 21 allanamientos y 17 asistencias penales a diferentes países del mundo. “Es la primera vez que en el país se inicia una investigación penal por corrupción en Petroecuador, a pesar de que siempre se había dicho de asuntos extraños”, insistió.
Chiriboga dijo que ver únicamente lo malo es tener una visión errónea, pues con cifras afirmó que existen avances importantes para hacerle frente a la corrupción.
MC/pv
