El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas publicó, ayer 7 de diciembre de 2016, las observaciones al séptimo Informe Periódico sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, presentado por Ecuador los pasados 8 y 9 de noviembre en Ginebra, Suiza.
En las páginas 1 y 2 de las observaciones finales, el Comité destacó como aspectos positivos “que el Estado parte haya adoptado las siguientes medidas legislativas en ámbitos relacionados con la Convención: la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, la aprobación de la Ley para la Reparación de Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la aprobación de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad”.
En las observaciones se cita “El Comité toma nota con reconocimiento de las iniciativas adoptadas por el Estado parte para modificar sus políticas y procedimientos a fin de mejorar la protección de los derechos humanos y aplicar la Convención, en particular: la ejecución del Plan de Capacitación en Prevención de la Tortura, Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes para las Fuerzas Armadas, la adopción del Protocolo de Atención a Población lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual en Situación de Privación de Libertad, la adopción del reglamento que regula el trabajo en relación de dependencia de las personas que se encuentren cumpliendo una pena privativa de libertad, el traspaso de la gestión y prestación de los servicios de salud en los centros de privación de libertad, la actualización del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres y la adopción del Plan Nacional de Buen Vivir.
El Comité también valora que el Ecuador responda a las numerosas solicitudes de asilo a personas necesitadas de protección internacional y migrantes indocumentados que llegan a su territorio. “De acuerdo con la información proporcionada por la delegación del Estado parte, 60.253 personas han sido reconocidas como refugiados por el Ecuador, en su gran mayoría ciudadanos colombianos”, consta en el documento.
A la presentación del informe asistió Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, mesa legislativa que desarrolló el Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que el legislador, en una de sus intervenciones, resaltó que el COIP establece sanciones severas por el delito de tortura para cualquier persona y que se considera agravante si el delito lo comete un funcionario público.
Andino, también destacó que el Estado ecuatoriano ha legislado sobre un amplio catálogo de infracciones penales que implican tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes como la trata de personas, delitos contra la integridad personal, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, entre otros.
Si desea leer o descargar el documento con las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Ecuador lo puede hacer a través del siguiente link:
Asambleísta por Chimborazo y Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado
