Inicia segundo debate del Proyecto de Ley sobre la Consulta Popular

Martes, 25 de abril del 2017 - 10:27 Imprimir

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió a Santiago Vásquez, director general del Servicio Nacional de Contratación Pública, quien expuso sus observaciones sobre el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, proyecto que se encuentra en análisis en la Comisión.

Vásquez sugirió ampliar la información de proveedores del Estado para saber si entre sus accionistas hay funcionarios públicos y de ser el caso saber si estos tienen bienes o recursos en paraísos fiscales. Además, indicó que si tienen cuentas en paraísos fiscales deberán informar a la Contraloría General del Estado.

También, se conocieron varias de las observaciones que presentaron los asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional en primer debate. Al respecto, la asambleísta Ximena Ponce indicó que en el ámbito de la aplicación de esta ley se incluya a las personas que sean candidatas/os o se encuentren postulando para un cargo público.

Sin embargo, la asambleísta Verónica Rodríguez, explicó que “el hecho de impedir que una persona no pueda postularse para un cargo de elección popular por tener capitales o bienes, de cualquier naturaleza, en territorios o jurisdicciones considerados paraísos fiscales no estaría de acuerdo con la pregunta formulada en la Consulta Popular del 19 de febrero de 2017. Tanto en el texto de la pregunta sometida a Consulta, como en el Art. 1 de este proyecto, se limita la aplicación de esta prohibición a “las personas que ostenten una dignidad de elección popular” y “a las personas que sean consideradas como servidoras o servidores públicos”. En ningún momento se hace referencia a candidatos o aspirantes para un cargo de elección popular.

Por su parte, la asambleísta Mae Montaño dijo que se debería añadir en el artículo 2 sobre paraísos fiscales que “sería pertinente que la norma establezca parámetros mínimos para calificar un país como paraíso fiscal. Se transgrede el derecho a la seguridad jurídica al no establecer parámetros concretos, está presente la arbitrariedad de una autoridad de libre nombramiento y remoción como es el Director General del SRI”.

También, Teresa Benavides, asambleísta, sugirió que en el artículo 8 “dentro de la acción popular, el denunciante que realice una denuncia comprobada tendrá la protección necesaria por parte del Estado”. Sobre la disposición transitoria primera, la asambleísta Ponce dijo que “en caso de que la persona tenga bienes o capitales de cualquier naturaleza en territorios o jurisdicciones considerados como paraísos fiscales y los quiera transferir en favor de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, dicha transferencia no será considerada como válida”.

Estas y más observaciones se continuarán analizando en las próximas sesiones de la Comisión de Justicia para la elaboración de un borrador de informe para segundo debate.

Si deseas escuchar o descargar el audio de la sesión 279 de la Comisión de Justicia lo pueden hacer a través del siguiente link:

Mauro Andino
Asambleísta por Chimborazo Alianza PAIS

Asambleísta por Chimborazo y Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado

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