Las personas tienen derecho a vivir en efectivo goce de sus derechos, por tanto, a un hábitat seguro, saludable; a una vivienda digna y adecuada, subrayaron los parlamentarios de diversas agrupaciones políticas, en la sesión 250 del Pleno, en la cual se tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo.
De su lado, Juan Carlos Cassinelli enfatizó que no se puede repetir el pasado del negocio inhumano en tráfico de tierras, con el enorme sacrificio social que ha tenido en el tiempo, situación que no puede continuar a vista y paciencia de las autoridades. Recordó que en Guayaquil se concentra el 68% de invasiones. Indicó que desde 1993, hasta el 2012, se han legalizado 247 870 predios. “Hablamos de corregir un error que está en la Ley 88 para favorecer a 14 mil familias que se ubican, más o menos en 600 hectáreas. No más asentamientos humanos, irregulares y tráfico de tierras, pues hay que privilegiar lo humano y que la población viva dignamente y no en las condiciones de miseria”, aseveró.
María Alejandra Vicuña recordó que las mafias de traficantes, aupados por caciques locales, se tomaron tierras agrícolas urbanas privadas y públicas. Por ello, la reforma a la Ley 88 contribuye al buen vivir de cerca de 60 mil ecuatorianos y no contradice la política pública de control de asentamientos humanos.
Entre tanto, César Umaginga resaltó que la Constitución determina con claridad que los gobiernos autónomos descentralizados trabajen y ordenen a los territorios y los sistemas de desarrollo, mientras que los traficantes de tierras se han aprovechado de personas inocentes que necesitan un lugar para vivir, lo cual les ha obligado a aceptar propuestas ilegales, al destacar que el proyecto de legalización de tenencia de tierras defiende el interés de la gente pobre.
Mientras, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, en su intervención, aseguró que es evidente la falta de voluntad política para atender al pueblo de Guayaquil, entre 1997 y 2007. La situación de desatención es evidente, dijo. “Hoy con la Revolución Ciudadana queremos dar solución a esta problemática, que en muchas ocasiones fue utilizada solo como aprovechamiento político, sobre todo a las personas en la peor situación de miseria y, en este sentido, resulta que muchos guayaquileños tienen que vivir en condiciones infrahumanas y eso es un atentado a los derechos humanos.
Legalizar las tierras no es llegar con un título en la mano, sino con un plan de vida, con servicios básicos y con un mejoramiento en las condiciones sociales, con espacios verdes, concluyó.
Tras la intervención de Marcela Aguiñaga, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, declaró cerrado el primer debate, con lo cual el proyecto regresó a la Comisión de Gobiernos Autónomos para que continúe su trámite.
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