La Comisión de Régimen Económico se reunirá esta tarde, a partir de las 15:00, para continuar el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria que busca reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el Estado.
El asambleísta Virgilio Hernández, vocal de la comisión, manifestó que en el panel sobre “oportunidades para la economía popular y solidaria” que se realizó en la sede legislativa, el pasado 1 de abril, recogieron las propuestas de diversos sectores involucrados en materia de economía popular, mismas que fueron incluidas en la matriz que se estudiará esta semana.
En este encuentro se señalaron como preocupaciones la necesidad de facilitar el proceso de legalización y también cuando es necesaria la liquidación de cooperativas o asociaciones; determinar con claridad a quien pertenece la economía popular y solidaria; los incentivos; disminuir la tramitología y recoger las iniciativas para fortalecer a los pequeños productores.
Hay que dejar de pensar que la economía popular y solidaria tiene que ser en pequeños montos y marginal. La economía popular y solidaria se la considera siempre para los contratos de ínfima cuantía, pero se debe trabajar en grandes cooperativas que puedan construir las grandes carreteras, los programas de vivienda, los puentes, agregó Virgilio Hernández.
Hay que pensar que la economía popular y solidaria puede hacer grandes cosas, aporta significativamente para la economía del país y para ello hay que fortalecerla, de modo que se convierta en un actor fundamental de la economía dentro del cambio de la matriz productiva, pero también hay otro reto como es el cambio de la matriz de productores, añadió.
Recordó que la propuesta legal tiene, además, como propósito potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y en sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay; establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran la economía popular y solidaria; instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones sujetas a esta ley; y, establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento.
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