Esta mañana, el Consejo de Administración de Legislativa (CAL) resolvió solicitar a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial patrimonial a los 137 asambleístas.
En este contexto la Presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, en compañía de las vicepresidentas Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga, así como de los parlamentarios Fausto Cayambe, Carlos Bergmann y Verónica Arias, vocales del CAL, acudió al despacho del Contralor, Carlos Polit, para entregar formalmente la petición.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), motivados a tomar decisiones institucionales referentes a los últimos acontecimientos ocurridos con una de las integrantes de esta Asamblea, Esperanza Galván, la Presidenta de la Asamblea manifestó que, en la Asamblea Nacional del Ecuador “jamás transaremos, arreglaremos ni pactaremos, con los oportunistas, que han hundido a nuestro país”,
Además, indicó, en este proyecto político de la Revolución Ciudadana y mucho más de la entidad que representamos, la Asamblea Nacional, no tiene cabida ningún acto que pueda ir en detrimento de la institución y del propio proyecto de la Revolución Ciudadana.
Por tanto, acogiendo uno de los preceptos y principios básicos de nuestra institución y nuestra revolución, señalamos que para nosotros la ética en la política va directamente relacionada con comportamientos de vida, los que van, incluso, a generar los nuevos estereotipos de la política que queremos a nivel nacional, sostuvo.
Rechazamos todo acto que vaya en contra de estos principios básicos, determinados en la Constitución y que los hemos acogido como principios de vida misma. De allí, que el CAL, como máximo órgano de administración de la Asamblea, de manera institucional, presenta la resolución para que se realice un examen especial patrimonial a los 137 asambleístas que somos parte de este cuerpo colegiado, expresó.
“Esta entrega la hacemos con el deseo de que sea un incentivo para que desde otras funciones del estado, para que todos los funcionarios públicos, como parte de la ética política, podamos transparentar nuestras acciones de forma permanente”,
Entre tanto, el contralor Carlos Polit explicó los alcances de los artículos 231 de la Constitución y 31, numeral 9, de la Ley Orgánica de la Contraloría, a más de la ley que permite la investigación a las declaraciones de bienes de todo funcionario público en el Ecuador, incluida también la Asamblea.
Anunció que de manera urgente procederá a formar los equipos para realizar la investigación a los bienes patrimoniales de cada uno de los asambleístas.
Las comunicaciones serán enviadas rápidamente, para que los asambleístas puedan entregar la documentación, a fin de que la fiscalización culmine en no más de 40 días y presentar los pertinentes resultados, puntualizó.
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