La Comisión de Gobiernos Autónomos, será el órgano encargado de analizar la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Régimen Especial de la provincia de Galápagos, que contiene 18 observaciones.
El Jefe de Estado hace observaciones a temas relacionados con el principio precautelatorio, al Consejo Consultivo de Manejo Participativo, registro pesquero, propiedad de las embarcaciones, recursos de apelación a las resoluciones administrativas, infracciones administrativas graves, procedimiento administrativo sancionador, entre otros.
En cuanto al Consejo Consultivo, sugiere que diga que es una instancia de participación ciudadana y asesoramiento no vinculante con la administración y manejo de la reserva marina de la provincia de Galápagos. Su conformación se regirá bajo las reglas indicadas en el reglamento que para el efecto emita el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos.
En lo atinente al registro pesquero plantea que la Autoridad Ambiental Nacional, a través de la unidad administrativa desconcentrada a cargo de las áreas naturales protegidas de Galápagos, será la encargada de llevar un registro pesquero de toda embarcación que realice actividades de pesca, incluyendo operación, comercialización o abastecimiento a embarcaciones pesqueras dentro de la reserva marina de la provincia de Galápagos y que el reglamento a la ley establezca un sistema de otorgamiento de permisos para la actividad pesquera en esta provincia.
Además propone que todo acto societario que implique el traspaso del 25% o más del capital social de la persona jurídica, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Compañías, sea autorizado por el Consejo de Gobierno y que una persona jurídica no pueda tener más de un permiso de operación a la vez.
Entre otros aspectos, el Jefe de Estado, sugiere como texto alternativo al artículo 98 que sea sancionado con multa de 50 remuneraciones unificadas que se pagan en la provincia de Galápagos quien contraiga matrimonio o forme unión de hecho con una persona que no posea la categoría migratoria de residente permanente, con la intención de que ésta obtenga dicha categoría migratoria.
Respecto de la insularidad de la provincia de Galápagos plantea que por su condición geográfica, las asignaciones presupuestarias que reciban los gobiernos autónomos descentralizados y el Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos se paguen con un incremento que se calculará multiplicando el índice de precios anual al consumidor con respecto a los precios del Ecuador continental, que se deducirá del monto global entregado, de conformidad con el Cootad.
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