El Palacio Legislativo recibirá este viernes a representantes de alrededor de 30 organizaciones de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo montubio y afroecuatoriano de Pichincha. Los delegados acudirán para participar en la última audiencia provincial, como parte de la consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
El diálogo que mantendrán los miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria con los representantes de las organizaciones se realizará a partir de las 10:00, en el salón José Mejía Lequerica. El organismo legislativo es el encargado de sistematizar las observaciones y recomendaciones de los ciudadanos, previo a la preparación de informe para segundo debate del cuerpo legal.
Con esta audiencia, la Comisión 7 concluirá el cronograma de la segunda fase de la consulta prelegislativa, que planificó visitar a 23 provincias a nivel nacional. Después, recogerá todos los criterios emitidos en las reuniones y tendrá un mes para elaborar un informe, el mismo que se lo debatirá en la tercera etapa, relacionada con una mesa de diálogo nacional.
Por último, con todos los insumos de la consulta prelegislativa, los comisionados elaborarán el documento para segundo debate. El presidente de ente parlamentario, Miguel Carvajal, dijo que podría estar listo a mediados de septiembre de este año.
Carvajal mencionó que la meta es que el país cuente en el futuro con un instrumento jurídico democrático, que contribuya al desarrollo rural, al crecimiento productivo, al buen manejo de los recursos naturales y a la redistribución de tierras a organizaciones de campesinos que no la tienen o aquellas que la poseen de mala calidad.
El proyecto de ley tiene como objetivo normar el uso y acceso a la tierra rural, que debe cumplir una función social y ambiental. Así mismo, regulará la posesión, la propiedad, la administración y la redistribución de la tierra. Estas políticas tienen, a su vez, la misión de garantizar la producción, la productividad y la soberanía alimentaria del país.
De igual manera, reconocerá, adjudicará y titularizará la tierras y territorios en favor de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. El instrumento jurídico también crea un Fondo Nacional de Tierra, que intervendrá en la ejecución de las políticas redistributivas para el acceso equitativo a la tierra por parte de las organizaciones legalmente reconocidas de productores y contribuir a democratizar el acceso a la tierra.
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