La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, propuso mantener una visión horizontal y autocrítica en los diálogos que mantendrán los dirigentes de las organizaciones de los trabajadores y las comisiones legislativas que serán responsables de recoger sus planteamientos y propuestas.
Al inaugurar los “Diálogos con los dirigentes de las organizaciones de los trabajadores por la Justicia y la Equidad”, realizado en el Salón José Mejía Lequerica, la titular del Legislativo agradeció la presencia de dirigentes del Parlamento Laboral, del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Estas organizaciones llegaron a la sede del Legislativo por invitación de las Comisiones de los Derechos de los Trabajadores y de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional, las cuales estarán a cargo de llevar adelante los diálogos con los trabajadores, con el fin de escuchar sus demandas en torno a las reformas laborales y políticas públicas, así como sus propuestas.
En su intervención, Gabriela Rivadeneira recordó que el espacio legislativo dejó de ser el espacio de las élites políticas ancladas a los grupos de poder, al tiempo que reseñó algunos logros en materia laboral de este gobierno como la eliminación de la tercerización; no obstante, dijo, es momento de avanzar el debate de otros aspectos en materia laboral como la jubilación con dignidad.
Además destacó la facultad de controlar y fiscalizar que tiene la Asamblea Nacional; en ese sentido se refirió al pedido del asambleísta alterno y sindicalista, Marcelo Solórzano, de canalizar un proceso de fiscalización con las comisiones legislativas que debería aplicarse especialmente al sector público.
“La invitación que les hicimos es hacer una veeduría y comité entre los sindicatos, instituciones públicas, entre ellas las Asamblea Nacional y las comisiones para hacer un proceso de fiscalización”, mencionó.
Gabriela Rivadeneira pidió a los trabajadores mantenerse atentos, pues los intereses de las élites económicas y políticas del país buscan “invisibilizar” los grandes logros que el Ecuador ha alcanzado en el ámbito laboral, como la incorporación de amas de casa a la Seguridad Social, que aspiran beneficiar a un millón y medio de mujeres. En este sentido mencionó que el diálogo con los trabajadores debe ser horizontal “en la búsqueda de la construcción del poder popular para evitar que las élites políticas puedan arrebatar al pueblo lo que ha logrado”.
Al finalizar las intervenciones de los representantes de los trabajadores y de los asambleístas que integran las respectivas comisiones legislativas, la titular del Asamblea propuso crear una subcomisión dentro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que instale mesas permanentes en donde se cuente con dos representantes por cada central sindical: Parlamento Laboral, Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con el fin de canalizar las demandas de estos sectores.
Precisó además que la Comisión de Enmiendas Constitucionales continuará su trabajo, hasta fin de año, incorporando todas las propuestas y observaciones en territorio. El proyecto de 16 enmiendas incluye una en el ámbito laboral.
Propuestas de sindicalización y contratación colectiva fueron materia de debate en el diálogo
Por el lado de los trabajadores, las intervenciones y propuestas fueron las siguientes:
Marcelo Solórzano, de la Confederación de Trabajadores Públicos del Ecuador, señaló que la enmienda a los artículos 229 y 326 de la Carta Magna es contraria al contenido de los artículos 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referida a la garantía de libertad de asociación sindical y de contratación colectiva.
Virgilio Suárez, de la Confederación de Trabajadores de la Seguridad Social, invocó a desistir el tratamiento de las enmiendas contenidas en los artículos 10 y 11 y su disposición transitoria única. También advirtió que se ha congelado el incentivo de jubilación tomando como base el salario básico del año 2015.
Joaquín Chaluiza, de los Trabajadores del Ministerio de Salud, comentó que este gran proceso de cambios que vive la nación puede caerse si no comenzamos un diálogo serio, de negociaciones. La derecha no puede asumir el papel histórico de la defensa de los derechos de los obreros, precisó.
Jaime Arciniega, del Parlamento Laboral, habló que el inicio del diálogo tiene que cimentar las bases de confianza para poder avanzar en hechos importantes, al subrayar que hay una puerta abierta para posibles despidos intempestivos cuando, de pronto, los dirigentes sindicales dejen sus cargos y las mujeres ya no estén en condición de embarazadas.
Henry Montaño, del Sindicato de Trabajadores de Petroecuador, dijo que participan en el diálogo para la plena confianza que los resultados del mismo permitirán mejorar y ampliar los derechos de los obreros. Al eliminar a los sindicatos se eliminará a la primera línea de defensa de la riqueza nacional, pues fuimos quienes impedimos todo intento de privatización de las eléctricas, de las telefónicas, del petróleo, añadió.
John Reyes, secretario del Comité de Empresa de los Trabajadores Petroleros, destacó el cambio radical en los contratos petroleros a favor del país por parte del gobierno, ya que antes las transnacionales se llevaban el 80% y el Ecuador tan solo recibía el 20%, tras convocar a respaldar el diálogo y, lo que es más, enfrentar los intentos de desestabilización.
Gustavo Zurita, de las Central de Trabajadores Autónomos, mencionó que el Estado tiene una deuda pendiente con ellos y es hora de que se les reconozca la seguridad en sus puestos y la seguridad social, considerando que son el 49,35% de la población económicamente activa.
Liliana Durán, del Foro de Mujeres de la Central Unitaria de Trabajadores, resaltó la lucha constante de miles de lideresas que han marcado la presencia en la vida política y sindical, dejando atrás brechas de desigualdad y exclusión. Aseguró que en ciertas empresas, particularmente de flores, se exige prueba de embarazo previo a la contratación de personal.
