Las nuevas categorías para el magisterio, que van desde la G hasta la A, se ajustan con el criterio del mismo cuerpo legal, que establece que para ingresar al cuerpo docente se debe tener un título profesional de tercer nivel. Así inició su explicación el presidente de la Comisión de Educación, Raúl Abad, sobre el informe no vinculante del veto presidencial a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, durante la sesión del Pleno esta mañana.
La Ley aprobada en la Asamblea eliminó dos categorías, a la H y la I, estas últimas se aplicaban a los docentes que ingresaban como bachilleres y cuya remuneración era de 527 dólares. Con las nuevas reformas quienes inicien su actividad como maestros del sector público percibirán mínimo 817 dólares, siempre y cuando tengan título profesional, en su rama educativa.
Según el veto del presidente, Rafael Correa, la descripción de ese escalafón se la realizará no en la Ley, sino en su reglamento. El Ejecutivo argumentó que éste apartado debe estar en un instrumento jurídico dinámico, que sea capaz de atender las realidades y circunstancias propias de cada momento. Si en algún momento se quiere modificar el escalafón salarial será más fácil hacerlo mediante el reglamento, explicó Abad.
El veto cuenta con elementos más claros para beneficiar al magisterio nacional. Da mayor apertura para el docente y para los padres de familia. Además, el Presidente respeta los criterios que ha dado la oposición en la construcción de la Ley, manifestó Abad, tras recomendar allanarse a todo el cuerpo legal.
Expuso que el veto también esclarece el tema relacionado con el cumplimiento de las 40 horas semanales por parte de los docentes. La Asamblea había determinado que los maestros permanecerán seis horas académicas dentro del plantel, mientras que el Ejecutivo aclara que debe ser seis horas reloj.
En esa misma temática, la Asamblea aprobó que las otras dos horas restantes, el maestro las pueda cumplir dentro o fuera de la institución para actualización, capacitación, planificación, revisión de tareas, entre otras actividades. Pero, en su veto, el presidente Correa propuso que la jornada al interior del plantel puede extenderse hasta ocho horas por requerimiento de la máxima autoridad de la institución, previa autorización de la coordinación zonal. Aquí debe haber una planificación anual, dijo Abad.
En cuanto al incremento remunerativo de los docentes de las instituciones educativas particulares, en proporción con el incremento de las pensiones, Abad explicó que el Ejecutivo considera que ellos se encuentran bajo el amparo del Código del Trabajo y, por tanto, debe haber un acuerdo entre las partes y su remuneración, según el Código, no debe ser inferior al salario básico unificado, es decir, 354 dólares.
El presidente Correa tampoco está de acuerdo que se cree una nueva institución para la producción y reproducción de textos, uniformes, material didáctico, alimentación escolar, entre otras funciones. Planteó que esas gestiones las puede realizar el Ministerio de Educación y que no es necesario crear más burocracia. LM
