El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Fabián Solano, manifestó que el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo estaría listo en septiembre próximo. Aseguró que el tratamiento de este tema ha tomado un trabajo muy intenso, porque se busca entregar una iniciativa clara, expedita y acorde con los principios de la Constitución de la República.
Este proyecto se convirtió en prioridad de la Comisión de Participación Ciudadana, desde que Solano asumió la Presidencia, en mayo de este año. El asambleísta dijo que durante este período han recibido a varias autoridades gubernamentales, juristas, académicos y actores sociales, a fin de recoger los criterios que enriquezcan la normativa. También se han receptado y procesado observaciones por escrito de varias instituciones, añadió.
Solano enfatizó que este proyecto no pretende convertir a la Defensoría del Pueblo en juez, sino en un ente que ayude a resarcir los derechos humanos y de la naturaleza. Este último lo consagra la Constitución de Montecristi. Precisamente, lo que busca este cuerpo legal es actualizarse y armonizarse con los mandatados de la Carta Magna vigente desde 2008, puesto que la Ley de la Defensoría del Pueblo rige desde 1997.
El representante de Bolívar también insistió en que entre los principales cambios que se proyecta es la tutela de los derechos de los migrantes en el exterior. Se prevé que la Defensoría del Pueblo tenga funcionarios en varios países del mundo para cumplir este objetivo.
La iniciativa contiene las normas y principios que rigen a la Defensoría del Pueblo, la estructura institucional, la protección de derechos constitucionales, así como un capítulo de usuarios y consumidores. Las disposiciones reformatorias, transitorias y finales se relacionan, en cambio, con otras leyes como la Ley del Consumidor, Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, entre otras, afirmó Solano.
El asambleísta por el Partido Socialista comentó que espera que el proyecto no tenga resistencia y se apruebe en la comisión por unanimidad. No tiene nada que ver con temas políticos, sino con la tutela de los derechos humanos, señaló.
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