La Comisión de Participación Ciudadana pretende evacuar la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo para luego tratar otros temas que forma parte de su hoja de ruta. El presidente del ente legislativo, Fabián Solano, dijo que en septiembre empezarían a tratar la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Sobre este cuerpo legal aseveró que existen varias iniciativas, entre ellas se plantean temas relacionados con la fiscalización, en donde se clarifican los roles que otorga a la Función Legislativa la Constitución de Montecristi. Uno de los proyectos en esta materia es de autoría de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
La Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, de iniciativa de la Contraloría, se encuentra también en el catálogo que diseñó la Comisión a inicios de su período, en mayo pasado. Para conocer de fondo los argumentos, Solano dijo que entre octubre y septiembre invitarán al contralor, Carlos Pólit. Mencionó que el proyecto busca que los funcionarios públicos se ahorren recursos y esfuerzos al realizar las declaraciones juramentadas en las notarías públicas, sino que lo hagan mediante un formulario de la Contraloría General.
Así mismo, según la ruta que seguirá la comisión, en este año se busca tramitar la reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, Código de la Democracia. Aquí hay temas importantes, por ejemplo, se habla de hacerle más expedito el trámite del voto, con la implementación del sufragio electrónico, afirmó Solano, tras indicar que la mesa se encuentra a la expectativa si hay iniciativas u observaciones sobre el proyecto.
El estudio de las reformas al Código se ejecutará cumpliendo los plazos que establece la Constitución, que determina que no se pueden hacer reformas en esta disciplina hasta un año antes de las elecciones de cualquier dignidad. Los comicios más próximos se realizarán a inicios del 2017, en donde se elegirán al nuevo Presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos.
Por último, la comisión aspira examinar y tratar los proyectos de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La pretende incluir al voluntariado como medida de acción afirmativa y la otra busca dar cumplimiento al principio de interculturalidad.
Todos los proyectos que la Comisión persigue resolver se encuentran para primer debate, con excepción de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y del Consejo de Participación Ciudadana, sobre el principio de interculturalidad.
El asambleísta enfatizó en la necesidad de socializar todas las normativas que se discutan en la Comisión, para, en lo fundamental, hacer partícipe a la ciudadanía, a actores representativos de la sociedad y de entidades gubernamentales. De todos ellos se recogerán las iniciativas y observaciones para construir leyes más expeditas y acordes con las necesidades de la sociedad, afirmó Solano.
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