Durante la instalación de la Mesa de Diálogo Nacional sobre la consulta prelegislativa en torno a los tres temas sustantivos del proyecto de Ley de Tierras, Miguel Carvajal, afirmó que en los mismos existe un acuerdo que bordea el 94%. Dijo que esta normativa, en su conjunto, cumple lo que establece la Constitución.
Los temas que abordó el asambleísta se refieren al mandato de que la tierra rural debe cumplir una función social y ambiental, que se promueva un Fondo Nacional de Tierras, garantizar la soberanía alimentaria y la propiedad de la tierra. Explicó que estos contenidos forman parte del proyecto.
Manifestó que en la iniciativa se determina que el Estado tiene la obligación de apoyar a los campesinos para que produzcan; que puede expropiar y redistribuir las tierras improductivas. Sobre este último punto aclaró que se aplicará para los territorios que tengan más de 25 hectáreas en la Sierra, 75 en la Costa y 100 en la Amazonía. Estas extensiones si no cumplen con la función social o ambiental pueden redistribuirse a los campesinos que no tengan superficies para el cultivo, agregó.
Posterior a esta explicación, el asesor de la Comisión, Diego Pazmiño, expuso los acuerdos y disensos que se generaron en las audiencias provinciales y sobre las que se discutirá en la Mesa Nacional que se instaló hoy en Quito, con 25 organizaciones de tercer grado. En un inicio se habían inscrito 14, pero luego se sumaron 11 más.
En cuanto a los consensos sobre el primer tema, relacionado con el reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, informó que las organizaciones estuvieron de acuerdo en que el Estado debe garantizar el reconocimiento y legalización de la posesión ancestral, mediante procesos de legalización, respetando las características de cada comuna. También que se garantice la propiedad comunitaria de la tierra, la seguridad jurídica de la misma y el ejercicio de los derechos colectivos e individuales.
Pazmiño anunció que también se acordó que los procesos de adjudicación de tierras por parte del Estado deben permitir el desarrollo productivo, la construcción de vivienda rural y el crecimiento integral de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Igualmente, las organizaciones expresaron su acuerdo en que el cumplimiento de la función social y ambiental debe contar con el apoyo estatal, entre otros consensos. Aquí no se registraron mayores disensos sobre los contenidos sustantivos, pero expresaron desacuerdos sobre la autoridad que defina la frontera agrícola
Sobre el reconocimiento del uso y usufructo en territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, el expositor sostuvo que las organizaciones convinieron que este reconocimiento constituye un instrumento de garantía que permite a su titular operar en el sistema financiero público; garantizar la propiedad comunal; el desarrollo de la comunidades mediante el acceso al crédito; y, asegurar la trasmisión de derecho de uso y usufructo de la tierra a los descendientes.
En este tema, afirmó que más que disensos se emitieron pronunciamientos en referencia a las posibles dificultades de operación del certificado de reconocimiento del uso y usufructo de tierras en territorios ancestrales como un nuevo instrumento para garantizar operaciones en el sistema financiero. Los desacuerdos se enmarcaron en el hecho de que no se puede heredar en tierras comunales o comunitarias, porque no se puede enajenar ni dividir el territorio.
En cambio, en la participación social y resolución de conflictos acotó que en las audiencias se expresó la aceptación de los mecanismos de participación social, destinados a estimular el proceso de deliberación pública y el control social, la delimitación y legalización de territorios ancestrales. Así mismo, se reconoció el empleo de métodos alternativos de solución de conflictos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación y control social con que cuenta la organización comunitaria.
Sin embargo, en cuanto a la integración de un Consejo Nacional Agrario con participación de comunas, con voz y voto de las organizaciones de pueblos y nacionalidades forman parte de los disensos, así como la creación de juzgados agrarios para que resuelvan conflictos de tierras.
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