Durante la Mesa de Diálogo Nacional, que se desarrolló hoy en la Asamblea, como última fase de la consulta prelegislativa sobre los tres temas sustantivos del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, el pronunciamiento casi unánime de las organizaciones fue que esta iniciativa requiere de una aprobación urgente. En consecuencia, consideraron que es imperativa una Reforma Agraria, que deje en el pasado la Ley actual, de 1994, a la que calificaron de neoliberal.
Los temas de discusión que concentraron a los participantes se relacionaron a la redistribución de la tierra, la creación de un Fondo Nacional, la soberanía alimentaria, el papel del Estado para fomentar la producción, la legalización de tierras, la función social y ambiental, así como la comercialización.
Sobre la redistribución de la tierra los representantes expresaron su acuerdo, pero pidieron que el Estado levante un registro sobre la cantidad de propiedades improductivas que existen en el país y de cuantas se dispone para la entrega a los campesinos. Muchas tierras están en manos de especuladores, el gobierno debe saber cuantos territorios están en estas condiciones, cuantos están sin producir y cuantos puede repartir, dijo Eduardo Idrovo, de la Fuerza Rural-Fuerza Campesina del Ecuador (FR-FCE). Los exponentes también pidieron que se defina, de una manera más clara, el latifundio y concentración de la tierra.
En cuanto al Fondo Nacional de la Tierra, que esta norma crea, manifestaron que es una buena propuesta, pero plantearon que no esté adscrito al Ministerio de Agricultura, sino que sea independiente. Queremos que este ente sea autónomo, que tenga sus propios recursos, aseveró el dirigente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA), Romelio Gualán, mientras que José Gualaquiza, de la Federación Ecuatoriana Indígena (FEI), comentó que ese ente debe tener una partida presupuestaria propia con cuyos fondos pueda ejecutar mecanismos de expropiación y adjudicación.
Nuestro derecho a crecer y producir ha sido violentado durante todos estos años, hoy nos lo van a garantizar afirmó el representante de la Confederación Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas, Eliseo Olarte, al narrar uno de los consensos relacionados con la función social y ambiental que contará con el apoyo estatal, a través de capacitación, asistencia técnica, tecnología y financiamiento. Por fin vamos a tener derecho al crédito, dijo en referencia al segundo tema de consulta sobre el reconocimiento del uso y usufructo individual o familiar en tierras y territorios ancestrales, que se constituiría en un instrumento de garantía para acceder a créditos financieros.
El reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, también fue el eje que ocupó los discursos de los presentes, considerándolo como imprescindible en el proyecto. Jaime Muñoz, delegado de la Confederación Intercultural Campesina del Ecuador, sostuvo que este derecho es necesario, sobre todo para las mujeres jefas de familia.
Al igual que en las audiencias provinciales, la participación social y ambiental fue una de las temáticas que menor grado de disensos tuvo. Sobre esta temática se pronunció Olarte y planteó que se cree una transitoria que permita la resolución de problemas con terceros.
En términos generales los tres temas de consulta: reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; el reconocimiento del uso y usufructo en territorios ancestrales para esas mismas poblaciones; y, la participación social y resolución de conflictos recibieron el visto bueno de las organizaciones, con aclaraciones específicas como las expuestas.
Sin embargo, entre los desacuerdos se propuso que se establezcan mecanismos más precisos para la legalización y redistribución de las tierras, que el acceso a las mismas tenga un precio social. Así mismo, que precisen los términos sobre el latifundio, la función social, función ambiental y concentración de tierras. También que la soberanía alimentaria debe respaldarse a través de incentivos, apoyo, asistencia y comercialización. Nosotros abastecimos a más del 70% del mercado y necesitamos más atención en estos temas, señaló Gonzalo Cárdenas, de la Coordinadora Nacional de las Organizaciones y Movimientos por la Democracia y el Socialismo.
En definitiva, se trata de construir un modelo de equidad social frente a un modelo que, con la ley de hoy, defiende a los grandes negocios, el monopolio y a las trasnacionales, enfatizó José Agualzaca.
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