La Comisión de Régimen Económico inició el estudio del proyecto de reformas a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos que busca crear un régimen institucional que garantice la efectiva aplicación de las políticas, procedimientos y acciones tendientes a la prevención, control y erradicación del lavado de activos y el financiamiento de delitos.
Según la resolución del Consejo de Administración Legislativa, este organismo legislativo debe llevar adelante el trámite del proyecto para preparar los informes para primer y segundo debates.
Los parlamentarios acordaron llamar a la comisión a algunas autoridades que están vinculadas con esta temática.
En los considerandos del proyecto, que fue enviado por el Ejecutivo, se especifica que el lavado de activos es uno de los mayores flagelos contra la sociedad, por sus nefastos efectos en la economía, en la administración de justicia y la gobernabilidad de los Estados, lo que afecta gravemente a la democracia.
Se señala que la conversión o transferencia de capitales de origen ilícito de un país a otro y su reinserción en el sistema económico, producen graves problemas y favorecen la perpetración de una cadena indeterminada de actos ilícitos e influyen en el incremento de la delincuencia organizada transnacional.
Se especifica que la problemática que enfrenta el país por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, determina la importancia de perfeccionar el marco regulatorio orientado a la sostenibilidad e integralidad de los procesos de prevención, detección, investigación, juzgamiento y erradicación de estos delitos, estando preparados para todas aquellas nuevas amenazas que se presenten a medida que surjan.
Es necesaria la aplicación de todas las herramientas legales, tecnológicas y las coordinación interinstitucional entre las diversas autoridades de supervisión, de inteligencia, policiales, fiscales y judiciales, lo que permitirá identificar las principales amenazas y vulnerabilidades del sistema, crear objetivos y construir acciones dirigidas a combatir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se subraya.
El proyecto modifica el artículo 6 de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos y se determina que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ejercerá la rectoría en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento de delitos. En uso de sus facultades conferidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero emitirá las políticas públicas, la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores para la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, entre otros aspectos.
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