Proyecto que regula declaraciones patrimoniales se debatirá el jueves en el Pleno

Martes, 12 de enero del 2016 - 08:27 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a la sesión No. 364 del Pleno, para el próximo jueves, a las 9h30, con el fin de tratar en primer debate el proyecto de Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas.

El informe fue aprobado por la Comisión de Participación Ciudadana. La iniciativa plantea que la declaración juramentada se presente en un formulario electrónico y, por tanto, se elimina la obligación de elevarla a escritura pública, es decir, ya no sería exigible acudir ante un notario.

También se establece que la declaración es un documento público electrónico con todas las formalidades que exige la ley y que tendrá valor probatorio y legal.

La ley es aplicable para todos los servidores públicos y para quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales en las entidades de derecho público y privado en las que haya participación de recursos públicos.

Según el proyecto, a través la página web de la Contraloría General del Estado los servidores públicos tendrán que ingresar sus activos y pasivos y a decir del Contralor, Carlos Pólit, en su comparecencia en la comisión, se agotarán todas las acciones para que la información se mantenga de manera segura y reservada.

De igual manera, afirmó que esta propuesta no solo que es constitucional y legalmente factible que se la haga en línea, sino que ya existe un caso análogo: la declaración patrimonial que se otorga ante el Servicio de Rentas Internas. Además destacó el ahorro de los recursos económicos que se cancela a los notarios. En el informe se explica que se calcula que el gasto de los funcionarios públicos por este concepto sería de unos 20 millones de dólares.

A través de este instrumento legal también se norma la obligación de actualizar la declaración cada dos años. Hoy lo hacen quienes están expresamente señalados en la Ley: servidores de la Función Judicial, Fiscalía, Servicio de Rentas Internas, Servicio Aduanero, Hidrocarburos, Contraloría General del Estado y Asamblea Nacional, según el documento.

En la normativa se establece la participación de las Unidades de Talento Humano de las entidades. Determina que éstas en los 10 primeros días de cada mes remitirán a la CGE el detalle de los nombramientos, contratos celebrados y cese de funcionarios el mes inmediato anterior. Así mismo, en cuanto a la obligación de entregar información para la confrontación y examen de las declaraciones patrimoniales se reduce el plazo de 60 a 30 días.

La propuesta también incluye nuevos rubros que deben registrarse en el formulario, entre ellos, los derechos fiduciarios, derechos por herencia, de usufructo, depósitos en fondos complementarios previsionales. La novedad en este proyecto es que estarán obligados a declarar no solo los ciudadanos elegidos por votación popular; quienes a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan cargos en el sector público, sino también entidades de derecho privado con participación mayoritaria de recursos públicos.

PV