El rol de la Procuraduría es defender los intereses del Estado en todos los ámbitos, mas no realizar investigación penal, ni emitir política pública en materia de prevención de lavado de activos, dijo el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, al precisar que la regulación de la política pública y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores, para la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, debe ejercerla la Junta de Política y Regulación Monetaria, de conformidad con las facultades conferidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero.
El funcionario expuso este criterio ante la Comisión de Régimen Económico, al fundamentar las razones por las que el Ejecutivo presentó el proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y del Financiamiento del Delito.
Hay que entender que la Junta de Política y Regulación Monetaria la conforman las Superintendencias de Bancos, de Economía Popular y Solidaria, Compañías, Banco Central, instituciones que tienen los insumos técnicos para evitar, en lo posible, que haya cualquier indicio de lavado de activos, aseveró.
Aclaró que la Unidad de Análisis Financiero no se encarga de realizar investigación penal porque esta facultad la tiene la Fiscalía, más bien recibe reportes de instituciones que realizan actividades, por ejemplo compra de oro, de vehículos, bancos, cooperativas, mismos que tienen la obligación de informar sus operaciones. La Unidad hace el análisis y si determina que puede ser inusual algún movimiento, presenta un reporte de operaciones irregulares a la Fiscalía para que realice la investigación respectiva, puntualizó, al sostener que la Unidad de Análisis Financiero debe estar adscrita al Ministerio del Interior.
Precisó que según el proyecto el Consejo Directivo del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses será el ente encargado de la rectoría en materia de investigación de delitos. Estará presidido por el Fiscal, conforme lo establece la Constitución e integrado por el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior. El Consejo estará adscrito a la Policía y se encargará de establecer las políticas a la Unidad de Análisis Financiero sobre cómo encausar las investigaciones.
Los comisionados también escucharon a Cristian Castillo, consejero del Gobiernos de la Presidencia de la República, quien indicó que los actores públicos comparten la idea que la Unidad de Análisis Financiero no debe estar adscrito a la Procuraduría, sino en el ámbito del Ejecutivo, pero que los parlamentarios definirán si se la ubica en el Ministerio del Interior, si su objetivo es fortalecer el sistema de investigación penal; o al Ministerio de Política Económica para potenciar el ámbito de la prevención del delito, fortaleciendo el sector económico.
De su lado, Arturo Cabrera, asesor de la comisión, expuso lo que constituye la Unidad de Investigación Financiera, organismo que cambia de nombre según el proyecto a Unidad de Análisis Financiero. Precisó que es un organismo que se encarga de reunir los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones financieras y otras personas y entidades, analizarlos y difundir los resultados entre los organismos policiales internos, con el fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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