Con la participación de 22 asambleístas quienes dieron sus aportes al proyecto de Ley que Regula a las Compañías que Financian Servicios de Atención Integral y de Asistencia de Medicina Prepagada, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira dio por terminado el primer debate de la propuesta.
Los legisladores al resaltar las bondades de este cuerpo legal dijeron que la propuesta contiene aspectos sobre la cartera de servicio obligatoria, atención ambulatoria y hospitalaria completa, preferencia a las mujeres embarazadas, atención al neonato, exámenes investigativos en el área de la genética, prestación de prevención de la enfermedad con planes y programas en el ámbito de la discapacidad, tarifas reguladas por la Autoridad Sanitaria Nacional, entre otros aspectos.
La legisladora Pamela Falconí, autora del proyecto, tras recordar que alrededor de 850 mil personas están afiliadas a empresas de salud prepagada y que para el 2015 proyectaron una facturación de 460 millones de dólares y pagos por 290 millones de dólares, resaltó que la normativa garantiza el derecho a la salud y ampara a la ciudadanía de clase media que ocupar estos seguros médicos.
El asambleísta Paco Fierro señaló que si bien la propuesta busca evitar los atropellos de estas empresas a los usuarios, es necesario generar la normativa que asegure el acceso al derecho a la salud de todos los ecuatorianos.
María Alejandra Vicuña sugirió la creación del Defensor del Usuario de medicina prepagada que será escogido por la Autoridad Sanitaria Nacional mediante concurso de méritos y oposición. Carlos Bergmann propuso unificar los artículos 39 y 46 del proyecto para regular la solución amistosa y el reclamo administrativo; mientras que el legislador Henry Cucalón dijo que si bien la propuesta busca evitar la discriminación, es necesario que las personas de tercera edad no se los mencione de manera genérica sino que se lo haga de manera específica y detallada.
Mauro Andino indicó que el proyecto recoge en gran medida el clamor ciudadano porque incorpora aspectos como los principios rectores de igualdad, transparencia, oportunidad, la no discriminación por su condición de salud.
Blanca Argüello al precisar que la propuesta está enfocada a garantizar los derechos de los usuarios, mencionó que las empresas pequeñas deberían fusionarse para brindar la atención.
Luis Fernando Torres pidió que se clarifique el tema de los reclamos de los usuarios en casos de inconformidad de los servicios, mismos que se lo debe hacer por la vía civil y no administrativa y que se incorpore el principio de la subsidiaridad.
Carlos Velasco afirmó que no se puede aislar la medicina prepagada del sistema nacional de salud, a fin de tener una ley fuerte que termine con el aspecto mercantilista que generó la normativa de 1998.
Verónica Guevara sugirió que la Autoridad Sanitaria Nacional se encargue de la regulación de los profesionales en el campo de la salud que laboran en las empresas prestadoras de salud prepagada. Por su parte, María Cristina Kronfle recordó que la Ley de Discapacidad prohíbe negar contratos o prestar servicios de medicina a personas con discapacidad; mientras que el parlamentario Bairon Valle señaló que en el artículo 32 se debe incluir el principio de portabilidad para garantizar que sus aportaciones en el momento de reingresar al sistema sean validadas. Ángel Rivero sostuvo que es necesario incluir el tema de la no inhibición, porque las empresas no aceptan a personas en condiciones de emergencia.
Ricardo Moncayo solicitó que se precise que los usuarios no pueden ser eliminados de las compañías de salud cualquiera sea la edad sin previa autorización. La legisladora Rocío Albán señaló la propuesta guarda armonía con el artículo 362 de la Constitución que define a la salud como un servicio público.
Rodrigo Collahuazo recordó que las empresas no dan cobertura a personas con enfermedades catastróficas. Moisés Tacle manifestó que las empresas de seguros desempeñan un rol importante en la sociedad, pero ponen trabas y restricciones.
Mientras que el asambleísta Oswaldo Larriva propuso establecer un seguro de desgravamen. Bayron Pacheco anotó que las letras pequeñas que constan en los contratos son una trampa para los ecuatorianos en materia de seguros de asistencia de medicina prepagada. Fernando Bustamante indicó que es necesario garantizar la confidencialidad del contrato.
María Augusta Calle planteó que se determine la obligatoriedad de las compañías de cubrir el asesoramiento nutricional, tomando en cuenta que no es un problema de estética sino de salud.
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