Asamblea aprobó proyecto que regula las declaraciones patrimoniales juradas

Jueves, 11 de febrero del 2016 - 15:32 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Con 83 votos el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de Ley para la Presentación de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, por el cual se regula y optimiza el proceso de declaración, presentación, registro y control de las declaraciones patrimoniales que deben rendir los servidores públicos al iniciar y al finalizar la gestión y actualizarla cada dos años.

La declaración, será rápida, eficiente, efectiva y gratuita, a través del internet, permitiendo la disminución de trámites, ahorro de recursos y tiempo y mejora los procesos “cero papeles”. Además, es una herramienta que evita trámites engorrosos, combate la lucha contra la corrupción y delitos y simplifica y garantiza la legitimidad de la declaración.

El valor y los efectos jurídicos de las declaraciones electrónicas en línea, otorgadas ante el Contralor General del Estado como autoridad pública competente a través del sitio web de la Contraloría General del Estado, son documentos públicos.

Cualquier funcionario público de manera opcional y voluntaria podrá elevar esta declaración electrónica a escritura pública.

La información constante en las declaraciones patrimoniales juradas será pública y se mantiene la reserva en lo referente a la realización del examen especial de la declaración patrimonial juramentada.

Una vez efectuada la declaración en línea, se notificará al declarante con la constancia de la recepción de la declaración al domicilio electrónico por él señalado.

Previo a la posesión de los cargos de los servidores públicos que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público, las unidades de administración del talento humano, o las que cumplan estas funciones, serán las encargadas de verificar que las declaraciones patrimoniales juradas hayan sido presentadas en la Contraloría General del Estado. Además, realizarán el seguimiento de la obligación de actualizarla cada dos años, así como de presentarlas al finalizar la gestión.

Las declaraciones patrimoniales juramentadas seguirán efectuándose cada dos años como manda la ley, excepto los servidores públicos cuyos contratos sean de servicios ocasionales en donde se ajustarán a las normas previstas en la institución.

Asimismo, estas unidades de administración del talento humano o las que haga sus veces, en los 10 primeros días de cada mes remitirán a la Contraloría el detalle de los nombramientos y contratos celebrados el mes inmediato anterior; así como del cese de funciones producidos dentro de este período.

Antes de la posesión de las y los servidores públicos de elección popular, el Consejo Nacional Electoral o sus delegaciones provinciales exigirán la constancia de presentación de la correspondiente declaración patrimonial jurada en la Contraloría.

En los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Unidad de Vigilancia Aduanera, la Comisión de Tránsito del Ecuador y de las Policías Metropolitanas y municipales del país harán una declaración patrimonial jurada adicional, previa la obtención de ascensos y al momento de su retiro.

El Contralor General del Estado podrá solicitar la actualización o la presentación de una nueva declaración patrimonial jurada a los servidores públicos independientemente que no hayan finalizado la gestión, para fines de comparación con las anteriores, cuando se realice el examen y confrontación por hechos o denuncias.

La Contraloría General del Estado podrá solicitar la declaración patrimonial jurada a terceras personas vinculadas con quienes ejerzan o hayan ejercido una función pública, cuando existan graves indicios de testaferrismo.

El proyecto de Ley ingresó al Consejo de Administración Legislativa (CAL), en mayo del 2013, como iniciativa del Presidente de la Función de Transparencia y Control Social. El informe para primer debate lo emitió la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social en diciembre del 2015. El Pleno de la Asamblea Nacional lo conoció en primer y segundo debate el 14 de enero y el 2 y 11 de febrero de este año, respectivamente.

El documento será remitido en las próximas horas al Ejecutivo para su sanción u objeción.

RSA/pv