Ecuador ya cuenta con un Decreto Ejecutivo para el cumplimiento de los objetivos del Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Este instrumento jurídico permitirá garantizar derechos transversales para este pueblo, sostuvo la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
La Titular de la Legislatura asistió a la firma del Decreto, con cuyo documento nuestro país se adhiere oficialmente al Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024 que lo determinó la ONU. En el decreto se establecen responsabilidades y funciones para generar medidas que permitan la inclusión de este sector social. La justicia, el desarrollo y el reconocimiento de este sector poblacional son los ejes en los cuales se basa el Decenio.
No obstante, los derechos de los afrodescendientes ya se han plasmado en algunas normas que aprobó la Asamblea Nacional. Una de las más importantes es la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, publicada en el Registro Oficial el 7 de julio del 2014. Este cuerpo legal tiene como fin promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto al derecho de igualdad y no discriminación de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos.
Con este objetivo, a través de la Ley se crea, entre otros, el Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades. Este ente participará en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en favor de estos pueblos.
En la actual administración de la Legislatura también se aprobó la Ley de Comunicación, que en el título sobre la regulación de contenidos, prohíbe, en su artículo 62, la difusión de cualquier temática discriminatoria, que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.
A propósito, la Carta Magna establece que nuestro país es un Estado Constitucional de Derechos y, bajo ese paraguas, se cobijan los articulados de las leyes discutidas y aprobadas en el Pleno.
Otra de las leyes que abarcan derechos del sector afrodescendiente es el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de discriminación por actos de odio. El artículo 177 determina que la persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, idioma, religión, ideología, entre otros, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Así mismo, en la Ley de Recursos Hídricos, se crea el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, que es parte del sistema nacional estratégico del agua para la formulación planificación, evaluación y control participativo de los recursos hídricos. Este consejo se integra por los representantes electos de los consejos de cuencas y de los representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, entre otras instancias.
De igual manera, la participación del pueblo afroecuatoriano ha sido fundamental en la construcción de las leyes. Por convocatoria de la Asamblea, a través de consultas prelegislativas, intervino en la construcción de la Ley de Recursos Hídricos y en el proyecto de Ley de Tierras. Este último lo aprobó la Asamblea en enero pasado y después del receso legislativo (del 12 al 26 de febrero) resolverá el veto presidencial.
La Asamblea también convocó a este pueblo para la construcción de los Códigos del Ambiente e Ingenios. Ellos serán consultados sobre temas que podrían afectar sus derechos colectivos.
Garantizar que el Decenio Afro acorte brechas de desigualdad y mejore la calidad de vida es tarea de todos, enfatizó Gabriela Rivadeneira.
En cuanto a su participación en la Asamblea, a través de sus representantes, los afroecuatorinos tienen una presencia de cerca del 6 %, mientras que en su nómina de colaboradores esta institución cuenta con cerca del 2% de servidores legislativos que se han declarado afroecuatorianos.
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