El primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos será el jueves, a partir e las 09h30, según la convocatoria a la sesión No. 375 del Pleno, efectuada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
La Comisión de Régimen Económico realizó el estudio respectivo y aprobó el informe que será puesto a consideración del Pleno. La propuesta tiene como propósito crear una nueva institucionalidad que garantice la efectiva aplicación de políticas, procedimientos y acciones orientadas a la prevención, control y erradicación del lavado de activos y el financiamiento de delitos subyacentes a dicha actividad.
Previo a la elaboración del informe recogieron los criterios y propuestas de diversas autoridades, como el Procurador General del Estado, el Fiscal, Superintendentes de Bancos y de Economía Popular y Solidaria.
A través del proyecto se amplía el número de obligados a proporcionar información sujeta a revisión de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a fin de que las instituciones del sistema financiero y de las actividades y profesiones no financieras designadas serán sujetos obligados a informar a esta unidad, así como aquellas personas naturales y jurídicas que ésta determine en las resoluciones correspondientes.
También se aclaran las atribuciones de las Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en su papel de rectoría en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento de delitos. De igual manera se fortalece a la UAFE, de modo que su actividad no solo se restrinja al análisis financiero, sino a todas las actividades económicas. Estará adscrita a la Presidencia de la República.
La unidad tiene como responsabilidad la recopilación de información, su análisis y la remisión a las autoridades competentes, en caso de detectar operaciones injustificadas y adicionalmente se constituye como contraparte institucional en lo relativo a los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador.
Dispone que el Director General de la UAFE tendrá la obligación de remitir anualmente a la Asamblea Nacional, un informe estadístico con el número de reportes de operaciones inusuales e injustificadas y el porcentaje de aquellos que se judicializaron.
Prevé crear el Consejo Directivo del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses que permite una mejor articulación contra el crimen organizado y el lavado de activos.
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