El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández informó que el proyecto de Ley Sustitutiva a la Ley de Prevención, Detección y Erradicción del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos busca mejorar la prevención y los mecanismos del Estado para poder combatir este tipo de actividades bajo la consideración de que la mayoría de los delitos pueden tener una motivación económica.
Señaló que la normativa se establece para combatir todos los delitos en cadena que inician ilícitamente a partir de los activos provenientes del cometimiento de delitos, que luego buscan mecanismos para el lavado y legitimación de ganancias.
Según señaló el parlamentario Virgilio Hernández, esta ley permite hacer el análisis de los datos relativos a la actividad económica y financiera de todo ciudadano. La iniciativa plantea una reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial para agregar como competencia del Fiscal General del Estado la conformación del sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses que será presidido por la fiscalía y que consta en la Constitución, explicó.
Mencionó que el proyecto busca prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y la financiación de delitos además de que plantea la posibilidad de recuperar aquellos activos producto de delitos generados dentro y fuera del Estado ecuatoriano, tras el hallazgo de los denominados “ROII” (reportes de operaciones económicas inusuales e injustificadas efectuados por personas naturales o jurídicas que no guardan relación con el perfil).
La normativa crea la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que amplía el ámbito de acción a lo económico y establece que, para fines de análisis, las instituciones del sector público tendrán la obligación de permitir el acceso de esta entidad a las bases de datos en los campos que no sean de carácter reservado.
Según el proyecto, las instituciones del sistema financiero y de seguros deberán registrar las transacciones que sean igual o mayores a 10 mil dólares en cumplimiento con convenios internacionales que obligan a declarar ante la autoridad aduanera competente el ingreso o salida de recursos por ese valor.
En cuanto al régimen institucional, será la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la rectora en la política de prevención de lavado de activos y de financiamiento de delitos en reemplazo al consejo que al momento está presidido por la Procuraduría General del Estado, pese a no contar con las atribuciones constitucionalmente establecidas, subrayó Hernández.
El proyecto determina que la UAFE estará adscrita a la Presidencia de la República. Esta instancia tendrá autonomía operativa, administrativa y financiera con jurisdicción coactiva además de la obligación de colaborar con la Fiscalía, Asamblea Nacional y otros órganos jurisdiccionales, excepcionalmente con la Secretaría Nacional de Inteligencia, cuando se trate de persecución al crimen organizado.
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