Marco Morales, presidente del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social y Antonio José Pérez, especialista en Derecho Administrativo, dieron a conocer sus puntos de vista en torno al proyecto de Código Orgánico Administrativo, en la Comisión de Justicia, donde se construye el documento.
Marco Morales consideró que la redacción de la propuesta no utiliza un lenguaje jurídico ecuatoriano, sin tomar en cuenta que en nuestro país existe un buen desarrollo de derecho administrativo tanto en la parte de doctrina como en la parte de jurisprudencia, lo que se debe tomar como base.
Notamos buenas intenciones de avances en el tema, una de las mayores virtudes es la apertura total de la Comisión de Justicia, dijo, al anunciar que en abril se habría revisado el articulado e inmediatamente se podría trabajar en el informe.
Manifestó que es fundamental la existencia de este código, que evitará que tengamos una dispersión normativa, paras todos los eventos de las reclamaciones de los distintos ciudadanos. Hoy por hoy se realiza una reclamación al Municipio con un procedimiento, una reclamación ante el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) con otro procedimiento y así ante las demás entidades estatales, por lo que urge unificar ese tipo de procedimientos, agregó.
Regular relaciones
Entre tanto, Antonio José Pérez destacó que el código es muy amplio, servirá para regular las relaciones entre los administrados (que en adelante se denominarán particulares y ciudadanos) y la administración pública.
También, es clave regular el silencio administrativo, que ha ocasionado cierta incertidumbre, asimismo aprovechar para eliminar vacíos normativos que perjudican a quienes se demandan en los litigios contra el Estado, en el sentido que existen criterios en cada tribunal a nivel nacional, cada juez tiene su criterio.
Finalmente, se mostró partidario de disminuir la discreción de la autoridad respecto de actos arbitrarios, a fin de que los mismos se sometan a la normativa.
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