La Comisión de Justicia, presidida por el asambleísta Mauro Andino, profundizó el estudio del proyecto de Código Orgánico Administrativo y las reformas al Código Penal. Para tal efecto, receptó criterios del Procurador del Estado y de dirigentes del Consejo Ciudadano Sectorial Campesino, respectivamente.
Diego García, procurador General del Estado, consideró que el proyecto de Código Orgánico Administrativo (COA) es ambicioso y viene a solucionar un vacío en el sistema legal ecuatoriano. Es fundamental que la iniciativa sea analizada con mucho detenimiento, a fin de evitar el cometimiento de errores de interpretación en el futuro.
Recordó que por muchos años el país contaba con el estatuto del régimen administrativo, dependiendo de leyes dispersas o normas secundarias que establecían los procedimientos, siendo indispensable un código. Es pertinente sistematizar y armonizar el funcionamiento de los distintos órganos colegiados, definiendo temas como el quórum para la instalación, las actas, elección de integrantes y autoridades, subrogación, etc.
Revisar sanciones en materia de tránsito
Entre tanto, Delia Caguana, presidenta del Consejo Ciudadano Sectorial Campesino Nacional, pidió que se analice en el Código Penal la realidad de los pueblos indígenas, en donde el transporte rural –camionetas- sirve para cargar productos y animales hacia los mercados, pero, hoy por hoy, los dueños y conductores son sancionados con multas de 600 y 1200 dólares y el retiro de seis a 10 puntos en sus licencias.
Estamos de acuerdo que las camionetas estén en prefectas condiciones, para proteger la vida misma de los usuarios, pero no está bien que a los dueños y choferes de las camionetas de transporte comunitario, que son parte de la población del sector, incluso les priven de la libertad por tres o siete días, pagando además abogados. Así nos tocaría volver a los burros para trasladar mercadería a los centros de acopio, advirtió.
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