Código Ingenios paga una deuda social a los pueblos, comunas y nacionalidades

Jueves, 14 de abril del 2016 - 14:02 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

El aprovechamiento de la biodiversidad y de los conocimientos ancestrales, la protección de los recursos biológicos y genéticos, el combate a la biopiratería, la defensa de las semillas, así como los conocimientos tradicionales sobre la tierra, flora, fauna y recursos hídricos fueron algunos de los temas que se toparon en la consulta prelegislativa del Código Ingenios que se desarrolló hoy en Pichincha.

Desde diferentes sectores del país, jóvenes, profesionales, inventores, investigadores, delegados de organizaciones, de instituciones y sociedad civil acudieron al Salón José Mejía, de la Asamblea en Quito, para pronunciarse, primero, sobre los 13 artículos que tienen que ver con los tres temas sustantivos que podrían afectar los derechos colectivos y, segundo, sobre el contenido del código en general.

Sobre los derechos colectivos, las organizaciones reconocieron que a través de esta normativa se está pagando una deuda histórica que el país ha tenido con las comunidades, pueblos y nacionalidades, sobre todo, con el reconocimiento formal a los conocimientos ancestrales. “Los conocimientos están ahí y ahora se los plasma en una ley específica”, enfatizó Rodrigo de la Cruz, del pueblo kichwa y cayambi de Imbabura.

Así mismo, sugirieron que en la ley se establezca que las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades sean los legítimos poseedores de los conocimientos tradicionales y ancestrales y, con ello, tengan el derecho a mantener, fomentar, proteger, controlar y desarrollar los conocimientos que les pertenece.

“Esperamos que con este código se pueda generar políticas que permitan el desarrollo en el campo. Durante 9 años hemos pedido fortalecer los saberes ancestrales, la soberanía alimentaria y las semillas. Hoy es el momento de avanzar en una construcción que permita dar ese sustento a las organizaciones, pueblos y nacionalidades”, acotó Franklin Columba, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), que aglutina a más de 1300 organizaciones de primer y segundo grado.

Romelio Gualán, de la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, mencionó que Ecuador es parte de algunos tratados internacionales y de ahí la importancia que se legisle en esta materia. Pidió, además, que las semillas estén en manos de los campesinos y que se levante una base de datos para declararlas patrimonio.

En tanto, Luis Zimbaña, de la Confederación Intercultural AMARU sugirió que se incluya una disposición transitoria para que las semillas que están en manos de trasnacionales sean revocadas a sus legítimos dueños.

“La información con o sin permiso ha salido del ámbito comunitario, está en centros y universidades de biotecnología de países industrializados. Se debe hacer todo lo posible para que estos derechos estén en poder de las comunidades. Como pueblos y nacionalidades esperamos que con este código se ponga freno a la biopiratería. Tenemos que apostar por un país que deje de ser proveedor de materia prima a ser uno que aproveche sus recursos en beneficio de los propios pueblos”, argumentó, por su lado, Rodrigo de la Cruz.

Temas generales

A la Asamblea Nacional también acudieron otros voceros para referirse a temas fuera de la consulta prelegislativa. Aquí el software libre y la propiedad intelectual ocuparon gran parte de los pronunciamientos. David Ochoa, de la Asociación de Software Libre (SL) del Ecuador, propuso que el Código establezca exoneraciones para la generación de este sistema, pero que no es suficiente. Planteó que se incluyan incentivos para la migración desde lo privado. Explicó que el 75% de las páginas web más usadas en el mundo usan el SL y que lo propio sucede con los servidores que lo usan en un 70%.

La representante de usuarios digitales, Paula Pullas, consideró, en cambio, que se debe impulsar los dos tipos de software, pero priorizar lo nacional.

Que se busquen mecanismos para que la aplicabilidad de la ley sea eficiente, que se garantice el financiamiento para las investigaciones, que se apoye con tecnología para la agricultura sustentable, que se promueva la soberanía alimentaria, que se faciliten los procesos para los registros de propiedad intelectual, fueron los temas que también se plantearon en la audiencia pública provincial de Pichincha.

LM/pv