Después de una amplia discusión, en la que participaron 34 legisladores de diversos partidos y movimientos, concluyó el primer debate del proyecto de Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto. Allí resaltaron la solidaridad del pueblo ecuatoriano y dijeron que la iniciativa se basa en el principio que quien más gana más contribuye.
Según el proyecto, la recaudación de las contribuciones solidarias, para la reconstrucción de infraestructura y reactivación productiva de los lugares afectados por el fuerte sismo, se las realizará a través de algunas alternativas. La una será mediante la donación de un día de sueldo del trabajador público y privado que gana desde mil dólares mensuales, que irá aumentando hasta ocho días, según los ingresos.
El fondo también se nutrirá con la contribución por una sola vez del 0.90% de las personas naturales que tengan un patrimonio igual o superior a un millón de dólares. Aplica también para residentes y no residentes. Las sociedades que son sujetos pasivos del Impuesto a la Renta se solidarizarán con el 3% de utilidades, mientras que la contribución del 1.8% sobre el avalúo catastral de bienes inmuebles existentes en el Ecuador de propiedad de personas jurídicas constituidas en paraísos fiscales o jurisdicciones del exterior, son los otros rubros que sumarán. En todos los casos se excluye a quienes hayan sido afectados por el sismo.
Por otra parte, el proyecto establece incentivos para las zonas golpeadas, como la exoneración del pago del Impuesto a la Renta (IR) a las nuevas inversiones, por cinco años, así como al saldo del 2015 a las personas naturales y jurídicas; rebaja del anticipo al IR para instituciones financieras, en proporción de los créditos otorgados desde el 16 de abril hasta el fin de año; y, la liberación de todo impuesto a las donaciones, así como otros beneficios como la exoneración del RISE a los contribuyentes cuyo domicilio tributario principal se encuentre en las poblaciones afectadas.
Mediante una transitoria se incrementa el IVA al 14% durante un año, pero se exceptúa a las personas naturales que sean consumidores finales y realicen sus adquisiciones de bienes o servicios, en Manabí, en el cantón Muisne y otras circunscripciones afectadas que se definan mediante decreto. Recibirán del Estado un descuento equivalente al incremento de dos puntos porcentuales del IVA pagado en sus consumos.
“No existe golpe a las clases populares”, aclaró Alexandra Ocles, al referirse a que estas alternativas son progresivas y temporales. “No son más impuestos, porque según el Código Tributario las tasas y contribuciones se crearán y regularán de acuerdo con la ley. Es una contribución ya que se hace con fin específico, que es reconstruir las zonas devastadas por el terremoto”, aclaró Virgilio Hernández, mientras Carlos Bergmann dijo que “es momento de la unidad de todo el país. Necesitamos la reactivación económica y la reconstrucción de bienes perdidos en las zonas afectadas”, acotó.
Propuestas desde el Pleno
La remisión de capital e intereses por un monto de hasta 15 mil dólares de deudas con el BNF y CFN y la concesión obligatoria de nuevos créditos, según la capacidad de pago; que el Ministerio de Agricultura presente un plan integral para la recuperación de los campesinos, artesanos y pescadores; que se contemple incentivos para esos sectores; que se contrate mano de obra, bienes y servicios locales; y, que se exonere del IR para la nuevas inversiones productivas fueron algunas de las propuestas que se plantearon en la primera jornada.
En la mañana también se propuso que se cree una zona especial de desarrollo económico para los cantones Manta, Montecristi, Jaramijó y Portoviejo y que se extienda los beneficios de la ley a toda Esmeraldas o a otros cantones de esta provincia. Así mismo, que el fondo de recaudación sea fiscalizado por la ciudadanía y que el mismo esté integrado por otros sectores de la sociedad civil.
“El cambio en varios artículos permitirá que todas las zonas que han sido afectadas en menor o mayor grado sean beneficiarias”, sostuvo la legisladora por Santo Domingo de los Tsáchilas, Johanna Cedeño.
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