En el debate del proyecto de Ley Solidaria y de Corresponsabilidad, se planteó definir una comisión especial de la Asamblea Nacional para control y seguimiento de ayuda solidaria; que cada 6 meses se realice la auditoría por parte de la Contraloría General del Estado; la creación de un Fondo Nacional; trabajo para los manabitas; y que el ministerio de Finanzas cancele las deudas de las personas naturales y jurídicas damnificadas.
Asambleístas de las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos que también resultaron afectadas por el terremoto pidieron que se incluya a estas jurisdicciones en los beneficios de la ley.
William Garzón, de la provincia Tsáchila, al indicar que la norma es de fundamental importancia para el país, pidió que se amplíe el ámbito de la aplicación de la ley a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Pamela Falconí, de la provincia de Los Ríos, planteó una comisión especial de la Asamblea Nacional para el control y seguimiento de la ayuda solidaria y que cada 6 meses la Contraloría General del Estado presente el informe de auditoría.
Al advertir que el terremoto puso en evidencia problemas en el ámbito del ordenamiento territorial, pues muchas de las casas de colapsaron fueron construidas en lugares no apropiados. En Babahoyo se habla de un promedio de 155 casas dañadas, mismas que se construyeron en zonas de riesgo, afirmó. Manifestó que la ayuda es efectiva, no solamente con recursos, sino con voluntad política.
Mientras que Gabriel Rivera, de la provincia de Esmeraldas, expresó que esta revolución, es sin lugar a dudas, la revolución de la reconstrucción, sobre todo de las zonas afectadas por el terremoto. Exhortó a los asambleístas a que se vistan con la bandera de la solidaridad.
Mae Montaño, de representación nacional, aseguró que Esmeraldas necesita de acción afirmativa para convertir esta situación en oportunidades de desarrollo.
“Esmeraldas ha sido castigada por la marginación, por la inclemencia de la naturaleza, condiciones que la llevan a tener debilidades, como el desempleo en crecimiento, falta de desarrollo productivo, pero nos levantaremos sin humillarnos”, finalizó.
La manabita Grace Moreira, al precisar que su voto será favorable sin razonamiento político, señaló que el país necesita de un gobierno sensible que administre de forma responsable los recursos del Estado, genere plazas de trabajo y continúe la ayuda.
Pidió trabajo para los manabitas y que se disponga que el Ministerio de Finanzas cancele de manera urgente las deudas que mantiene con las personas naturales y jurídicas damnificadas y de esta manera rehabilitar en gran parte el movimiento económico.
La tragedia necesita poner lo mejor de cada uno de nosotros, requiere respuestas rápidas eficientes y oportunas, subrayó la legisladora Paulina Padrón, de Cañar. Pidió actuar con firmeza para la reconstrucción y pensar en los hermanos que fueron afectados, enfatizó.
En tanto César Solórzano se refirió a la eliminación de los fondos de ahorro. Propuso la creación de fondo nacional para atender eventos catastróficos y riesgos, mismo que nutrirá con el aporte de de las utildades de las compañías de reaseguro, de medicina prepagada y otros sectores de la economía.
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