La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, argumentó en el Pleno de la Asamblea Nacional, que las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) se amparan plenamente en la Constitución, son coherentes con la responsabilidad ética que deben tener los legisladores con la ciudadanía, y permitirán hacer más eficientes los procesos de fiscalización del Parlamento.
La principal del Legislativo recordó, en el marco del primer debate a la LOFL, que su iniciativa de reformas -que abarca 57 artículos- fue presentada inicialmente el pasado 21 de abril de 2014 a la Comisión de Participación Ciudadana, la cual promovió un debate amplio en el que intervinieron con sus propuestas legisladores de distintos partidos y movimientos políticos.
“Al estar al frente de la Asamblea Nacional, gracias al apoyo y la confianza que me ha dado mayoritariamente este Pleno, hemos podido identificar en la práctica cotidiana del ejercicio de la administración de esta función del Estado, ciertas falencias, debilidades y vacíos”, manifestó.
Precisamente las reformas apuntan a solventar, con una legislación más eficiente y transparente, estos vacíos en varios ámbitos, explicó. Los asambleístas, al ser elegidos por los ciudadanos, dijo, “tenemos una responsabilidad superior al ser sus representantes, lo que quiere decir que el 80% del tiempo de los parlamentarios tiene que estar dedicado a sus tareas de legislación y fiscalización”, por lo que la norma plantea que se sancione, de manera progresiva e incluso con la destitución, a legisladores que acumulen hasta un 40% de faltas injustificadas a sus labores, tanto a comisiones como a las sesiones del Pleno.
“Me ratifico en este día y en este debate, en que esta es una medida totalmente constitucional y amparada en los márgenes de la ética política y el profesionalismo y entrega de nuestro trabajo en la Asamblea Nacional”, sostuvo.
Otro aspecto relativo a las reformas, expresó Gabriela Rivadeneira, se deriva del caso de una asambleísta que fue privada de su libertad (Esperanza Galván), como medida cautelar frente a un proceso judicial. En este tema, dijo, se hizo evidente un vacío en la Ley, por lo que en las reformas se plantea un procedimiento que permita a la Asamblea Nacional principalizar al legislador alterno de manera inmediata, ante un caso extraordinario.
Por otro lado, “la Asamblea Nacional ha mantenido en este período de gestión, las puertas abiertas a las iniciativas ciudadanas, con sesiones en territorio y mecanismos de acercamiento a los pueblos y comunidades como la Consulta Pre-legislativa”, reconoció Gabriela Rivadeneira. Por ello, la reforma a la LOFL, propone que este instrumento sea considerado vinculante en el tratamiento de una Ley. Con ello, los pueblos, nacionalidades, organizaciones sociales y comunidades deberán pronunciarse el momento en que se trate una Ley que pudiera afectar en alguna medida sus derechos.
“Consideramos importante que la Ley Orgánica de la Función Legislativa contemple la Consulta Pre-legislativa como un procedimiento válido de construcción de una co-legislación responsable y al servicio de la población”, manifestó Rivadeneira.
Finalmente, la titular del legislativo se refirió a otras reformas que buscan transparentar y agilitar la facultad de fiscalización que tiene la Asamblea Nacional como institución. En ese sentido explicó que el concepto de fiscalización y su procedimiento va más allá de posiciones individuales, debiendo cumplir con características muy claras: ser permanente, preventivo y correctivo.
Recordó que por primera vez en la historia se puede dar seguimiento a las solicitudes que hacen los legisladores a las funciones del Estado para garantizar el cumplimiento de derechos ciudadanos, y que se pueden ver en la página web de la Asamblea Nacional. Un procedimiento técnico que prioriza los resultados a la ciudadanía, antes que promover el show mediático, el chantaje o la persecución política, especificó.
“Por primera vez en la historia de esta Función Legislativa hemos podido dotar de una herramienta real, transparente, verídica del accionar fiscalizatorio de los 137 asambleístas, Cuando empezamos esa fiscalización por la solicitud de información que busca tener una medida preventiva hacia la posible afectación o falta de cumplimiento de una ley o de una política pública”, agregó.
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