La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, explicó que las propuestas de reformas a la Función Legislativa se enfocan en los ámbitos disciplinario, de fiscalización y de garantías de la participación ciudadana en el tratamiento de las leyes. Esto con el fin de mejorar el funcionamiento de la Legislatura.
En el programa radial “Contigo de Ley”, la principal del Parlamento, recordó que abril de 2014, así como en abril pasado, presentó a la Comisión de Participación Ciudadana un paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), una vez pudo detectar ciertos vacíos en la normativa, las que se complementaron con aportes de distintos asambleístas.
Según Rivadeneira, los vacíos se presentan sobre todo en el tema disciplinario, en donde se ha sentido la ausencia de los legisladores principalmente a las reuniones en comisiones, así como a las sesiones del Pleno.
Explicó que si bien planteó en su propuesta la destitución de un asambleísta en caso de registrar un 40% de faltas injustificadas, la Comisión de Participación Ciudadana propuso que esta suspensión se pueda dar de modo progresivo, primero con una suspensión temporal, luego con una sanción económica y finalmente con la pérdida de su curul.
En cuanto a otras reformas, se refirió a la consulta prelegislativa. Actualmente este mecanismo permite incorporar en el tratamiento de las leyes los insumos de la ciudadanía; sin embargo, con las reformas a la LOFL serían vinculantes los aportes y sugerencias de los distintos grupos y colectivos ciudadanos que sientan vulnerados sus derechos. Esta reforma permitiría, señaló, a la ciudadanía “empoderarse de las leyes”, más allá de cumplir con un trámite.
Otra de las propuestas esenciales tiene que ver con la fiscalización, en este sentido explicó que ésta responde a una nueva visión de la Legislatura, pues históricamente, herramientas como el juicio político han sido utilizadas como “chantaje político” y “show mediático”. Citó como ejemplo de ello los chantajes a los que se sometían los gobiernos de turno y los ministros o altos funcionarios para evitar ser enjuiciados políticamente en el pasado Congreso Nacional.
Hoy, puntualizó, la propuesta es que la fiscalización siga teniendo un carácter permanente, con el fin de que los asambleístas puedan pedir información respecto de la gestión de un funcionario público y constatar si se cumplen los derechos ciudadanos que amparan las leyes o las políticas públicas.
Precisó que se busca armonizar la LOFL con la Ley de Transparencia, para que un funcionario responda a las solicitudes de información en el plazo de 10 días y no de 15, como actualmente señala la normativa.
La fiscalización, explicó, prioriza las respuestas que dé un funcionario por una denuncia determinada de un asambleísta. Si luego de pasar por un proceso, éstas no son satisfactorias, el caso es remitido al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que a su vez puede puede enviarlo a la Comisión de Fiscalización, la cual determinará si se da paso o no a un juicio político. Citó en este punto el caso de las comparecencias de los ministros de Cultura, Justicia, del Fiscal del Estado, del director del Registro Civil, realizadas el año pasado, en las que en su calidad de asambleísta solicitó con el fin de escuchar las respuestas de cada sector en torno a la Aplicación de la Ley de Víctimas.
Indicó que el proceso establece que la Presidencia de la Asamblea Nacional se encargue de tramitar las solicitudes de fiscalización, las cuales bordean las 4.300 solicitudes. Señaló, asimismo, que los ciudadanos pueden acceder a la página web de la Asamblea para conocer con certeza todos los procesos de fiscalización que se llevan adelante en la Legislatura.
Finalmente, precisó que el caso extraordinario de Esperanza Galván motivó que en las reformas a la LOFL se establezca una norma que permita la principalización de un alterno en casos excepcionales como el de un asambleísta que tenga una medida cautelar como la privación de su libertad (artículo 115). En este tema manifestó que existe un vacío legal y que el CAL pudo suspender los pagos a Galván una vez que la Contraloría emitió su informe borrador.
En relación a los viajes al exterior de los legisladores, manifestó que el 40% de estos gastos son cubiertos por las instancias interparlamentarias y otros organismos en los que los legisladores son designados, por decisión de estas mismas instancias. Esto permite al Ecuador plantear sus propuestas en diferentes espacios de representación mundial o regional como el Parlatino.
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