La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, explicó que la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios, considerada económica urgente, apunta a la reactivación económica de varios sectores del país sin que implique más impuestos. También refirió que las reformas a la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tienen un tratamiento transparente y buscan cerrar brechas y desigualdades al interior de la institución.
La Ley Orgánica de Incentivos, explicó Gabriela Rivadeneira en su programa semanal “Contigo de Ley”, es una alternativa del Ecuador para mantener el equilibrio fiscal frente la crisis global y la caída del precio del petróleo y principalmente proteger a la empresa privada, como generadora de fuentes de empleo y procesamiento de productos.
En este sentido precisó que la normativa propone incentivos tributarios para las empresas que favorezcan la inclusión de todos los trabajadores en el sistema de medicina pregapada, no solo a nivel gerencial. Esto principalmente por los beneficios que supone la salud prepagada a nivel preventivo.
“Se propone como incentivo que todos los trabajadores de su nómina estén en el sistema de medicina prepagada y para eso el Estado otorgue un incentivo dentro de la deducción de gastos”, puntualizó. Señaló como ejemplo que para las pequeña y mediana empresa se busca alcanzar una cobertura del 100% para los trabajadores, mientras que para las grandes empresas un 50%, en función de la capacidad de pago real de cada una.
Asimismo, Gabriela Rivadeneira recordó que esta propuesta tienen consonancia con la gestión de control del Ministerio de Salud Pública a las empresas prestadoras de servicios, tras lo cual cerca de 150 mil personas nuevas ingresaron a la Medicina prepagada. Con ello, dijo, son cerca de un millón de ecuatorianos(as) ligados a este sistema.
Pero la propuesta de Ley también busca estimular a dueños de unidades de transporte locales e interprovinciales para que se formalicen, con la exoneración de impuestos, motivando una mayor democratización de la adquisición de transportes y la inversión en este sector, beneficiando el cooperativismo. “Esta Ley trae un incentivo que prácticamente contempla la exoneración del impuesto a la propiedad para vehículos de servicio público de propiedad de choferes profesionales, a razón de un vehículo por cada titular”, acotó.
El tercer y último artículo de la Ley tiene que ver con la estandarización de impuestos ex aduana, esto principalmente en relación a productos importados, con el fin de mejorar los procesos de desaduanización de productos. En este sentido recordó que que en las últimas semanas, el Gobierno ha anunciado la revisión de la tabla de salvaguardias, en relación a 27 productos que se importan. “Esto es parte de la armonización de las normas nacionales con los estándares internacionales, que ya tiene protocolos en cuanto a bienes”, refirió.
La titular del Legislativo fue enfática en señalar que en 9 años no ha habido un incremento de impuestos, y más bien se han eliminado 11 y reformado 7, con mayores controles y cumplimiento en recaudaciones tributarias, impidiendo la evasión.
Los beneficios son múltiples y no solamente tributarios, uno de los mayores problemas que tenemos en la transportación es el nivel de informalidad que todavía se aprecia, especialmente en las ciudades más pequeñas, agregó la presidenta de la Asamblea.
Reformas a Seguridad Social de Fuerzas Armadas
En torno a las reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en manos de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, la principal de la Legislatura indicó que éstas buscan fundamentalmente que se cumplan principios de equidad, justicia social y de reducción de brechas de desigualdad, en coherencia con las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional en este período de gestión.
Reiteró su llamado a “no politizar el tema”, pues hacerlo sería un grave error. Expresó que el Legislativo ha realizado reformas en el ámbito de las Fuerzas Armadas en el marco del respeto, con total transparencia y de manera cercana, contando con la presencia de representantes de la institución y ministros de Estado, por lo que, insistió, esta normativa sigue el mismo trámite.
Precisó que las reformas a la Seguridad Social se realizarán de manera técnica y buscan que el pago de pensiones jubilares sea equitativa entre todos los miembros de Fuerzas Armadas, respetando la jerarquización interna y las cadenas de mando. Reflexionó en este sentido que la “jerarquización no significa mantenimiento de privilegios”.
Citó como ejemplo de esta desigualdad que mientras la pensión de un general que se retira sobrepasa los cuatro mil dólares, la pensión máxima de un ciudadano alcanza un máximo de dos mil dólares.
También indicó que las reformas buscan que se beneficie o eleve las pensiones de la tropa, de modo que puedan irse actualizando mientras se congelan las pensiones jubilares del nivel más alto. “De este modo vamos a ir cerrando brechas de inequidad”, puntualizó.
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