La vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mariangel Muñoz, destacó que el proyecto de Código Administrativo, que se analiza en la Asamblea Nacional, crea una serie de disposiciones legales que simplifican los trámites y por ende conllevará a una seguridad jurídica.
La legisladora explicó que la ciudadanía se encuentra en la administración pública con trámites largos, engorrosos, tediosos y en muchos casos no sabe a dónde recurrir ni cómo realizar los procedimientos, lo que ha afectado enormemente a la administración pública, a la seguridad jurídica y a los derechos de los ciudadanos.
Mariangel Muñoz señaló que el Código Administrativo desarrolla principios elementales y fundamentales de la Constitución como la eficacia, eficiencia, transparencia, participación y planificación.
El Código establece un procedimiento administrativo general para todas las actividades desde sacar una licencia ambiental hasta llevar una coactiva por la falta de pago de las pensiones en la seguridad social, es decir, aborda absolutamente todos los actos dentro de la administración pública, antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, explicó.
Indicó que el interés de la Comisión de Justicia es llegar a los territorios, para lo que planificarán una ruta de socialización y participación, porque si bien el Código es bastante técnico, no le aleja al ciudadano común estar involucrado en el debate.
Al reiterar que actualmente en el país en muchas instituciones públicas se crea un caos al realizar un trámite, manifestó que la Constitución entiende a la administración pública como un servicio a la colectividad en donde el ser humano es el centro y eje principal de todo el servicio.
El código contempla la simplificación y agilidad en trámite de los procedimientos administrativos en beneficio de los ciudadanos y la satisfacción colectiva; es una norma reguladora del procedimiento administrativo y disciplinará las relaciones entre las personas y las administraciones, añadió.
El proyecto contiene 4 libros, 318 artículos, 14 disposiciones generales y 8 transitorias y ha sido minuciosamente debatido desde la academia, profesionales involucrados en la rama, gobiernos autónomos descentralizados, Procuraduría, Contraloría, instituciones estatales, funcionarios públicos que han dado sus puntos de vista.
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