Las audiencias públicas provinciales de la consulta prelegislativa del proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, iniciarán el próximo martes 25 de octubre. Un grupo de legisladores acudirá a Cotopaxi y otro a Santa Elena. Allí representantes de comunas, comunidades, pueblos afroecuatoriano, montuvio, indígena y nacionalidades del país, darán sus observaciones a los temas sustantivos y al contenido del cuerpo legal, mientras que los parlamentarios expondrán los consensos alcanzados con las organizaciones de primer grado.
El grupo liderado por el asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, conjuntamente con los parlamentarios Mónica Alemán, Ricardo Zambrano, Esthela Acero, Liuba Cuesta, Marcia Arregui y Pavel Chica, desarrollará la actividad en el Salón de Postgrado de la Universidad Península de Santa Elena, en la vía principal en el catón La Libertad.
Mientras que el grupo liderado por el legislador Mauricio Proaño, vicepresidente del organismo legislativo, en compañía de los asambleístas Ramiro Vela, Rosa Elvira Muñoz, César Umajinga, Lourdes Tibán y Esther Ortiz, estará en Latacunga, específicamente, en el Salón de la Democracia, ubicado en las calles General Proaño y Sánchez de Orellana.
Los tres temas sustantivos sometidos a consulta prelegislativa hacen referencia a diálogos y saberes de conocimientos ancestrales; agrobiodiversidad y semillas; y, garantía de derechos y participación ciudadana.
En el informe de la compilación de resultados provinciales de la primera fase de la consulta se señala que el porcentaje de consensos (94%) son superiores a los disensos (3%), y un 3% no contestó, en relación a los tres temas sustantivos. Se destaca que los disensos registrados serán considerados y debatidos en el curso del proceso de construcción legislativa del proyecto de ley, conjuntamente con las materias involucradas en el articulado.
Mauricio Proaño precisó que es necesario conocer las causas que motivaron a las organizaciones sociales estar en desacuerdo con el contenido de las normas sometidas a consulta y así mismo, conocer las razones por las cuales se abstuvieron de pronunciarse sobre determinadas materias contenidas en el articulado sometido a consulta. El objetivo sustancial es estructurar un proyecto con amplia participación ciudadana y eficaz para satisfacer las necesidades que demanda el desarrollo rural.
Recordó que a nivel nacional participarán 550 organizaciones. De ellas 499 son de primer grado; 43 de segundo grado y 8 tienen carácter de nacionales.
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JLVN/pv
