Luego de 13 intervenciones y cerca de tres horas, terminó el primer debate del proyecto de Ley del Sistema Nacional de infraestructura Vial del Transporte Terrestre. Dentro de los puntos relevantes se habla de plantear en la normativa de forma clara, principios como la eficiencia, calidad y justicia en la planificación y determinación de la infraestructura vial, además de clarificar a quien beneficia y las responsabilidades que se distribuyen a cada nivel de gobierno en materia vial.
La asambleísta Ximena Ponce fue enfática al asegurar que es necesario que consten en la ley elementos que tengan que ver con movilidad alternativa, como ciclovías y también zonas para el tránsito de peatones. Además pidió que dentro de los estudios de impacto ambiental y seguridad vial, se incluya el de impacto social. “Cuando se construye una carretera, la vida de mucha gente cambia y eso también hay que tomar en cuenta”, explicó.
Luis Fernando Torres, legislador de Tungurahua, hizo un repaso por las obras viales más importantes en su provincia y también hizo notar las trabas que existen por la Ley de Caminos, vigente desde 1964. “Es necesario que se reforme la norma, para tener mejores instrumentos que permitan que obras de infraestructura vial no queden estancadas”, dijo. Sin embargo, se mostró contrario a que dentro de la normativa se contemple una contribución por mejoras en beneficio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pues según explicó, en la actualidad, una vez terminada la obra se envía a peritos para que hagan una evaluación. “Debemos reflexionar sobre el alcance del derecho de vía, para que no se limite el derecho de los afectados a ser compensados”, aseguró.
Coincidencias
Tanto el asambleísta Mauro Andino, como la legisladora Liliana Guzmán, coincidieron en los avances en vialidad en la última década. Guzmán aseguró que son 9 mil millones de dólares invertidos en vialidad estatal y dijo que es una cifra histórica, mientras que Andino recordó los tiempos en los que “no habían vías, sino caminos”. Los dos legisladores aseguraron que se trata de un acierto contar con un Sistema Nacional de Vías. “El proyecto reemplaza una ley caduca, garantiza y da prioridad de acuerdo a las competencias de los niveles de gobierno para que ejecuten controlen y mantengan la infraestructura vial del país. Además permite que todos los niveles de gobierno sepan cómo administrar y planificar la vialidad y se garantiza el servicio público de transporte terrestre con calidad y eficiencia”, aseguró Guzmán.
Pepe Acacho dijo que dentro de las competencias se habla solo del Gobierno Central y gobiernos seccionales y se preguntó qué sucedería si se crean las circunscripciones territoriales indígenas que tendrían la capacidad de construir vías en las comunidades. Pidió que se agregue que también será facultad construir y administrar las vías dentro de los territorios indígenas.
El asambleísta Raúl Tobar cerró la jornada de debate con una moción: que en el régimen sancionatorio se incluya a los organismos que demuestren falta de trabajo en las mejoras de infraestructura vial.
Todas las observaciones las recogerá la Comisión de Gobiernos Autónomos que deberá recibir todos los insumos necesarios para construir el texto del informe para segundo debate.
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