Con 90 asambleístas presentes, a las 10:23 se instaló la sesión del Pleno, para continuar el segundo debate del proyecto de Ley de Cultura, en el que los asambleístas coinciden en la importancia de crear un fondo de cultura, ya que sin financiamiento es imposible que la normativa se aplique. Otro de los puntos topados fue la inclusión de un procedimiento sancionador.
Para los asambleístas de la provincia de Tungurahua una de las preocupaciones es el funcionamiento de la Casa de Montalvo. Esteban Torres asegura que si la ley se aprueba tal como está, se imposibilitaría su normal desenvolvimiento, porque chocaría con la normativa para la creación de la Casa de Montalvo de 1989, que la nueva normativa no deroga. Con ese criterio coincidió Betty Jerez, para quien es necesario garantizar la estabilidad de la entidad, que nació de los ciudadanos y se juntó al apoyo estatal. “Para los pueblos y nacionalidades esta ley es un avance, porque se garantizan los derechos ancestrales, pero hay puntos que deben considerarse”, aseguró Jerez.
La Legisladora Alexandra Ocles dijo que la aprobación de esta ley es una deuda pendiente de la Constitución de 2008 y que ordenar el Sistema Nacional de Cultura le permite al país crear una serie de políticas culturales que incidan en el cambio de las formas de convivencia y patrones culturales, que para ella, son una herramienta vital para regular esas normas. Sugirió a la Comisión de Educación y Cultura que se incluya a los pueblos y nacionalidades. Además pidió que en lo que respecta a la Compañía Nacional de Danza, se le otorgue autonomía administrativa y financiera.
Sanciones
El asambleísta Virgilio Hernández hizo varias puntualizaciones. La principal tiene que ver con el Régimen Laboral, pues según explicó, a través de esta ley no se puede generar un Régimen Especial para los gestores culturales que ya están formalizados. Además hizo notar que se establece un régimen de sanciones, pero no existen artículos que indiquen un mínimo procedimiento sancionador, lo cual para Hernández, la volvería inconstitucional. “La persona no tiene derecho a impugnar y seguir el debido proceso en caso de que se establezca una sanción, por lo que para salvar un tema de inconstitucionalidad, deben establecerse artículos de un procedimiento sancionador”, dijo.
Para Marisol Peñafiel, esta normativa planteada por iniciativa del Ejecutivo en 2009 se construyó en los diferentes espacios ciudadanos. “Se recogieron propuestas de los diversos sectores, para terminar con alrededor de 17 normativas dispersas y reglamentos inservibles, que no permitían cumplir lo que dice el texto constitucional, la creación de un sistema que garantiza derechos en lo que respecta a la cultura. Un sistema que sea operativo, eficaz y garantista”, explicó.
Otra de las propuestas llegó de la asambleísta Dora Aguirre, quien pidió que también se incorporen observaciones realizadas por escrito, para que los ecuatorianos residentes en el exterior estén integrados y que el Registro Único de Gestores Culturales esté abierto para quienes residen en el exterior.
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