Luego de la intervención de 24 legisladores en dos jornadas de trabajo, concluyó el segundo debate del proyecto de Ley de Cultura. En el análisis de la propuesta los parlamentarios resaltaron el alcance y contenido de la normativa que beneficia a los ecuatorianos y sobre todo a los actores, gestores y promotores culturales del país.
El asambleísta Diego Vintimilla resaltó la importancia de incorporar a los ciudadanos en movilidad humana para que sean partícipes de los derechos en materia cultural con la posibilidad de que sean parte del registro único de artistas.
Destacó el logro alcanzado a favor de quienes trabajan en el ámbito del arte y la cultura, pues se establecerán políticas laborales especiales y específicas para el sector; la seguridad social flexible para actores, gestores y promotores culturales; la certificación de competencias con mecanismos de profesionalización, pues en otras carreras existe este particular pero para los artistas y gestores culturales no ha habido.
El parlamentario pidió que en la normativa se tome en cuenta la producción cultural independiente, es decir la que se realiza por parte de los actores y artistas por fuera de cualquier institución sea reconocida como un elemento central en la Ley de Cultura como parte constitutiva y diferenciada de este sistema. Dijo que la participación ciudadana tiene que ser el eje vertebrador de la cultura.
Mientras que el legislador Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, resaltó la importancia del proyecto que amplía el abanico de beneficiarios a sectores que no eran visibilizados y que tienen derecho como ecuatorianos. Precisó que el arte y la cultura deben contar con los recursos necesarios para su desarrollo sostenible, por ello, se establecen los mecanismos para lograr los fondos pertinentes para el desarrollo de la cultura.
Mencionó que el Ministerio de Educación debe ser el ente rector que promueva el fomento de la lectura a través de concursos a nivel primario, medio y básico como el libro leído; además que en la normativa se precise a qué entidad pertenecerán las bibliotecas populares comunitarias. Se desconoce si deben ser parte del Ministerio de Educación o del Ministerio de Cultura. Propuso que en una transitoria de determine que en el plazo de 120 días los gobiernos autónomos descentralizados pasen a administrarlas.
Mientras que el legislador Esteban Melo solicitó que en el artículo 10 del proyecto se tome en cuenta a la comunidad migrante con todos los derechos, así como el impulso de política pública en su beneficio. Señaló la necesidad de habilitar una casa de la cultura en el exterior, con rectoría de la Cancillería.
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