Al instalar la audiencia pública provincial del proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, en Portoviejo, provincia de Manabí, el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, dijo que la normativa define políticas públicas por parte del Estado para la conservación de las semillas nativas, que deben ser de libre circulación, intercambio y comercialización.
Enfatizó que la parte estatal debe apoyar a las organizaciones y comunas, con permanentes procesos de investigación, a fin de promover el desarrollo de la semilla campesina, tras indicar que la propuesta se debate en la Asamblea Nacional desde el 2012 y ahora está en plena construcción.
La consulta prelegislativa, en cumplimiento del mandato constitucional, permitirá enriquecer la ley con la participación de comunas, comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatoriano y montubio, organizaciones sociales, universitarios, profesionales y la ciudadanía, en función de establecer las buenas prácticas productivas. La Constitución prohíbe el uso de semillas transgénicas para el cultivo, aseveró.
Alrededor de 200 personas acudieron al evento, representantes de la Federación de Organizaciones Campesinas de Manabí, de la Universidad San Gregorio, de las comunas Higuerón y El Limón, de la Asociación Agropecuaria, de los cantones Flavio Alfaro, El Carmen, Jaramijó, Montecristi, Paján, de la Asociación Montubia, de la Intendencia, del Magap, del Consejo Nacional Electoral, de la Gobernación, entre otros. Más de 25 ciudadanos hicieron escuchar su voz, criterios y presentaron aportes en torno a la propuesta.
La asambleísta Rosa Elvira Muñoz, precisó que, hoy por hoy, la característica de la Asamblea, a través de sus autoridades y las comisiones, es trabajar en territorio, consultando a la gente, a los agricultores y productores para definir las leyes de interés nacional.
Indicó que para la consulta en Manabí se inscribieron seis organizaciones locales y cuatro provinciales, con las cuales se logró un consenso del 83.3% sobre los temas sustantivos, al destacar el rol de la mujer campesina en la custodia de las semillas ancestrales.
Robert Mora, de la Asociación de Producción Agrícola de Mejía, pidió implementar estudios de proyectos de costos de producción y de mercado, consultando a la gente del campo, para conocer, a cabalidad, el valor de real para sacar una hectárea de arroz, cebolla, maíz, etc.
Juvenal Quijije manifestó que la semilla tiene que ser considerada como patrimonio nacional y derecho natural de los pueblos, para efectivizar una alimentación sana, orgánica y sin químicos que son altamente contaminantes.
Sandra Moreira sostuvo que el Estado, a través del Magap, debería establecer la entrega de kits con abono orgánico y semillas nativas, ya no más químicos para la labor del campesinado.
Fausto Alcívar habló de garantizar el acceso a los beneficios de las políticas públicas del Magap sobre las semillas nativas y certificadas, que posibilite el seguro agrícola. Es fundamental discutir cómo expandir la frontera agrícola con buenas condiciones de riego, dijo.
Nancy Párraga, de la Comuna de Copetón, alertó que el suelo se está desgastando por tantos químicos, por lo que hay que tomar en serio la activación de insumos o abonos orgánicos para una alimentacón sana al pueblo, mientras que Carlos Muñoz sugirió tener mucho cuidado con los acuerdos comerciales a nivel internacional que podrían determinar el ingreso de semillas transgénicas.
Luis Barreto expresó que la ley debería asegurar la calidad de la producción, el cuidado del suelo y ambiente, además de ofrecer una clara cadena de comercialización y proteger la semilla nativa.
José Uchuari, de la Asociación de Productores de Cebolla, solicitó que las casas comerciales que entreguen semillas sean previamente probadas en su gestión para cumplir esa tarea, al rechazar el contrabando de cebolla paiteña desde Perú, pues ha causado graves perjuicios económicos a la gente inmersa en la producción nacional.
MG/pv
