Este jueves 24 de noviembre, a las 09:30, los asambleístas retomarán la sesión 418 del Pleno, para proseguir el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Notarial y analizar un proyecto de resolución sobre hechos de biopiratería, según la convocatoria de la presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira.
El proyecto de Ley, reforma ocho numerales del artículo 18 de la Ley Notarial sobre las atribuciones y competencias de los notarios. Una de ellas tiene que ver con la disolución de uniones de hecho. Con la norma actual solo podían hacerlo en el caso de divorcios, cuando sean de mutuo acuerdo y no haya hijos de por medio. Las mismas condiciones se aplicarán para el primer caso. La asambleísta Marisol Peñafiel aclaró que este proceso también lo puede llevar el Registro Civil, según la Ley de Gestión de Identidad.
El segundo debate de estas reformas inició el pasado 15 de noviembre. Allí legisladores de diferentes posiciones políticas expresaron su acuerdo para que se reforme la Ley Notarial. Con el documento se pretende mejorar la atención a la ciudadanía. Se adecuan algunas disposiciones que tienen los notarios y se incorporan otras. Ahora podrán disolver uniones de hecho e inscribir contratos de arrendamiento.
Para estos casos también se reducen los tiempos para la instalación de la audiencia, que ahora es de 60 días y se propone que no sea en un término mayor a 10 días. Marisol Peñafiel propuso que se cambie por “plazo”, es decir 10 días calendario, a fin de que se garantice los principios de eficiencia, celeridad y economía procesal. En estas disoluciones Miguel Moreta sugirió que los dos involucradas puedan contar con un abogado patrocinador.
La certificación de documentos fue otro de los temas que observaron los legisladores. Luis Fernando Torres pidió que se mantenga la propuesta original para que los notarios den fe de la existencia o no de información electrónica, más no de la autenticidad o exactitud de la misma.
Biopiratería
Los parlamentarios analizará, además, un proyecto de resolución sobre hechos de Biopiratería y Patentamiento no autorizado del Patrimonio Natural y Biológico del Ecuador, propuesto por la asambleísta Ximena Ponce León, vicepresidenta de la Comisión de Educación.
El propósito es acoger y difundir en los parlamentos regionales el contenido del informe sobre biopiratería presentado por la Secretaría Nacional de Educación Superior y el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, ya que tanto el patrimonio biológico y genético y sus derivados, los conocimientos tradicionales del Ecuador, así como sus componentes intangibles asociados, saberes y conocimientos ancestrales, se han visto afectados con el patentamiento fuera de los parámetros constitucionales, tratados y convenios internacionales, normas de la Comunidad Andina de Naciones y demás instrumentos de protección del patrimonio tangible e intangible de los Estados.
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